El informe del Ministerio de Sanidad sobre el impacto que tendría la desaparición de MUFACE en la sanidad pública -por el trasvase de 1,5 millones de personas- sitúa a Ceuta y Melilla, como las comunidades que tienen las cifras más elevadas tanto de representación funcionarios que deberían ser integrados en la sanidad pública (más del doble de la media nacional, situada en un incremento del 2,12% en términos globales) como de representación del grupo de edad de mayores de 65 años.
El documento, dado a conocer este lunes y que ha causado un enorme revuelo, considera que «el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable» y plantea una «incorporación paulatina estratificada» de los mutualistas al sistema público en un plazo de nueve meses.
Por grupos
El informe de Sanidad, establece tres grupos de comunidades en función de la composición y proporción de la población a incorporar a sus servicios autonómicos de salud. Las que tienen menor proporción de mutualistas de MUFACE son Baleares, Cataluña, Euskadi y Navarra. Su población mutualista supone menos de un 1,2% del total de la población existente en su sistema público de salud. En términos absolutos, según Sanidad, esta es una cifra similar a la del incremento anual de la población que puede afrontar una comunidad autónoma.
En la mediana de la tabla configurada por el Ministerio, aparecen Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja. En este grupo, la incorporación de los mutualistas supondría incorporar entre un 1,9% (Canarias, La Rioja y Principado de Asturias) y un 2,42% (Castilla-La Mancha) de personas a los respectivos sistemas regionales de salud. En términos generales, la distribución por grupos de edad está en torno a la media nacional en los de 35-64 y mayores de 65 años.
Las peor paradas
Pero si se habla de las comunidades que deberían absorber en sus sistemas públicos a una mayor proporción de mutualistas, el listado lo configuran Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Ceuta y Melilla. Según este informe, en todos los casos, el porcentaje de población mutualista mayor de 65 años respecto a la población mayor de 65 años existente en los respectivos servicios regionales de salud es superior y es Andalucía la región con mayor impacto en la incorporación de este grupo de edad.
Eso sí, el documento establece que tanto Ceuta como Melilla, que en este caso dependen del Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), tienen las cifras más elevadas tanto de representación de la población mutualista de MUFACE con sanidad privada que debería ser integrada en la sanidad pública (más del doble de la media nacional) como de representación del grupo de edad de mayores de 65 años.
Este martes, CSIF CEUTA transmitía «la dejadez» que existe por parte del Ministerio sobre la ciudad autónoma con motivo de una visita de Miguel Borra, presidente nacional del sindicato. Desde Melilla, la misma organización sindical ha alertado que si Muface desaparece, la sanidad pública en la ciudad autónoma colapsará como consecuencia de la incorporación de más de 4.000 personas. «Su desaparición supondría tensionar aún más, hasta el colapso, la ya maltrecha sanidad melillense», apunta el sindicato.
Problemas legales
En la misma línea, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) alertaba el martes sobre «los posibles riesgos e inequidades que podría conllevar el traspaso de la totalidad de los beneficiarios» de MUFACE a la sanidad pública, tal y como se está planteando en estos momentos por parte de Sanidad. Advierte que conllevaría conflictos organizativos, económicos y administrativos.
LA SEMG habla de «sobrecarga» del sistema público lo que podría generar presión en centros de salud, hospitales y listas de espera. Además, considera que la transición implicaría redistribuir personal, infraestructuras y presupuestos e incompatibilidad de sistemas a nivel administrativo: MUFACE y la Seguridad Social operan bajo normativas, procesos y coberturas distintas, señala la sociedad.
Además, apunta a la resistencia de los funcionarios: los beneficiarios de MUFACE valoran «la flexibilidad» de elegir entre la sanidad pública y privada. «La absorción por la Seguridad Social podría interpretarse como una pérdida de derechos adquiridos«, indica la SEMG. Alerta, finalmente, sobre desigualdades autonómicas -la integración podría acentuar las diferencias en la calidad de la atención sanitaria entre comunidades autónomas, subrayan- y conflictos legales con adaptación de la normativa que rige a los funcionarios.
