El foco de la emergencia ha cambiado. Dos semanas después de la devastadora DANA casi todas las miradas se han dirigido a la red de saneamiento de los pueblos de Valencia afectados. El Ministerio de Transición Ecológica habla de 34 municipios con graves afecciones en su alcantarillado, la Generalitat Valenciana pidió este martes más de 100 nuevos camiones desatascadores —sumados a los 30 que ya trabajan en la zona— y el presidente Pedro Sánchez anunció 500 millones en ayudas para reparar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración.
De los tres frentes, preocupa sobre todo la canalización de las aguas residuales. Durante varios días miles de personas arrojaron lodo contaminado a las cloacas de la zona cero y parte de ese barro se ha solidificado. Mientras el agua potable comienza a fluir en la mayoría de municipios -muchos siguen sin consumirla por prudencia-, algunas alcantarillas permanecen embozadas y el agua sucia estancada en el subsuelo a la espera de purgas y sustitución de los colectores. Se calcula que la renovación completa podría durar más de un año y superar la inyección económica del Estado.
El atasco en el saneamiento entraña dos grandes riesgos. Por un lado, la escasa capacidad de evacuación de la red predispone a nuevas inundaciones. La Aemet ha alertado de la llegada de lluvias torrenciales a Valencia y estas podrían terminar de tensionar el sistema. «Las poblaciones están en una situación vulnerable», introduce Enrique Cabrera, vicepresidente de la International Water Association. «La solución histórica de los municipios ha sido asfaltar todo, y el asfalto no permea, de modo que se ha creado una red subterránea que normalmente mezcla aguas pluviales y residuales. En muchos puntos esta red ha dejado de correr».
El segundo riesgo no es tan inminente, pero inquieta todavía más. «Si los colectores están obstruidos —con lodo, cañas, plástico— quizás haya bajantes de domicilios sin capacidad para descargar sus aguas sucias. Estas volverían a subir. Sería como un país en vías de desarrollo con desagües ciegos y el consiguiente riesgo para la salud pública», explica el experto sobre el desborde de inodoros, y añade: «En todo caso es un escenario extremo, de momento no se ha descrito nada grave».
En la misma línea se pronunció ayer la directora general de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana, Rosa Tourís, al explicar tras la reunión del Cecopi que «la retirada de lodo es prioritaria para evitar que se produzca un problema real de salud pública». Es la mayor urgencia, el reto mayúsculo de estos días. Evitar un problema que según el experto de Óscar Zurriaga de momento solo es potencial: «Cada pueblo estará en un punto, toca analizar cada caso concreto y en última instancia desalojar casas inhabitables si llegan a quedarse sin la posibilidad de desagüar».
Precisamente, otra de las complicaciones tiene que ver con la atomización de partida en la gestión del saneamiento, que recae sobre cada municipio. Sin un mando único todo lo que hicieron autoridades y expertos inicialmente fue advertir sobre el peligro de seguir taponando unas vías de evacuación ya colmatadas. La barrancada arrastró de cuatro a cinco millones de metros cúbicos afectando a tres colectores principales —en Vilamarxant y Riba-roja— y otros más pequeños donde no puede entrar maquinaria. Echar más lodo al subsuelo no es buena idea. Verter más fango al subsuelo no es buena idea.
En ese sentido, el Cecopi ha creado una coordinación unitaria de gestión supramunicipal y un grupo de trabajo que permita abordar las fases de retirada del residuo y acordar —junto a la Confederación Hidrográfica del Júcar y el CSIC— cuáles son los puntos idóneos para depositarlo.
