El Gobierno laborista del Reino Unido está tratando de impulsar nuevos acuerdos de libre comercio ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer mayores aranceles a las importaciones estadounidenses. Un mensaje que pretende trasladar este jueves la ministra de Economía, Rachel Reeves, en el que será su primer gran discurso ante los principales representantes del sector industrial y financiero en la City de Londres. El Ejecutivo británico quiere acelerar el crecimiento económico con un acercamiento simultáneo a la Unión Europea y a Estados Unidos en materia comercial, pero la posibilidad de lograr un equilibrio entre Bruselas y Washington se presenta complicada.
Reeves ya dejó clara su apuesta por el libre comercio en el presupuesto presentado el pasado octubre, que incluye la publicación de la llamada Estrategia Comercial el próximo año. «Este plan renovará el compromiso del Reino Unido con el comercio libre y abierto, apoyará la estrategia industrial del Gobierno y los objetivos climáticos, y mejorará la seguridad económica», señala el Ministerio de Economía en las cuentas presentadas en la Cámara de los Comunes. El mismo documento destaca la intención del Ejecutivo de «trabajar con la Unión Europea» para identificar las áreas en las que se pueda «fortalecer la cooperación en beneficio mutuo, incluyendo la economía, la energía, la seguridad y la resiliencia».
Difícil equilibrio
El pretendido acercamiento a la UE podría, sin embargo, alejar al Reino Unido de la nueva Administración estadounidense. Unas advertencias que ya lanzó el exembajador británico en Washington Kim Darroch hace apenas unos días. «Creo que Trump impondrá aranceles a todas las importaciones estadounidenses de inmediato y lanzará nuevas exigencias a cambio de levantarlos. Es casi seguro que la UE tomará represalias, mientras que el Reino Unido se enfrentará a una difícil decisión. ¿Igualamos los aranceles de represalia de la UE? ¿O buscamos un acuerdo bilateral, como un tratado de libre comercio?», planteó el diplomático en un artículo publicado en ‘The Observer’.
El primer ministro, Keir Starmer, ha mostrado su voluntad de mantener la «relación especial» con Estados Unidos, a pesar de las marcadas diferencias ideológicas con Trump. El líder republicano se ha mostrado dispuesto a negociar un tratado de libre comercio con el Reino Unido, según han asegurado antiguos altos cargos del Ministerio de Comercio a la prensa británica, pero estas negociaciones supondrían un más que probable distanciamiento con la UE. Las previsibles exigencias de Estados Unidos, entre ellas un acceso libre de los productos del sector agrícola al mercado británico, podrían debilitar la relación entre Londres y Bruselas en un momento en el que Starmer ha mostrado especial interés en fortalecerlas.
Impacto económico
El principal candidato a ocupar el cargo de embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, ha insistido en que el acuerdo con Estados Unidos y el acercamiento a la UE son compatibles, algo que también han defendido los portavoces de Downing Street. «El primer ministro tiene claro que quiere mejorar las relaciones comerciales y de inversión con la UE, con EEUU y, de hecho, con otros socios internacionales. La misión número uno del Gobierno es impulsar el crecimiento económico; para ello, es importante que reforcemos nuestras relaciones comerciales en todo el mundo«, han señalado esta semana.
Por ahora, las amenazas arancelarias de Trump ya están teniendo un impacto en las previsiones económicas del Reino Unido, cuyas exportaciones a Estados Unidos representan un 22% del total –lejos del segundo país, Alemania, con un 7%–. Según el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR, en sus siglas en inglés), una posible guerra comercial con Estados Unidos tendrá un impacto de un 0,7% y del 0,5% del PIB en los dos primeros años de mandato de Trump. Estos pronósticos están provocando inquietud en el Gobierno laborista, desesperado por lograr cuanto antes un crecimiento económico que permita mantener la inversión en los servicios públicos sin añadir nuevas cargas tributarias a las familias.
