Una de las medidas aprobadas este lunes en el Consejo de Ministros es la modificación de la jubilación de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa al frente de los mandos policiales para evitar que se provoque una «disfuncionalidad» en el caso de que hubiera una sustitución en el operativo desplegado en las zonas afecadas por la DANA, con más de 10.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. No obstante, lo llamativo de esta medida no es tanto la acción en sí, sino su justificación.
En este sentido, el Boletín Oficial del Estado se ha referido este martes a la situación que se vive tras la DANA como «emergencia nacional», dos palabras que juntas han formado parte del debate político, sobre si el Gobierno de España debía o no declararla, lo que supondría asumir la gestión directa de la catástrofe, y que este martes han sido incluidas en la explicación del decreto de medidas impulsadas por el Consejo de Ministros este lunes.
«En esta situación de emergencia nacional resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución de quien, al frente de la Dirección Adjunta Operativa, se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional», señala el documento publicado este martes por el BOE para justificar el retraso en la jubilación de esta Dirección Adjunta Operativa al frente de la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional. No obstante, esta referencia a la emergencia nacional tiene una única mención en las 106 páginas.
Equiparar jubilación
Con esta modificación, explica el BOE, se adapta el régimen de jubilación de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa con la finalidad de evitar esta disfuncional sustitución en una situación de extraordinaria gravedad. «Además, con ello se equipara su jubilación con la regulación del pase a la situación de reserva o a retiro, según proceda en el momento de su cese, de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil», se añade.
La declaración o no de la emergencia nacional ha sido una de las polémicas que ha rodeado a la gestión política de la crisis. Esta puede ser solicitada por la Generalitat, que actualmente tiene el control de esta situación, o puede ser declarada por el Gobierno de España. Hasta ahora, tanto el Consell como el Ejecutivo central han rechazado esta declaración de emergencia nacional. De hecho, la Generalitat ni siquiera tiene activado su máximo nivel de emergencia, el de «emergencia catastrófica» lo que daría el mando único al president.
En el BOE no se vuelve a mencionar la emergencia nacional, pero sí que se recuerda que el pasado 5 de noviembre por el Gobierno de España fue el Acuerdo por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio damnificado como consecuencia de la DANA durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2024.
«Mayor desastre natural»
Asimismo, esto faculta a los ministerios «para declarar zona de actuación especial y la emergencia de las actuaciones para reparar daños en infraestructuras de titularidad estatal; permitiendo que se puedan considerar de emergencia los contratos de reparación de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras para reponer bienes dañados, así como las valoraciones de daños, que se tengan que realizar de manera inmediata. Para agilizar las obras de reparación, los bienes afectados podrán ser expropiados de forma urgente».
También se agrega en el BOE: «Se trata sin duda del mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país y cuyas consecuencias más graves han sido, desgraciadamente, las más de 200 víctimas mortales y decenas de desaparecidos que han teñido de luto a toda España y han convertido esta catástrofe natural en la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo».
