Un 38% de los mutualistas de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) está jubilado. El sistema de protección para funcionarios da cobertura a 405.858 trabajadores públicos retirados frente a 660.041 que están en activo. Entre ambos, suman un total de 1.065.899 mutualistas. Si a ellos se añaden los 434.409 beneficiarios (familiares de los funcionarios), el colectivo total de Muface alcanza los 1,53 millones de asegurados.
Así lo recoge la última memoria del organismo público correspondiente al ejercicio 2023. Si el análisis se remonta a hace diez años, en 2013 los jubilados cubiertos por Muface tenían un peso menor sobre el colectivo (27,84%), y eran 137.595 personas menos que ahora. Los que estaban en activo por aquel entonces (651.017) apenas difieren de la cifra actual.
La edad media del colectivo en 2023 ha sido de 47 años. Aunque esa cifra sale de cruzar la edad media de las personas titulares (57 años) con la de las beneficiarias (21 años). Y la incertidumbre crece entre los asegurados ante la negativa de las compañías privadas a participar en el concurso público diseñado por el Gobierno para renovar el concierto.
El ministerio para la Función Pública que dirige Óscar López trabaja ahora en el diseño de una nueva licitación tras no haber conseguido atraer el interés ni siquiera las que actualmente prestan en el servicio (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV) pese a ofrecer una subida histórica de las primas del 17,12%.
Tras el primer batacazo, desde el organismo deslizan la posibilidad de introducir cambios del modelo. Argumentan que «los nuevos mutualistas se inclinan cada vez más a la pública» y señalan que «es el momento de abrir una reflexión sobre el modelo del mutualismo que se base en tres principios: transparencia, equidad y sostenibilidad».
Una de las bases del modelo es la libre elección de prestador del servicio; si las aseguradoras privadas o la sanidad pública. Las personas mutualistas, y las beneficiarias con documento de afiliación propio, pueden solicitar el cambio de prestador una vez al año.
A cierre de 2023, un 70,26% del total del colectivo nacional asegurado (1.080.360 personas) estaba adscrito a alguna de las tres aseguradoras privadas mientras que el
29,74% (457.307 personas) optó por el sistema sanitario público. Entre las primeras, SegurCaixa Adeslas atiende al 33,08%; Asisa, al 23,67; y DKV, al 13,51%. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (a través de los sistemas regionales de salud) se hace cargo del 29,74% restante. Pero el Ejecutivo estudia un cambio del sistema.
«En esa reflexión podría abordarse la voluntariedad del modelo, que supondría que los empleados públicos ahora cubiertos por el mutualismo puedan elegir estar en el régimen común o en el especial, de una vez y para siempre«, explican las citadas fuentes. «Con ese nuevo escenario sería más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad», añaden. En todo caso, el organismo está a la espera de las conclusiones de un informe encargado por el Gobierno a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que se espera para final de año.
Más allá de eso, desde el organismo lanzan un mensaje de tranquilidad e insisten en que los beneficiarios de Muface «tienen la asistencia sanitaria asegurada hasta el 31 de enero, así que hay plazo suficiente para poner en marcha la segunda licitación». En todo caso, añaden, «hay mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público que garantizan la asistencia en las mismas condiciones hasta que el concierto vencido sea remplazado por otro». Aunque no lo manifiestan, esto podría pasar por forzar una prórroga obligatoria a los actuales prestatarios del servicio.
Del lado de Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró el jueves que la sanidad pública está «eventualmente preparada» para absorber al millón y medio de funcionarios de Muface. Subrayó además que incluso recibirían una atención «mejor» al poder disponer de uno de sus servicios más robustos: la Atención Primaria.
Su departamento está preparando un estudio del eventual impacto que tendría el traspaso de los asegurados y beneficiarios de Muface a la sanidad pública, pues el impacto en algunas Comunidades autónomas podría diferir en función de las capacidades y circunstancias de cada uno de los servicios regionales de salud. En todo caso, si los funcionarios jubilados quisieran optar por un seguro médico privado, las condiciones de la aseguradoras suelen ser más duras que para pacientes de menor edad.
Asisa y Adeslas sí se presentaron al concurso para dar cobertura al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), que tienen cerca de 560.000 mutualistas, y para la Mutualidad General Judicial (Mugeju), que atiende a unos 92.000 funcionarios del ámbito judicial.
