Los contratos que el Gobierno canario firmó durante la pandemia siguen en el ojo del huracán. Y lo que les queda. El juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado como investigados a los jefes de la trama Ignacio Díaz Tapia, César Moreno García y Javier Serrano Costumero -los autodenominados cuatro mosqueteros junto a Víctor de Aldama (comisionista de la trama)- por su vinculación con los contratos que adjudicó el Ejecutivo canario a la empresa Eurofins Megalab para hacer pruebas de PCR –gratuitas–a los canarios residentes en la Península que quisieron volver a casa la Navidad de 2020.
El foco de la investigación está ahora en los tres acuerdos cerrados con este laboratorio y que costaron a las arcas canarias 5,4 millones de euros. Un negocio en el que, según los informes de la Fiscalía Anticorrupción, también participaron –además de los cuatro jefes– otros socios de Aldama que también están investigados y llamados a declarar como Luis Alberto Escolano Marín. Todos estos empresarios colaboraron con el comisionista «para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero, principalmente Portugal».
Núcleo duro
Hasta ahora el nombre de Megalab siempre se había vinculado a Díaz Tapia, representante de la multinacional en 2020 cuando se cerraron los acuerdos de las PCR con Canarias. Pero el último informe de la Fiscalía vincula también al resto del núcleo duro de Aldama con los negocios turbios que se gestaron en el Archipiélago alrededor de las pruebas de covid. Envolviendo, más si cabe, a la comunidad en los tentáculos de la trama corrupta.
Díaz Tapia llegó a reunirse con el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el despacho de este en el Parlamento de Canarias el 19 de agosto de 2020. Fue Koldo García Izaguirre, el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien pidió dos días antes al líder del Ejecutivo canario que recibiera a los representantes de esta compañía. Abriendo la puerta así a un nuevo negocio a cuenta del covid para asaltar las arcas canarias. El primero fue el de la empresa Soluciones de Gestión, otra de las sociedades de la trama, con la que Canarias cerró varios contratos por valor de 12,3 millones para el suministro de diverso material sanitario.
El propio Torres confirmó el pasado 14 de octubre, más de cuatro años después, que este encuentro se produjo. Y no lo hizo público gracias a su buena memoria, –hasta ese momento el expresidente había negado conocer a los investigados– más bien fue su equipo el que se encargó de completar las lagunas del socialista cuando la reunión salió a la luz en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Debió haber un encuentro en el Parlamento de Canarias, seguramente en el transcurso de algún pleno», confesó Torres, quien también fue el encargado de facilitarle al delegado de Megalab el teléfono del entonces consejero de Sanidad, Blas Trujillo, para concretar la adjudicación.
Pero antes de ese encuentro en la Cámara regional en agosto, la trama corrupta ya había desplegado sus redes con el objetivo de conseguir cerrar acuerdos millonarios no solo con Canarias, también con Baleares. En cinco meses, de julio a diciembre de 2020, Koldo y sus compinches traman una red de influencias y contactos.
Máxima confianza
Así lo confirman los informes que la Guardia Civil ha entregado a la Audiencia Nacional donde aparecen conversaciones entre los cuatro mosqueteros en las que aparece el ministro canario. La puerta la abren Koldo y Torres, y ellos entran. La gestión avanza los meses de agosto y septiembre cuando Díaz Tapia contacta con el viceconsejero de Presidencia de Canaria, Antonio Olivera, hombre de máxima confianza de Torres. «Buenas tardes, Antonio. Soy Ignacio Díaz, de Megalab. Te he llamado pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando puedas hablamos», le escribe el representante de las empresa, a lo que Olivera contesta «ahora te llamo». Y ya en diciembre la primera adjudicación se aprueba en el Consejo de Gobierno.
El contrato, además, otorgó a Megalab la exclusividad. Se convirtió en la única compañía que ofertaba PCR gratis para los viajeros residentes en Canarias que procedieran del resto del territorio nacional y quisieran volver a las Islas por Navidad. Una condición muy atractiva para los isleños que acudieron en masa a los centros clínicos de la compañía que cerró el contrato con el Servicio Canario de Salud. En aquella época realizarse un test de esas características suponía un gasto superior a los 100 euros. El Gobierno canario volvió a confiar en la compañía después de las fiestas por lo que Megalab siguió ofreciendo el servicio entre febrero y mayo de 2021.
Los ‘4 mosqueteros’ declaran los días 24 y 25
El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo, Ismael Moreno, ha movido ficha y ha citado a declarar como investigados el 25 y 26 de noviembre a socios y empleados del comisionista Víctor de Aldama. En la lista están los tres empresarios que junto a Aldama se autodenominaron los cuatro mosqueteros: Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno. Y también, Luis Alberto Escolano y María Piedad Losada. Todos son investigados por su vinculación con la trama de las mascarillas y los test de covid. Todos ellos, a excepción de Losada, habrían participado en los contratos que los Gobiernos de Canarias y Baleares adjudicaron a la empresa Eurofins Megalab. Para justificar su citación como investigados, la Fiscalía Anticorrupción recordaba al instructor que un informe de la Guardia Civil apunta su presunta participación en negocios de distinta índole que el comisionista de la trama puso en marcha durante el período de tiempo investigado que requirieron de la gestión de trámites con distintas administraciones. «Más concretamente, con los Servicios Balear y Canario de Salud en la adjudicación de un contrato de suministro a la empresa Eurofins Megalab», dice de forma textual el escrito del Ministerio Público.
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