Los «técnicos» del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera ya habían diagnosticado el problema, su «ciencia» ya había determinado el tratamiento a seguir, pero Pedro Sánchez y sus gobiernos, en los que siempre ha estado Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica desde hace 2.355 días, no hicieron caso. Aunque esto lleva ocurriendo 30 años, con todos los gobiernos, desde el último de Felipe González, en las demarcaciones del barranco del Poyo y el de la Saleta.
El desbordamiento de ambas ramblas causó las catastróficas inundaciones del pasado 29 de octubre. El último balance de la DANA es de 214 fallecidos sólo en la provincia de Valencia (siete más en Castilla-La Mancha y uno más en Andalucía) y de 23 personas desaparecidas.
Tanto en el Poyo como en la Saleta, la Confederación Hidrográfica del Júcar ya había reconocido que hacían falta, al menos, dos grandes obras y otras siete grandes actuaciones que «nunca se llevaron a cabo», como lamentan ahora fuentes de la Generalitat Y como reclamaron alcaldes de la comarca, como el de Algemesí, en los últimos años.
Así lo recoge, entre otros documentos, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación hidrográfica del Júcar 2022-2027 (PGRI), publicado en enero de 2023. Un documento de 215 páginas cuyo propósito es recopilar las «actuaciones prioritarias» pendientes, extraer las «lecciones aprendidas» de las avenidas de agua ya acontecidas y establecer un «protocolo de actuación».
Las obras son la «adecuación del cauce y el drenaje» del barranco del Poyo, y la «vía verde» del barranco de la Saleta hacia el nuevo cauce del Turia (un desvío del caudal también contemplado para el primero).
Actuaciones previstas en el barranco del Poyo y sus localidades adyacentes desde 1994.
Las actuaciones son las siguientes. Primero, la unificación de los sistemas de adquisición de datos en tiempo real para la gestión ordinaria de los recursos y, sobre todo, para la gestión de los fenómenos adversos. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene hecho el trabajo de identificación, pero aún busca «soluciones que den sostenibilidad financiera a todo el sistema».
En segundo lugar, la CHJ reconoce que las estaciones de aforo (es decir, los medidores de caudal) están obsoletas, y debe «adaptarlas y dotarlas de los equipos necesarios para cumplir sus funciones». Por ejemplo, la estación del barranco del Poyo reventó con la avenida del 29-O a las 18:55 horas (en el momento de mayor torrente, a casi 2.000 m3/s), y dejó de enviar datos al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).
Las estaciones pluviométricas son el tercer objetivo: aún falta «analizar en qué casos deben ser mantenidas, amentadas o suprimidas», cuando baste con la información de la AEMET.
El cuarto es un trabajo de «revisión de la información que se transmite y su frecuencia». Porque, aunque «en situaciones de avenida la frecuencia de medida de caudales se debería aumentar», lo cierto es que el día de la DANA, no se comunicaron datos entre las 16:13 y las 18:43, justo cuando el caudal se multiplicó casi por 100.
Proyecto de «vía verde» del barranco de la Saleta al nuevo cauce del Turia, obra nunca ejecutada.
Hay tres medidas más. La quinta es la homogeinización de los sistemas de información existentes en cada cuenca, «analizando su tecnología, costes de mantenimiento funcionalidades, etc». La sexta, una revisión de la tecnología utilizada en cada red.
Y la séptima es la más llamativa. Porque según el PGRI del organismo de cuenca aún no hay establecido un Protocolo de Aviso Hidrológico con «criterios y procedimientos» homogéneos. «Es necesario mejorar su coordinación con las autoridades de Protección Civil», reconoce la CHJ. Y concluye que es «necesario» que haya «unos criterios básicos comunes» sobre destinatarios, frecuencia y «medios para el envío» de los avisos.
Desde 1994
El alto riesgo de inundación del barranco del Poyo, que tiene una extensión de 479 kilómetros cuadrados y que une Cheste con la Albufera, no es algo desconocido. El Gobierno central y la CHJ tienen en el cajón todos los proyectos de actuación sobre esta rambla acumulados, desde que se empezó a impulsar hace tres décadas.
Consiste, entre otras actuaciones clave, en su «drenaje y encauzamiento». Y en el desvío de las aguas desde Barranco del Poyo hacia el nuevo cauce del río Turia.
Para encontrar la primera referencia a la necesidad de actuar sobre el barranco del Poyo para minimizar los riesgos de inundaciones hay que remontarse al año 1994, todavía con Felipe González en la Moncloa.
En ese año, se elaboró un proyecto de actuación sobre la rambla con cuatro fases, del que según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, no hay más información. Dos años después, se aprobó una primera declaración de impacto medioambiental positiva, pero estas fuentes aseguran que no hubo más avances.
El siguiente paso se da en el año 2001, cuando el Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar recoge como obras de interés general el proyecto de «restitución y adaptación de los cauces naturales del barranco del Poyo» para minimizar los afectos de las inundaciones. El Gobierno se comprometía a ejecutar la inversión entre 2001 y 2008, pero tampoco se llevó a cabo.
Ocho años después, en 2009, la Confederación elabora el proyecto informativo centrado en el Barranco del Poyo, con siete actuaciones previstas de las que no se ha hecho realidad ninguna.
La finalidad del proyecto era la reducción del riesgo de inundación en las poblaciones de Valencia situadas en el ámbito del barranco y a su vez proteger el Parque Natural de la Albufera, según se publicó en el BOE.
La actuación estaba prevista para desarrollarse en 11 municipios: Alaquàs, Aldaia, Buñol, Chiva, Loriguilla, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Ribarroja del Turia, Torrent y Xirivella.
De las actuaciones previstas, las más avanzadas eran la conexión del barranco con el cauce del río Turia y la actuación sobre el barranco de la Saleta, en Aldaia, municipio también arrasado por la DANA del 29 de octubre.
Ribera, secretaria de Estado
Dos años más tarde, en 2011, Teresa Ribera, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero secretaria de Estado de Cambio Climático, firmó la declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto de «adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera», pero volvió a quedarse en el cajón.
El motivo, según estas fuentes, es el cambio de la legislación al que obliga la Unión Europea. En 2010 se aprueba un decreto de inundaciones que establece que antes de la realización de obras de gran calado, estas tienen que estar previstas en el plan de riesgo de inundación de las confederaciones. También obliga a realizar un informe de coste y beneficio del proyecto.
Teresa Ribera, entonces secretaria de Estado de Cambio Climático, en una imagen de 2010.
Efe
La CHJ aprueba este informe de riesgo de inundaciones en enero de 2016. Con este documento, en junio de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy licita el contrato para elaborar el análisis económico al que obliga la nueva normativa.
Un año después, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa, concluye el estudio económico con un resultado positivo, aunque de nuevo, no se lleva a cabo ninguna actuación en el barranco. En este punto, el siguiente paso, según estas fuentes, hubiera sido la licitación y ejecución de las obras, ya que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) era positiva.
«Problemas medioambientales»
El motivo de esta nueva paralización en 2021 por el Ministerio de la vicepresidenta Ribera, según reconoce la propia CHJ, fue la «falta de disponibilidad presupuestaria y los problemas medioambientales», como informa EL ESPAÑOL este mismo martes.
Así se desprende de unas diapositivas utilizadas por la entidad durante las jornadas de presentación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias de 2º ciclo el 16 de septiembre de 2021.
¿Cuáles son estos problemas medioambientales a los que hace referencia? Según los expertos consultados por EL ESPAÑOL, este proyecto de actuación integral sobre la rambla del Poyo entra en confrontación con la Ley de la Huerta aprobada por el Consell de Ximo Puig en marzo de 2018.
De hecho, en un informe de seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 2022 y 2023, los últimos hechos públicos, se señala respecto al desvío del barranco del Poyo, que «se debe reorientar la solución inicialmente prevista» debido a la «incompatibilidad» con la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Huerta de Valencia.
Barranco de Aldaia
En el segundo informe de riesgo de inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de enero de 2023, recoge el proyecto de la «vía verde» del barranco del Poyo, pero además elabora un «miniproyecto» sólo sobre el barranco de la Saleta, que también se ha desbordado con esta DANA, inundando por completo la localidad de Aldaia.
De esta actuación, informó de manera negativa una Generalitat Valencia, ya en funciones, en junio de 2023, entre las elecciones autonómicas y el cambio de Gobierno. Pedían un soterramiento del barranco, algo que, los expertos consideran que «no tiene ningún sentido», según estas fuentes.
Ese mimo mes además el Consell de la Huerta, organismo creado por la Ley autonómica de protección de la huerta, emite un informe contrario a las actuaciones sobre la Saleta.
Ante esta parálisis, la Generalitat Valenciana en julio de 2024 decidió actuar, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, y emite un informe positivo de ambos proyectos, el del barranco del Poyo y el de la Saleta, en poder de este periódico.
Precisamente, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, se reunió el pasado mes de septiembre con el Ministerio para hacer el seguimiento del proyecto de desvío del Barranco de Aldaia, después de que en julio la Generalitat confirmara «su voluntad de no bloquear este proyecto», según explicó el propio alcalde en sus redes sociales.
«Hoy en el Ministerio nos han trasladado también su predisposición a realizar las acciones necesarias para que este proyecto tan necesario para Aldaia pueda llevarse a cabo», añadía.
«Dejación total»
En todo este tiempo, desde el año 1994 que se elaboró el primer proyecto hasta la actualidad, no se ha llevado a cabo ninguna actuación práctica, más allá de estas cuestiones burocráticas.
Las fuentes consultadas atribuyen esta parálisis a una «dejación total» por parte del Ministerio y de la Confederación. Señalan que desde el departamento de Teresa Ribera en los últimos años se han dedicado a promover soluciones «basadas en la naturaleza», que son obras que sirven para desbordamientos pequeños.
Al respecto, coinciden con el vocal del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia, Fede Bonet, en que las grandes riadas sólo pueden atajarse con obras estructurales, como canalizaciones o presas.
En este sentido, las obras previstas para el barranco del Poyo estaban proyectadas para avenidas como las de la DANA del 29 de octubre, las que, en términos técnicos, tienen un «periodo de retorno» de 500 años.
Presa de Cheste
Otro de los proyectos sobre el barranco que hubiera podido contribuir a minimizar los daños de la terrible DANA que se ha cobrado la vida de más de 200 personas fue la construcción de una presa en Cheste.
En 2004, el Gobierno de Aznar anunció la construcción de una presa en Cheste para evitar las riadas en 16 municipios valencianos, entre los que se encontraban algunos de los más afectados ahora por la DANA (Aldaia, Paiporta o Chiva).
Las estimaciones entonces apuntaban a que cerca de 200.000 habitantes se verían afectados de producirse inundaciones.
La infraestructura previsto para regular los caudales procedentes de la cuenca alta de los barrancos del Poyo incluía la construcción de otros dos diques, según informaron en su momento fuentes de la CHJ a Las Provincias. La derogación del Plan Hidrológico Nacional en 2005 por el gobierno socialista paralizó el proyecto.
