La suspensión cautelar, por parte de la Audiencia Nacional, de la orden del Ministerio de Sanidad que limitaba las operaciones de cirugía estética a los profesionales con formación especializada ha supuesto un enorme varapalo para familias como la de Sara Gómez, que murió el 1 de enero de 2022 por las secuelas de una lipoescultura realizada por un cirujano sin la especialidad. El BOE publicó en septiembre esta orden ministerial que establecía restricciones sobre quiénes pueden realizar cirugías estéticas. Ahora, la familia de Sara, impulsores de la conocida ‘ley Sara’, para luchar contra el intrusismo, se siente abatida. «No nos entra en la cabeza que tratar de poner sentido común, lógica y salvar vidas, iba a costar tanto», se lamenta Rubén, su hermano, a El Periódico de España.
En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima la petición de la Sociedad Española de Cirugía Estética (SECE) que había pedido que se suspendiese la orden de forma cautelar. La Orden SND 1002/2004 estipula que la «unidad asistencial en la que un médico con la especialidad en Cirugía plástica, estética y reparadora u otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica en el ámbito y competencias indicadas en el programa oficial de su especialidad, es responsable de realizar tratamientos quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar».
Los magistrados explican que la normativa aprobada el pasado mes de septiembre viene a modificar el anexo del Real Decreto 1277/2003 que establece las bases generales sobre autorización de centros servicios y establecimientos sanitarios y señalan que el fin de esta orden es impedir o dificultar el ejercicio profesional en la Unidad U-47 a titulados en medicina y cirugía que no sean especialistas, lo que no estaba contemplado en el Real Decreto, pues no contenía previsión alguna sobre competencias profesionales.
Autorización de centros
Desde el Ministerio de Sanidad, indican a este periódico que no conocen el auto de suspensión y será entonces cuando puedan hacer un análisis más detallado, pero muestran «extrañeza» ante la paralización de la norma. El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, tiene entre sus objetivos principales garantizar que esos centros cuentan con los medios técnicos, instalaciones y profesionales adecuados para llevar a cabo sus actividades.
Indica Sanidad que la modificación, en el anexo II del citado Real Decreto, de la definición de la U.47 Cirugía estética, siguiendo el procedimiento establecido en el mismo (a través de una orden Ministerial) responde a diferentes reivindicaciones sociales y sanitarias «que han venido reclamando modificaciones normativas en aras de conseguir un mayor control en el desarrollo de esta actividad asistencial con la garantía de que sea ejercida por profesionales con las competencias y titulaciones adecuadas, evitando así el intrusismo«.
Así se reserva dicha actividad para aquellas especialidades quirúrgicas o médico-quirúrgicas del apartado 1 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, que tengan competencia para ejercer la cirugía estética de acuerdo con el contenido de sus respectivos programas formativos, dando, por tanto, las necesarias garantías a la ciudadanía que acude a dichos centros, abunda este departamento.
Exposición de motivos
El RD 1277/2003 dice literalmente en su exposición de motivos: «… No es propósito de este real decreto ordenar las profesiones sanitarias, ni limitar las actividades de los profesionales, sino sentar las bases para las garantías de seguridad y calidad de la atención sanitaria». Las mismas fuentes indican que es a este enunciado al que precisamente podría haberse acogido la Sociedad Española de Cirugía Estética para pedir que se suspendiese la orden de forma cautelar.
Pero Sanidad, que analiza la cuestión con la Abogacía del Estado, insiste: los programas de formación de las especialidades en Ciencias de la Salud deben especificar los objetivos cualitativos y cuantitativos y las competencias profesionales que ha de cumplir el aspirante al título a lo largo de cada uno de los cursos anuales en que se dividirá el programa formativo. De este modo, los programas formativos de cada especialidad médica incluyen la definición de la especialidad y su campo de actuación.
De ahí la orden ministerial que limitaba a los profesionales que podían realizar este tipo de intervenciones, ahora en suspenso. Una iniciativa muy valorada por los cirujanos plásticos que llevaban mucho tiempo reivindicando poner fin al intrusismo que azota al mercado en un país donde, cada año, se realizan en España unas 200.000 intervenciones. Por eso, desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), se aplaudía de forma entusiasta.
«Un defecto de forma»
Tras haber consultado a los expertos jurídicos de la sociedad, Isabel de Benito, presidenta de la SECPRE, valora para El Periódico de España la suspensión. «Lo que ha sucedido es que lo que el Ministerio pretende legislar lo la hecho vía orden ministerial y esta tiene menos rango jurídico que un Real Decreto, concretamente que el que pretende modificar», explica.
La Sociedad Española de Cirugía Estética, compuesta por médicos que no son cirujanos plásticos, ha pedido que se paralice la ley
La Sociedad Española de Cirugía Estética, compuesta por médicos que no son cirujanos plásticos y que quieren no ser perjudicados por esta modificación, añade la doctora De Benito, ha pedido que se «paralice esta ley porque tiene defectos de forma y la Audiencia Nacional ha considerado que, efectivamente, existen porque se ha aprobado mediante una modificación legislativa de menor rango que el Real Decreto».
Los cirujanos, expectantes
Lo que dice la Audiencia es que, mientras no se corrija, se va a dejar en suspenso la aplicación de la orden, añade la especialista. Los juristas consultados por la SECPRE, abunda, trasladan que lo que se pretende modificar (combatir el intrusismo) «permanece intacto y la Audiencia «no entra a valorar la filosofía de lo que se ha legislado».
Por lo demás, la sociedad que preside, asegura De Benito, esperará a lo que indique el Ministerio al respecto, aunque no le gusta este parón «porque los pacientes pueden volverse a ver perjudicados». «Estamos expectantes y esperando a que el Ministerio se pronuncie y nos ponemos a su disposición«, señala la cirujana plástica.
El dolor de una familia
El pesar por la suspensión de la orden, cómo no, lo comparte Rubén Gómez, hermano de Sara, fallecida en 2022, con 39 años, después de someterse a una cirugía estética en Cartagena (Murcia). «Llevamos tres años luchando. Sentimos decepción y frustración. No nos entra en la cabeza que tratar de poner sentido común, lógica y salvar vidas iba a costar tanto y encima íbamos a tener enfrente a los propios médicos», dice a este diario.
«Los cirujanos estéticos (que no plásticos) optan por llenarse los bolsillos», continúa. Lo prefieren, critica, «a que se reduzca el intrusismo y las negligencias. Hace un mes y medio entrar a un quirófano en España era más seguro, hoy no. Tristemente, gana el corporativismo, el intrusismo y cualquiera puede hacer otra lipoescultura a pesar de no tener la especialidad, formación ni cualificación«, señala. «La propia Ministra se dirigió a nosotros cuando se publicó en el BOE hace mes y medio (la normativa). Ahora somos nosotros quienes nos dirigimos a ella para pedirle, por favor, que siga adelante con la ‘Ley Sara‘», concluye Gómez.
