Lo que se trata en las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), constituido para la gestión de la catastrófica DANA en Valencia no se recoge negro sobre blanco, en papel. No existen actas escritas que reflejen, con acuerdo de todos los participantes, los debates y propuestas que han integrado esas reuniones, ni las decisiones cruciales que se han venido tomando desde el día 29 de octubre hasta el momento para la gestión de una de las peores catástrofes en la historia de España. Pero lo que se habla en esos encuentros se graba.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se lo avisó a los asistentes desde la primera reunión con presencia de representantes del Gobierno de España, según fuentes del Gobierno central. El día 31 de octubre, 48 horas después de la tragedia, copresidió la reunión el presidente Pedro Sánchez, quien decidió pedir la integración de seis ministros en ese órgano de coordinación, de forma presencial o telemática.
Los ministerios atañidos en la gestión de la ayuda a la Comunitat Valenciana no disponen de copias de esas grabaciones, que, según estas fuentes, guarda la Generalitat. Las reuniones del CECOPI se celebran en la sede del 112 valenciano y del Centro de Coordinación de Emergencias autonómico, en el término de L’Eliana, en las afueras de Valencia.
En el gobierno valenciano confirman a este diario que «actas de las reuniones no hay». Sobre si las reuniones se graban no se pronuncian con un desmentido o una confirmación acerca de un proceder que las fuentes del Ejecutivo central califican de «cuando menos irregular».
Prueba judicial
Que no exista reflejo escrito formal que se pueda poner a disposición de todos los participantes para consensuar lo que allí se ha tratado y qué ha dicho cada uno es clave de cara a una judicialización de la gestión del desastre. Si en algún momento se instruye una investigación en un juzgado, el juez instructor tendrá que pedir audios y vídeos -si los hubiere- a quien los custodia, que sería parte en el caso, bien como denunciada o bien como acusadora.
Una preocupación por quién guarda y cómo guarda la única prueba de lo que en el CECOPI se ha tratado fue expresada por la parte del Gobierno a la parte de la Generalitat en una de las reuniones que se mantuvieron en momentos críticos tras la DANA, según las mencionadas fuentes gubernamentales.
En ese foro, en el que se han decidido medios materiales, se han expresado necesidades de ayuntamientos y vecinos afectados, se han tratado disposiciones del poder político y movimientos operativos de bomberos, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, ha venido participando una treintena de personas, representantes de consellerías de la Generalitat, bomberos, cuerpos de seguridad, la UME, la Delegación del Gobierno, Interior, Defensa…
Menos gente
Cuando, el pasado día 1, se publicó un papel reflejando un dato falso de 1.900 desaparecidos y que resultaron ser unas notas para el Ayuntamiento de Valencia, el presidente Mazón pidió al comienzo de la siguiente reunión que los asistentes hicieran un esfuerzo de discreción. Se llegó al punto de que por pate de la Generalitat Valenciana se propuso la conveniencia de reducir el aforo para disminuir el riesgo de filtraciones.
La colaboración, pero también el recelo, circulan por el CECOPI, en los encuentros de las distintas administraciones y entidades implicadas en el control de daños de la DANA en Valencia. Las reuniones se han hecho ahora más formales según se atenuaba su urgencia, quedando ahora establecidas en al menos una al día a las nueve de la mañana.
Esas reuniones operativas se siguen celebrando sin perjuicio de otros encuentros de lo que las fuentes consultadas llaman en Madrid «el CECOPI pequeño», encuentros del presidente de la Generalitat y algunos de sus consejeros con ministros y altos cargos del Gobierno de España. No hay constancia de que esas citas también se graben.
Los requisitos básicos para un acta administrativa de reunión consisten en que la redacte un secretario o secretaria de la cita, se recojan los argumentos de las partes que intervienen, se anoten resultados de votaciones si las hubiera y se someta lo redactado a una lectura y aprobación de los intervinientes.
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