La virulencia de la DANA el pasado 29 de octubre, que derivó en inundaciones y desbordamientos de barrancos, cazó a muchos ciudadanos en el trayecto de ida o retorno a sus puestos de trabajo o durante su jornada laboral. Una circunstancia ante la cual algunas firmas «no adoptaron las medidas preventivas necesarias». Es lo que señala a este diario el secretario de Acción Sindical de CCOO-PV, Daniel Patiño, que confirma que desde la catástrofe ha presentado ya «más de 30 denuncias contra empresas» que no «tomaron las medidas que debía» en la complicada situación que se estaba produciendo.
Accidente in itinere
«Hay casos muy graves y ahí hay que buscar responsabilidades«, explica el responsable sindical, que cree también que después de este episodio devastador «la alerta tiene que ser más ambiciosa y la población tiene que interiorizar que esta supone un riesgo». En este escenario, sobre aquellos ciudadanos que resultaron heridos o que vieron cómo un familiar incluso fallecía en ese trayecto, Patiño explica que «solo porque fue ese día, debería reconocerse como accidente in itinere«, una visión que comparte también Eva Larrosa, abogada laboralista en El Rogle, que coincide en que habría que «iniciar los procedimientos y valorar si la empresa ha tenido la responsabilidad». «Habrá empresas que tengan culpa al presionar a sus trabajadores y otras se acogerán a que, como no hubo alerta, no tenían que parar», remarca la letrada.
Ante esta realidad, Larrosa cree que habrá que ir «caso por caso» para ver si existe un «indicio de culpabilidad» que permitiría «luchar por una indemnización». No obstante, lograr esa compensación económica, en palabras de Patiño, puede ser «una odisea». «Es una opción que puede estar, pero hay mucha incertidumbre», añade el responsable sindical, que apunta a que en todo caso, para seguir ese camino, habría que recabar y aportar pruebas como una «comunicación fehaciente o un testimonio» de que fue la empresa la responsable. «Se puede demandar, pero hablar de indemnizaciones es un salto al vacío», resalta.
Los plazos
Sobre los plazos para conocer esas decisiones judiciales, Larrosa apunta a que «tardaremos bastante, dos o tres años, en saber una respuesta«, aunque cree que «cientos de personas podrían recurrir a esta vía porque ocurrió a una hora o que trabajas o estabas yendo o volviendo del trabajo. Habrá bastantes afectados«, concluye la abogada.
