Las primeras palabras que pronunció Francina Armengol como presidenta del Congreso fueron un preludio de su apuesta por el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, algo también pactado previamente con ERC. «Bos días, buenos días, egun on, bon dia», dijo. Después, anunció que el catalán, el euskera y el galego se podrían usar en la Cámara Baja en cualquier situación, algo inédito hasta entonces. De aquel compromiso inicial han pasado 15 meses y ahora ya no es raro ver a algunos diputados hablando en las lenguas cooficiales. Para garantizar este nuevo derecho de los parlamentarios el Congreso ha destinado hasta la fecha más de dos millones de euros y, en las próximas semanas, adjudicará un nuevo contrato de hasta 12 millones.
De la noche a la mañana, en el Congreso se pudo hablar en catalán, euskera y galego, además de en castellano. En tiempo récord, PSOE y ERC registraron una reforma del reglamento para habilitar el uso de las tres lenguas tanto en el pleno como en las distintas comisiones. Esto supuso la puesta en marcha inmediata de un sistema temporal para garantizar la traducción y evitar dejar en la indefensión a aquellos diputados que no conocen dichas lenguas. El primer desembolso en medios técnicos (auriculares y petacas) ascendió a 53.669 euros, pero lo más complejo fue la contratación de un grupo de traductores.
El Congreso ha echado mano de los distintos intérpretes que trabajaban en el Senado. Desde entonces y hasta el 30 de septiembre de este año, la Cámara Baja ha pagado 513.804,48 euros bajo el concepto de «interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma». Para ello se han realizado más de 301 contratos a lo largo de estos 15 meses. A esto se suman otros 17.870,93 euros a la «transcripción de las intervenciones realizadas en lenguas españolas, diferentes al castellano» y 907,5 euros que se han pagado en el último trimestre a un coordinador de intérpretes. El montante total en las labores de traducción y transcripción asciende a 532.582,91 euros.
Reformas y contratos a largo plazo
Con la actividad parlamentaria en máximos, debido en parte a las distintas comisiones de investigación, el Congreso se ha encontrado con el problema de que hay varias salas que no están habilitadas para realizar la traducción en directo. Por ello, la Mesa del Congreso ha adjudicado un contrato para el «suministro e instalación del sistema de conferencias de las Salas Constitucional, Cánovas y Sagasta y del equipamiento de interpretación remota y subtitulado en cinco salas». El coste inicial previsto era de dos millones y medio, pero al final se ha adjudicado a la empresa Telesonic S.A. por 1.633.500 euros. Sumado a todo lo anterior se alcanzan los 2.219.751,95 euros.
Además, en las próximas semanas, está previsto que se resuelva la adjudicación de otro contrato para la traducción de lenguas por un máximo de 12,5 millones hasta 2028. La intención es dejar de depender de los intérpretes a los que se les hace contratos individuales y licitar la «traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo» del catalán, galego y euskera con varias empresas. El importe inicial, según el anuncio de licitación, será de casi seis millones de euros, de los cuales 2,6 millones irán al servicio de interpretación, para un servicio de 18 meses. Este contrato podrá ser prorrogado hasta en dos ocasiones.
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