Bruselas tiene el taxímetro en marcha. O se traspone el impuesto mínimo a las multinacionales o habrá consecuencias. Todo pende de un hilo, en uno de los escenarios más convulsos para el Gobierno, que quiere engrasar una reforma fiscal que ha sembrado la semilla de la discordia entre sus socios. A izquierda y a derecha, el bloque de la investidura se ha polarizado. El impuesto a banca y energéticas ha descosido las costuras de la alianza, llevando a los grupos que la conforman a una trinchera política que conduce al Gobierno a un callejón sin salida. Entre los socios lo tienen claro, el PSOE “tiene que mojarse y elegir” y, aunque hay quien insiste en que todos deben asumir al menos una derrota, las perspectivas no son nada halagüeñas: “Pinta mal”.
La comisión de Hacienda sufrió el jueves su segundo aplazamiento en menos de cinco días. Las posiciones son graníticas y el gravamen a la banca y a las energéticas, vigente hasta el 31 de diciembre, es el principal -y por ahora insalvable- punto de fricción. Por un lado, los grupos de izquierda se resisten a entregar la cuchara y plantan batalla para hacer permanente el impuesto de la discordia. O como mínimo ampliarlo otros seis meses mientras se negocia. Su argumento parte de que las empresas de estos sectores han cosechado unos beneficios extraordinarios fuera de lo habitual y ahora es el momento de redistribuirlos entre la ciudadanía, máxime en un momento como el actual en el que Valencia trata de superar aún la DANA.
Sobre este argumento orbitan las principales fuerzas de izquierdas. Tanto ERC, como EH Bildu, como Podemos y Sumar subrayan la importancia de extender los gravámenes. Voces de este sector creen que sería “difícil de justificar” que un Gobierno de izquierdas dejase caer sendos tipos impositivos en un escenario de grandes beneficios para estas empresas. “Han tenido aún más de lo esperado. Hablamos de mucho dinero”, precisan a este periódico fuentes del ala independentista de la izquierda.
Obligados a escoger
Reconocen la difícil disyuntiva en la que se mueve el Gobierno, especialmente el Partido Socialista, pero creen que están obligados a escoger. Los números son los que son y así lo asumen todos. Desde el principio aceptaron que ya no había margen para una geometría variable similar a la de la pasada legislatura. En este cuatrienio, todo se apretaría aún más y así está ocurriendo. Por este motivo, desde los corpúsculos progresistas de la alianza de investidura instan al PSOE a elegir el camino. “No puede ser que una formación política no se moje ni en la ducha”, afean fuentes parlamentarias consultadas por este periódico.
Las mismas voces urgen a que la “izquierda haga de izquierda” y sea granítica con sus ideales. También con sus votantes. Pero al mismo tiempo, insisten, tiene que asumir que “es imposible” contentar a todas las partes en un asunto tan ideologizado como el debate impositivo. Así, llaman a los grupos progresistas a “defender los intereses” de su electorado ante un escenario de avance de la derecha y la ultraderecha. Antes de la herida, ponerse le venda, básicamente. “Ya sabemos cómo va el eterno retorno”, deslizan.
Así, mientras las izquierdas pelean por mantenerlo y convertirlo en un gravamen estructural, en la derecha nacionalista se toma el camino contrario; con matices, eso sí. Si bien Junts ha manifestado su oposición frontal al mantenimiento de dichos impuestos, el PNV se muestra algo más flexible. En este caso, sus máximos se sitúan en la transferencia de estos tipos al concierto vasco. No obstante, jeltzales y neoconvergentes escenifican su rechazo al fin del régimen fiscal especial para las socimis o la supresión de la exención del IVA a seguros sanitarios, privados y a las viviendas turísticas.
Voluntad política
Entre los mismos socios, a pesar de las férreas posiciones, se han sugerido otros caminos para que, al menos, no decaiga el paquete en su conjunto. Es decir, que el proyecto de ley que traspone el impuesto mínimo a las multinacionales salga adelante para sortear las posibles sanciones de una Unión Europea que ha dejado en el filo de la navaja el quinto pago de los fondos europeos. Suspensión que alimenta la tensión en una negociación que continúa envuelta en un grueso manto de “discreción”.
El Partido Popular puso sus votos sobre la mesa para validar la trasposición europea, pero el movimiento táctico conservador ahuyentó a los socialistas que, ante la posibilidad de que decayeran el resto de enmiendas, aplazó al lunes la comisión. Esta vía también cuenta con el beneplácito del PNV. Tanto en público como en privado, representantes jeltzales se muestran favorables a esta solución. Luego, todo se andará y el resto de reivindicaciones se discutirán toda vez se eludan posibles sanciones de Bruselas.
Pese a ello, entre los nacionalistas vascos creen “difícil” una resolución favorable; un punto en el que convergen con los republicanos. En ERC confirman que los contactos siguen adelante, pero “pintan mal”. La fuerza soberanista, en palabras de su portavoz, Gabriel Rufián, se mostró partidaria a convalidar el proyecto de ley, al tiempo que abogan por “mantener el impuesto” y sacar adelante el resto de enmiendas pasado el tiempo. “Es cuestión de voluntad política”, resumen estas mismas fuentes.
Aitor Esteban, portavoz de los jeltzales en la Carrera de San Jerónimo, apelaba al resto de grupos a que asumiesen que era una negociación en la que “todos nos dejaremos pelos en la gatera”. Desde esta postura, más allá de las batallas por la hegemonía del espacio político concreto, el PNV estaría dispuesto a estudiar un escenario en el que se incluyera en la reforma fiscal la extensión del impuesto a las energéticas.
