La petición realizada al Registro Civil Único de Madrid por el juez Juan Carlos Peinado para obtener el «certificado literal de matrimonio con sus anotaciones marginales» de la esposa del presidente del Gobierno parece apuntar, según expertos juristas consultados por este diario, a un interés del instructor por analizar el patrimonio de la pareja integrada por Pedro Sánchez y Begoña Gómez en aras a fundamentar la causa en la que se investigan, entre otros, presuntos delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida.
Así se deduce de la solicitud realizada por el juez, en la que además de interesarse por la partida de matrimonio Peinado se dirige al Punto Neutro Judicial para conocer la numeración de las cuentas corrientes en las que Gómez figure como titular. El resultado podría dar lugar, tal y como solicitó hace meses una de las acusaciones populares –la ejercida por Hazte Oír– al encargo a la Guardia Civil de un nuevo informe dirigido a analizar los movimientos bancarios a nombre de la esposa del presidente del Gobierno, en búsqueda de un presunto beneficio económico con origen en sus gestiones con las empresas recomendadas desde la cátedra que dirige en la Universidad Complutense de Madrid y que resultaron favorecidas en concursos públicos.
Es decir, se han acordado diligencias que parecen indagar en el patrimonio de Gómez y de su marido y si hubo enriquecimiento derivado de la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno que pueda considerarse como ilícito. Las fuentes consultadas subrayan la importancia de que se haya solicitado expresamente conocer las «anotaciones marginales» del certificado matrimonial, lo que parece ir dirigido a conocer si el régimen de la unión matrimonial lo es en gananciales o en separación de bienes.
En este supuesto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 podría estar pinchando en hueso: el presidente declaró que está casado en régimen de separación de bienes en su última declaración al Congreso al iniciarse la última legislatura, tal y como puede comprobarse en la web de la Cámara Baja y en la misma situación se encontraba en anteriores legislaturas.
Apuntalar el tráfico de influencias
Otras fuentes jurídicas consultadas apuntan a la posibilidad de que el juez Peinado, al reclamar el certificado de matrimonio de la pareja, esté tratando de apuntalar un posible delito de tráfico de influencias, en el que el funcionario responsable del mismo sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se habría beneficiado, además, de los ingresos de su esposa, Begoña Gómez.
Precisamente, en la providencia de 19 de julio con la que citaba como testigo a Pedro Sánchez, Peinado se refería a que «la jurisprudencia contempla la modalidad del tráfico de influencias en cadena”, en alusión a los casos en los que este delito se ejecuta de manera indirecta, es decir, cuando la influencia se ejerce sobre un funcionario para que a su vez este convenza a otro de que debe dictar una resolución. Y justificaba la comparecencia del presidente ante «la necesidad de investigar la posible concurrencia del elemento normativo de la influencia, así como la posible relación de la persona investigada con una autoridad».
Instituto de Empresa
Este delito es uno de los cuatro que ya investiga el instructor que, en todo momento, ha contado con el apoyo de la Audiencia Provincial de Madrid que ha reclamado a Peinado que analice todos los indicios existentes en la causa.
En el punto de mira estaría lo obtenido por Begoña Gómez tanto en la cátedra de la Complutense como por su paso por el África Center del Instituto de Empresa, uno de cuyos directivos, el exconsejero del PP en Madrid Juan José Güemes, ha sido además imputado pese a negar haber sido el responsable del fichaje de Gómez por parte de este prestigioso centro educativo.
En la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa se indicaba que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center» y que este acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la esposa del presidente del Gobierno y su equipo.
Pese a que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez dejar fuera de su investigación todo lo relativo al rescate millonario de la compañía aérea de Globalia –Air Europa– en plena pandemia de covid, el magistrado continúa adelante con sus pesquisas sobre las responsabilidades que Gómez ocupó en el Instituto de Empresa.
