El problema de la vivienda sí tiene solución, pero no a corto plazo. España necesita invertir anualmente 8.900 millones de euros para promover alrededor de 84.000 viviendas sociales y asequibles, además de proporcionar ayudas a la adquisición de casas, medida que permitiría en un plazo de 20 años solventar la problemática existente de acceso, previo desembolso de 178.000 millones, la cual se concentra principalmente en las grandes ciudades del país.
Según el informe ‘Libro Blanco de Vivienda Asequible’, elaborado por Culmia, el problema de acceso a la vivienda se podría solventar a través de tres políticas: la construcción de vivienda pública, cuyo destino son las clases más bajas, con serios problemas para acceder a un inmueble en compra o alquiler; la promoción en régimen de colaboración público-privada, cuyos inquilinos serían clases con capacidad financiera que han sido excluidas del mercado por la rápida subida de los precios; y la implantación de ayudas a la compra, políticas que favorecen la adquisición de un inmueble a aquellos que no disponen del ahorro suficiente, aunque sí la capacidad de pago.
Teniendo en cuenta las estadísticas del INE y el portal Idealista, en España hay 1,8 millones de hogares que viven en alquiler, de los cuales más del 75% se encuentran en situación de ‘sobreesfuerzo’, es decir, destinan más del 30% de sus ingresas al pago de la renta, cuyo fin está en manos del sector público.
Promoción de vivienda social y asequible
Promover 442.000 viviendas sociales en España —actualmente existen alrededor de 300.000 públicas—, costaría 61.000 millones de euros, una cuantía alta en proporción con el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que en 2023 ascendió hasta los 3.477 millones de euros, según datos de Provivienda. Sin embargo, si esto se prorratea en veinte años, la cuantía asciende a poco más de 3.000 millones al año, cifra que el Estado podría reducir aún más financiando promoción con banca tradicional. Según el informe mencionado, se requerirían únicamente 1.250 millones anualmente durante veinte años para ponerlas en marcha.
Por otro lado, en el caso de la vivienda asequible, aquella que se promueve a través de colaboración público-privada, el esfuerzo económico requerido al Estado es menor porque, al ser rentable desde el punto de vista económico, parte del capital requerido lo aportan inversores. Con 1.200 millones de euros al año, una cuantía similar a la que la requerida para la vivienda social, se podrían desarrollar 38.000 inmuebles. Esto implica que pasados veinte años, las arcas públicos habrían destinado 24.000 millones y habría podido promover 761.000 viviendas.
Ayudas a la compra
Los avales son el otro complemento para garantizar el acceso. Estos están destinados a personas con capacidad financiera para adquirir una vivienda, pero que no disponen del ahorro requerido, aproximadamente entre el 25% y el 30% del coste total. Avalar ese porcentaje permite resolver el problema sin un exceso desembolso de la administración. Con solo 385 millones al año, equivalente a 8.000 millones durante veinte, se puede garantizar la compra de una vivienda por parte de 486.000 hogares.
Esfuerzo concentrado en zonas
La mayor parte del capital conviene destinarlo en provincias muy concretas, que son aquellas donde se concentra el problema de acceso a la vivienda. Las principales son Madrid y Barcelona, que requieren 38.000 y 40.000 millones de euros, respectivamente, que permitirían el impulso de 249.000 y 265.000 inmuebles, respectivamente. Menos necesitan otras como Málaga y Valencia, en las que son 8.000 y 7.000 millones de euros, se puede garantizar el acceso a 56.000 y 47.000 hogares, según el informe mencionado.
