«Estamos ante una estrategia de chantaje que pretende utilizar a los funcionarios y generarles alarma para que hagan presión ante el Gobierno y se mantenga un sistema obsoleto. Lo dijo este martes a El Periódico de España Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la situación que atraviesa MUFACE, tras el rechazo de las aseguradoras de presentarse al concierto de asistencia sanitaria para el 2025-2026. Este miércoles, la FADSP vuelve a la carga: «No es aceptable que un gobierno progresista financie mecanismos privados para la atención sanitaria de los funcionarios públicos».
Lo sostiene la entidad en una declaración en la que, como indicaba Martín a este diario, se insiste en que «no es verdad que las aseguradoras estén al borde de la quiebra por las primas que reciben por cada funcionario que deben atender». En 2023, señala la Federación, ganaron 10.500 millones de euros (la contribución del mutualismo administrativo fue del 17%).
«Las aseguradoras están multiplicando sus ganancias gracias a los seguros privados complementarios (que ya ha contratado el 25% de la población) gracias a la política de recortes y desmantelamiento de la Atención Primaria de muchos gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular«, critican.
Sin colapso
Indicen en que «si MUFACE desaparece el sistema sanitario no colapsará, dado que supondría apenas un 2% la demanda» y rechazan que ahorre gasto al sistema sanitario, ya que en su inmensa mayoría atiende a personas jóvenes «que tienen buena salud».
Son las personas de más de 65 años (minoritarias en MUFACE) las que realizan un gasto sanitario mayor (tres veces más que el resto de la población), asegura la FADSP. Por otro lado, se ha demostrado «que las aseguradoras acaban incentivando a las personas con procesos más graves y más costosos a acudir a la sanidad pública».
Lo «inaceptable»
A partir de ahí, la Federación enumera lo que considera «inaceptable». Por ejemplo, que «el Gobierno siga manteniendo un sistema obsoleto, que la Ley General de Sanidad de hace casi 40 años declaró extinguir, y cuyo único objetivo es subvencionar a las grandes aseguradoras privadas con fondos públicos».
O que, desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se «prolongue artificialmente un modelo de atención sanitaria que debería depender del Ministerio de Sanidad». No es «aceptable», añaden que «un gobierno progresista financie mecanismos privados para la atención sanitaria de los funcionarios públicos».
«Si las empresas privadas se hacen con una parte importante de la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos acabarán teniendo una posición de monopolio que les permitirá presionar al Estado (¿dónde está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?), y les facilitará acciones monopolísticas como la fijación de precios desorbitados, etc.», continúa la FADSP que, como ya ha hecho en otras ocasiones, concluye exigiendo «el fin de MUFACE y la integración de los funcionarios públicos en el Régimen General de la Seguridad Social».
