Permitir la construcción de viviendas, equipamientos o zonas comerciales en zonas inundables es un error histórico de las políticas desarrollistas sin argumentos a favor.
Resulta vergonzoso tener que repetirlo después de las brutales consecuencias humanas y materiales de la DANA en Valencia. Y el Govern de Marga Prohens así pareció entenderlo de forma rápida y muy clara al anunciar hace una semana su intención de dar marcha atrás y recuperar el veto a las nuevas edificaciones en estas zonas de riesgo, que el mismo Ejecutivo del PP había derogado el pasado mayo. Lo que significaba, de entrada, poder edificar en 449 parcelas inundables de Mallorca: 287 en Campos, 98 en Palma y 64 en sa Pobla, según detalló el grupo ecologista Terraferida.
Mapa de las zonas inundables de Mallorca / DM
La medida política del PP parecía muy razonable, una corrección oportuna que la tragedia de Valencia exigía también en Baleares por parte de un gobierno responsable. Y así fue entendida en un primer momento de forma general. Pero casi inmediatamente han ido surgiendo las excepciones, como si el riesgo potencial de estas zonas inundables ante una DANA torrencial también se modulara según la legislación urbanística. La principal de ellas, la posibilidad de legalizar las construcciones fuera de ordenación levantadas en el pasado, a cambio de obligar al propietario infractor a realizar unas obras adicionales o a reflejar en la escritura de la vivienda el peligro potencial para sus propietarios
En definitiva, obstáculos todos ellos que van quitando valor a la medida correctora en su letra pequeña. Y que la reducen a un maquillaje político . Lamentables titubeos y falta de decisión política en momentos en que la ciudadanía exige imponer el interés general y hacer caso a los expertos, aunque sea molestando a una minoría que busca la revalorización de las propiedades que levantaron saltándose la ley.
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