No hubo «apagón informativo», como intentó sacudirse de responsabilidad el president Carlos Mazón. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitieron el día de la DANA los avisos pertinentes y a tiempo y siempre se pusieron «a disposición del mando único de la emergencia», la Generalitat Valenciana. Avisaron del «riesgo extremo» por lluvias torrenciales, de las crecidas que ya se registraban en la mañana del 29 de octubre, del riesgo de rotura de la presa de Forata, del rápido aumento del caudal en el barranco del Poyo. Los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emitieron la información «tal y como era su deber», «actuaron con arreglo al protocolo, a la norma».
Era la línea argumental básica expuesta por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante su esperada comparecencia en el pleno del Congreso, que operaba como un examen previo al presumible desbloqueo definitivo de su ratificación como vicepresidenta ejecutiva de Transición Justa, Limpia y Competitiva y comisaria de Competencia de la Unión Europea. Porque los populares exigían que Ribera diera cuentas de su gestión de la DANA ante los diputados españoles —y por la tarde ante los senadores— como condición previa a su confirmación como mano derecha de Ursula von der Leyen.
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