Marga Prohens asume como una prioridad la exigencia de Vox de que se haga un «estudio exhaustivo» a cada uno de los menores migrantes no acompañados que llegan a Baleares a partir de un estudio dental para determinar su edad. Después de que ayer tanto el PP como sus socios confirmaran el acuerdo, la presidenta del Govern ha defendido hoy en el Parlament esta medida sin ambages: «Hemos de estar completamente seguros de que los menores que acogemos en los centros son menores. Merecen todas las condiciones de dignidad. No quiero ser la responsable de mezclar a estos menores desamparados con personas que no lo sean«.
Durante su intervención en la Cámara balear, la dirigente autonómica ha anunciado que el IB-Salut pondrá esta prueba «de manera automática» a disposición de Fiscalía y «de las personas que nos lo reclamen» al considera que supone «garantías para los menores de los centros».
La presidenta del Govern también insiste en que «no me quedaré con los brazos cruzados» mientras observa un «crecimiento exponencial» de la inmigración irregular en las islas «hasta convertir esta tierra en el drama humanitario que tiene Canarias». Tampoco se «girará hacia otro lado» a la hora de asumir que se ha «consolidado» una ruta migratoria entre Argelia y Baleares: «Los consells insulares nos piden poder gestionar los centros de menores con todas las garantías de dignidad y rigurosidad para saber que son menores, y también con los espacios públicos que se necesitan en esta isla por parte del Gobierno».
Los populares se han comprometido a dar su apoyo a la propuesta de la formación de Santiago Abascal para la implementación de «pruebas periciales exhaustivas» destinadas a la determinación de la edad de los «supuestos» menores migrantes con el objetivo de «establecer un protocolo unificado para verificar la edad de estos jóvenes y evitar posibles fraudes relacionados con su identificación como menores».
Esta decisión provocó que ayer el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, acusara al Partido Popular y Vox de «utilizar» a los menores migrantes no acompañados para «asegurar o justificar apoyos políticos a los presupuestos» y recordara que la aplicación de técnicas médicas para determinar la minoría de edad de una persona migrante es un procedimiento que depende de la instrucción del Ministerio Fiscal y que se reserva «única y exclusivamente» para aquellos casos en los que sea necesario certificar este aspecto y no exista otra vía documental.
Además, Rodríguez Badal asegura que el protocolo contempla pruebas «mínimamente invasivas y proporcionadas, que deben respetar la integridad de la persona», tal y como establece la normativa en materia de protección jurídica de los menores. En ningún caso se podrá imponer la realización de las mismas en contra de la voluntad del menor, insisten desde el Gobierno.
