- La licitación de Muface queda desierta
- Los médicos de la sanidad privada defienden un modelo sin aseguradoras
- Baremos congelados desde hace 30 años: 12 euros por consulta
- Los sindicatos anuncian movilizaciones
Los médicos de la sanidad privada vuelven a la carga. Después de conocer que el Gobierno ha comenzado ya a trabajar en un nuevo concierto de asistencia sanitaria a los funcionarios que seduzca a las aseguradoras, la asociación Unipromel ha presentado un recurso, al que ha tenido acceso ECD, en el que solicita la suspensión del procedimiento de contratación convocado por la Dirección General de Muface.
La licitación de Muface queda desierta
La presentación del recurso se produjo horas después de la retirada de las compañías aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV) del próximo concierto de Muface (el actual estará vigente hasta el 31 de enero de 2025). Fue el pasado martes cuando se conoció que la licitación había quedado desierta, lo que sembró el pánico entre los 1,5 millones de funcionarios beneficiarios de esta cobertura médica.
El Gobierno informó dos días después a los sindicatos de que están elaborando otra propuesta que resulte “más atractiva” para las aseguradoras. La subida inicial que puso sobre la mesa el Ministerio de Función Pública suponía 303 millones de euros más, cantidad que las compañías consideraron insuficiente dado que les haría incurrir en pérdidas, según señalaron.
Los médicos de la sanidad privada defienden un modelo sin aseguradoras
En el conflicto de Muface, los médicos suponen una parte muy relevante, ya que son los encargados de prestar asistencia sanitaria a los mutualistas. Desde Unipromel –que agrupa a 5.000 profesionales de la sanidad privada, la mayoría autónomos– llevan años reclamando un Muface directo. Es decir, un modelo en el que el Estado pagase directamente la atención médica y sanitaria de los mutualistas sin intermediarios.
Es el segundo recurso que presentan en un mes. En el documento argumentan que los pliegos reguladores del convenio son contrarios al ordenamiento jurídico y vulnera los derechos de los médicos privados. Basan su recurso en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y en las directivas europeas correspondientes, y piden que se suspenda el proceso de contratación hasta que se resuelva el recurso.
Baremos congelados desde hace 30 años: 12 euros por consulta
Los médicos de la sanidad privada reclaman desde hace años a las aseguradoras una actualización de su sueldo acorde con el IPC (Índice de Precios al Consumidor). Las tarifas llevan sin actualizarse desde 1992, cuando se estableció una retribución por consulta de, entonces, 2.000 pesetas, equivalentes a los 12 euros que se siguen pagando ahora.
Con algunas variaciones, la primera consulta suele rondar los 20 euros, mientras que solo reciben unos diez euros por una revisión con el mismo paciente. Cantidades que se sitúan muy lejos de los entre los 60 y 100 euros que reciben los facultativos en países como Alemania o Francia, de acuerdo con los baremos que maneja Unipromel.
Según dichos baremos, Adeslas paga a sus médicos nueve euros por la primera consulta, DKV Seguros Funcionarios (ocho euros) y Asisa Funcionarios y Asisa (8,69 euros).
De momento, la incertidumbre continúa en un ambiente cada vez más caldeado. El doctor Ignacio Guerrero, líder de Unipromel, se muestra tajante: «No vamos a consentir ningún abuso o discriminación en la atención médica sanitaria concertada con Muface».
Los sindicatos anuncian movilizaciones
Mientras, los sindicatos CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) y CCOO (Comisiones Obreras), a los que se ha sumado también el SUP (Sindicato Unificado de Policía), han anunciado movilizaciones el próximo 11 de noviembre “para defender la atención sanitaria al colectivo de funcionarios adscritos a Muface”.
En un comunicado, la Secretaría de Estado de Función Pública ha subrayado que “la continuidad de las prestaciones sanitarias está garantizada para todo el colectivo mutualista con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”.
La citada normativa especifica que, si al vencimiento de un convenio aún no se ha formalizado uno nuevo que garantice la continuidad del servicio, «se podrá prorrogar el contrato originario (…) por un periodo máximo de nueve meses» al existir «razones de interés público para no interrumpir la prestación». Esto daría margen al Ejecutivo hasta finales de octubre del próximo año.
