A uno de los abogados que este lunes comparecía en la Audiencia Nacional se le ha ocurrido pedir al juez que preside el tribunal, Alfonso Guevara, un calendario para poder organizarse todos estos meses que le esperan de macrojuicio con 46 personas en el banquillo, entre ellas el abogado Gonzalo Boye, para dirimir una organización de narcotráfico de José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’.
Guevara: «Llevamos hora y media de juicio y no hemos empezado ¿Qué calendario se puede hacer?», preguntó retórico el juez mirando el reloj cuando solo había escuchado a decenas de abogados pidiendo la suspensión del juicio en las cuestiones previas.
Abogado: «Bueno, protesto, señoría…»
Guevara: «Yo me puedo reservar cuatro meses de calendario para este juicio, pero no sé si mañana me atropella un coche, o si se pone enfermo un letrado, o la madre del letrado, o el suegro… que ahora es así»
A pesar del sopor de las primeras horas, el juez logró controlar las cuestiones que preceden al inicio del juicio. Ni posibilidad de que los acusados con «situaciones particulares en casa» se ausentaran, ni posibilidad de que estuvieran por videoconferencia. «Evidentemente no», sentenció el togado. Sólo otorgó esta dispensa a Manuel González Rubio, uno de los principales investigados, y que según un perito tenía gran dificultad para llegar hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando (Madrid).
El primero en declarar en esta sesión ha sido un inspector jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional que ha explicado cómo comenzó la investigación al ver que Sito Miñanco salía de la cárcel en tercer grado en Algeciras (Cádiz). «Empezamos a hacer comprobaciones y se pudo verificar que había movimientos y hechos que por sí mismo no tenían importancia, pero todos ellos unidos quería a decir que estaban volviendo a trabajar».
La operación que está bajo el foco, llamada ‘Operación Sito’, consistía en introducir 4 toneladas de cocaína en España. Los agentes vieron que los sospechosos tenían relación con un ciudadano búlgaro que tenía un historial completo de robos y extorsiones y con relación en Bogotá. Comenzaron las vigilancias y las escuchas. «Ninguno estaba haciendo una actividad laboral legal aparente. Usaban una cantidad de coches que no es usual, además los intercambiaban entre ellos», ha relatado.
La estructura, según este agente que se encargó de coordinar a los distintos delegados de Udyco, estaba formada, en la parte superior de la pirámide, por Miñanco, seguido por Luis Enrique García Arango, su lugarteniente, y Juan Antonio Fernández Fernández. Además, de su máxima confianza había más hombres: David Pérez Lago, Bruno Casado (colaborador en Málaga para el dinero), Puente Saavedra, etc.
El capo gallego tenía redes en Galicia, a pesar de que tenía prohibido pisar ese suelo, en Málaga, donde estaba el epicentro de la red, y en Colombia, lugar al que mandaban a sus hombres para hacer negocios. Entre esos «correos humanos» estaba, precisamente González Rubio. El jefe de la Udyco ha descrito la organización de Miñanco como «muy poderosa» porque le gustaba tenerlo todo controlado. «Hacen lanchas, manejan expertos en telecomunicaciones, intercambios de coches…», ha detallado.
Lo de los vehículos, de hecho, «si me permite usted, era una feria», ha aclarado. Ningún coche estaba a nombre del narcotraficante y cogían todo tipo de autos de un sitio a otro como maniobra de evasión de los policías. En las entradas y registros de uno de los investigados encontraron, además, un listado de matrículas que ellos habían hecho para evitar seguimientos, diferenciadas por cuerpos Aduanas, Guardia Civil y Policía.
«Un gran líder», un «hombre tenaz», «responsable» y de «voluntad inquebrantable». Así se ha referido el inspector jefe a Miñanco porque incluso cuando pierden un cargamento de droga en alta mar sigue trabajando sin descanso. «Son gente que no va a ver usted de fiesta o de copas, ya estaba hablando de hacer otras operaciones», ha dicho.
La actuación de Boye
Sobre la actuación del letrado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha tratado poco en esta sesión. Él está procesado por un delito de blanqueo de capitales por la presunta participación en un operativo para recuperar los 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas en febrero de 2017. Este fue el inicio de las pesquisas, después de que los agentes llevaran meses detrás del clan para atar algún indicio sólido.
«La persona que dirigía cómo justificar los pagos era el señor Boye», ha descrito el agente de la Udyco. Este transporte de dinero, que iba oculto en una maleta para llevarlo a Colombia, provocó que los narcos contactaran con Boye y con Jesús Morán Castro para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero. El fiscal solicita para él nueve años y nueve meses de prisión más una multa de 2,7 millones de euros por delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.
A su salida de la Audiencia Nacional, Boye ha sostenido que esta «acusado por hacer mi trabajo como abogado» y ha cargado contra la Fiscalía Antidroga que permitió que se le intervinieran todas sus conversaciones entre abogado y cliente. «Estamos ante una acusación totalmente especulativa», ha apuntalado.
La defensa del letrado aportó la pasada semana los registros migratorios oficiales emitidos por Colombia que, según su versión, demuestran que la reunión entre Boye, Miñanco y González Rubio (a la que alude el escrito de acusación de la Fiscalía) nunca pudo producirse porque en esas fechas González Rubio estaba en Colombia. Aseguran, asimismo, que un informe anterior contrapericial al de la Udyco evidenció que Miñanco tampoco pudo estar en ese lugar porque la geolocalización de su móvil lo posiciona en Algeciras y Marbella. Esta prueba ha sido admitida por el tribunal. El juicio continuará mañana a partir de las 10 de la mañana.
