Santander y CriteriaCaixa (el brazo inversor de La Caixa) son los principales accionistas que hay detrás de las inmobiliarias cotizadas -Merlin y Colonial-, ahora en el punto de mira del Gobierno por la reforma fiscal que prepara para los nuevos Presupuestos. PSOE y Sumar anunciaron el lunes un acuerdo para «suspender» el régimen fiscal del que disfrutan hasta ahora este tipo de empresas, mediante el que no pagan impuesto de sociedades si reparten al menos el 80% del dividendo entre sus accionistas.
Tras la fuerte caída de la cotización en la sesión del martes de ambas firmas del Ibex 35, las dos compañías lanzaron este miércoles un aviso a navegantes. Si sale adelante la reforma fiscal pactada por los socios del Gobierno de coalición, no descartan mover su sede social fuera de España, como ya hizo en su día la constructora Ferrovial. Ambas lograron remontar en la sesión de este miércoles, con subidas de un 0,53% y un 1,64%.
Al margen de Santander y Criteria, ambas socimis cuentan con un amplio abanico de accionistas. La posición del primero en Merlin es del 22,26%, mientras que el empresario almeriense Manuel Lao Hernández, fundador del grupo de juego Cirsa, ostenta otro 6,27% a través de la firma Nortia. La gestora estadounidense Blackrock controla un 5,54% adicional del grupo que dirige Ismael Clemente. Precisamente, la entidad que preside Ana Botín acudió a la ampliación de capital junto a Nortia para elevar el capital de la compañía con el objetivo de financiar su apuesta por la inversión en centros de datos.
Por su parte, en Colonial solo supera el 17,32% de Criteria -el grupo presidido por Isidro Fainé- el fondo soberano Qatar Investment, con un 19,02% del capital de la compañía. Además de esos dos, la empresa cuenta con otros siete accionistas relevantes, que aglutinan un 65,8% del capital. El empresario Carlos Fernández González ostenta otro 14,83%; la familia Puig (7,37%); Corporación Financiera Alba, la sociedad controlada por la familia March (5%); Credit Agricole (4,23%); y Blackrock (3,20%).
CriteriaCaixa elevó precisamente en mayo su participación en el accionariado de Colonial tras haber entrado en marzo con un 3%. Se trataba de un ‘regreso’, pues en 2010 llegó a controlar el 12,4% de la inmobiliaria. Este año, el holding de la entidad catalana acudió a una ampliación de capital de 622 millones de euros, aportando 350 millones de liquidez y 272 millones en activos a través de ocho inmuebles de oficinas
y de living en España.
La entidad presumía de haber elevado su participación en una empresa líder en el mercado de oficinas prime en Europa y líder mundial en materia de sostenibilidad. Colonial tiene presencia en las principales zonas de negocio de Barcelona, Madrid y París, con una cartera de oficinas que suma más de 1,5 millones de metros cuadrados.
«En caso de aprobarse la reforma del régimen legal de las Socimis, Colonial reevaluará su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica, y adoptará, en su caso, las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores», explicó este miércoles el presidente de Colonial, Juan José Brugera, en declaraciones a Europa Press.
Unas horas antes, la firma que dirige Clemente aseguraba que «a la vista de las circunstancias, la compañía evalúa en estos momentos distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados». Una declaración de intenciones sobre un posible traslado de la sede social.
Apoyos parlamentarios
La supresión del régimen de estas sociedades se enmarca dentro de un paquete fiscal más amplio, en el que también se pretende transformar en permanente el impuesto a la banca. Aunque las fuerzas del Ejecutivo todavía tienen que conseguir el apoyo de sus socios parlamentarios para llevarlo adelante. Y lo que gusta a unos, molesta a otros. Este jueves se comprobará hasta qué punto la negociación con PNV, ERC y Junts da sus frutos.
Nacidas en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las socimi comenzaron a proliferar años más tarde gracias a un cambio legal impulsado por el entonces ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro. Esto sirvió para atraer inversión, especialmente internacional.
La regulación exige además a las socimis que coticen en un mercado bursátil regulado. Además de Colonial y Merlin, hay otras grandes socimis como Lar o Arima. La capitalización bursátil conjunta de las 116 que cotizaban a cierre de 2023 estaba valorada en 22.894 millones de euros.
