El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, ha afeado que la alcaldesa Noelia Arroyo también dejará a familias con niños en la calle si cumple las directrices de Vox y retira a Accem el uso de la antigua residencia de la calle Caballero para acoger a refugiados. «En la residencia siguen habiendo familias con niños y sin niños, algunas de origen ucraniano, que se van a ver sin un techo porque Arroyo está comprando el discurso xenófobo de Vox», ha argumentado el portavoz.
En este sentido, Torres solicitará este viernes, en el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, que la cesión a Accem de estas instalaciones se prorrogue para seguir atendiendo a los refugiados, en lugar de revocar la utilización, para evitar los problemas que ello podría acarrear. «Hay refugiados ucranianos, como en un principio, y refugiados de otros países. En total, cerca de 50 personas que necesitan ayuda que el Ayuntamiento de Cartagena no debe negarles por 4 votos para que el PP se mantenga en el Gobierno», ha insistido Torres.
Los socialistas ya han denunciado con anterioridad que el discurso xenófobo de Vox puede ser problemático y que está calando cada vez más en el Partido Popular y en los gobiernos en los que conviven, con «consecuencias nefastas para la ciudadanía». «Una de esas consecuencias nefastas será el cierre de esta residencia si PP y Vox siguen apoyándolo», ha sentenciado.
Vox, reprimido por la Diócesis de Cartagena
En este sentido, la Diócesis de Cartagena se mostró muy crítica el pasado mes de septiembre contra el Partido Popular y Vox por sus declaraciones sobre la llegada de inmigrantes a la Región de Murcia. En concreto, fue la Delegación de Migraciones de esta institución católica a través de un comunicado la que se refirió a la comparecencia de José Ángel Antelo, líder ultra en la región, del pasado 6 de septiembre a las puertas de un centro de alojamiento de una ONG en San Pedro del Pinatar, y a la intervención de diputados y senadores populares el 9 de septiembre en el Congreso.
Así, la delegación liderada por el obispo José Manuel Lorca Planes condenó «enérgicamente y con mucho dolor» las manifestaciones públicas de estos representantes de la derecha española, a quienes le acusó de criminalizar a los migrantes con un discurso «plagado de calumnias, engaños y medias verdades«. De hecho, alertaron de la «amenaza» que estas palabras suponen en la sociedad y que «únicamente responden a exacerbar el miedo y el racismo más cruel».
«Condenamos y rechazamos cualquier palabra o acción que esté dirigida a la discriminación de cualquier persona, principalmente de aquellas que pertenecen a los grupos más vulnerables«, criticaron en su nota, en la que hicieron referencia también al Informe Anual 2023 sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas que realiza el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) del Ministerio.
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