Lorca, 2011. La Palma, 2021. Un terremoto devastador y una erupción volcánica, dos desastres naturales que provocaron dramáticos daños personales y la devastación de territorios que sufrieron pérdidas difícilmente evaluables.
Ambas catástrofes obligaron a una descomunal tarea de reconstrucción que en uno y otro caso todavía continúa. La adopción de medidas para el regreso a la normalidad de ambas poblaciones y la inversión pública y privada para devolver ambas zonas al estado previo a ambos desastres dan una idea de la tarea que administraciones, particulares y empresas tienen por delante para que el área metropolitana de Valencia o la pequeña población castellanomanchega de Letur regresen a un escenario que sus habitantes nunca quisieron ver alterado.
Así están ahora dos poblaciones de Murcia y Canarias con las que la naturaleza no tuvo piedad y cuya reconstrucción, con mayor o menor acierto, con mayor o menor efectividad, forma parte desde entonces de la vida diaria de su ciudadanía.
Lorca, cicatrices que no permiten el olvido
[La Opinión de Murcia]
Los lorquinos recuerdan a ciencia cierta qué estaban haciendo aquella tarde del 11 de mayo de 2011 cuando la tierra tembló bajo sus pies y la ciudad quedó patas arriba. Han pasado casi catorce años de aquella tragedia que acabó con la vida de nueve personas. Dos de ellas, embarazadas, y otra, un adolescente de 14 años. Se derribaron 1.798 viviendas. Dos barrios, el de La Viña, la ‘Zona cero’ del terremoto, y el de San Fernando, sucumbieron a un seísmo en el que la combinación de poca profundidad y una magnitud moderada causó daños por valor de más de 1.200 millones de euros.
El terremoto, de magnitud 5,1 Mw e intensidad VII, ocurría a las 18.47 horas. Fue precedido de un seísmo premonitorio de 4,5 a las 17.05 horas. Y sentido en toda la Región de Murcia, Almería, Albacete, Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real y hasta en algunas zonas de Madrid. Sus 4,25 segundos fueron eternos. Tiempo más que suficiente para causar graves daños en el 80 por ciento de las viviendas del municipio y en todos los monumentos de la ciudad.
Un año después, el 28 de septiembre de 2012, la Riada de San Wenceslao arrasaba las pedanías lorquinas de Torrecilla, Campillo, Purias… con precipitaciones de 140 litros por metro cuadrado y caudales de punta de avenida de 4.500 metros cúbicos por segundo en Valdeinfierno. Causó la muerte de dos personas. 300 viviendas y 250 explotaciones ganaderas resultaron afectadas. Se retiraron 200 toneladas de animales muertos y 10.000 hectáreas de tierras de labor quedaron gravemente afectadas. Los daños en infraestructuras públicas superaron los 100 millones de euros.
Después de más de una década del terremoto y de la riada, Lorca ‘revive’ con la tragedia de Valencia aquellos días de sufrimiento en los que la tierra temblaba una y otra vez –llegaron a registrarse 131 réplicas, alguna de 3,9 grados– mientras los lorquinos dormían a la intemperie en jardines, plazas y calles, porque no tenían un hogar al que regresar. Los inmuebles eran marcados con una gran cruz en negro que advertía del peligro de derrumbe inminente, mientras las estructuras de otros eran apuntaladas por bomberos llegados desde todos los rincones del país.
Lorca parecía un escenario de guerra con escombros que ocupaban las calles. Y los puntales que sostenían miles de viviendas tuvieron que traerse de fuera del país, porque aquí ya no quedaban. Unas horas después del terremoto, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, voluntarios… llegaban a una ciudad desierta, ya que toda la población había sido desplazada hasta el campamento que se estableció en el Recinto Ferial del Huerto de la Rueda.
Los mayores carecían de su medicación, que habían dejado en sus casas cuando las abandonaron a toda prisa. Los bebés precisaban de pañales, biberones y papillas. Se abrieron farmacias, supermercados y almacenes de cooperativas para facilitar a la población lo más necesario aquella noche y las que siguieron, mientras se desalojaba el Hospital General Universitario Rafael Méndez, el Virgen del Alcázar y las residencias de mayores con ambulancias llegadas desde poblaciones y provincias limítrofes que ‘ocupaban’ la A7 abierta únicamente para los vehículos de emergencias.
Y pasaron los días y las semanas y Lorca comenzó a resurgir. El empeño de los lorquinos llevó a que la ciudad se pusiera de nuevo en pie. La gestión y coordinación entre las distintas administraciones fue un ejemplo, a pesar de que no había un precedente que sirviera de modelo. Se reconstruyeron las viviendas, pero también el patrimonio que puso en valor los hallazgos producidos durante la restauración.
Las últimas ayudas a los damnificados por el terremoto las transfería hace sólo unos días el Gobierno a la comunidad autónoma. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, aseguraba que “no es una buena noticia que 13 años y medio después de los terremotos aún estemos hablando de pagos de ayudas pendientes a los damnificados”. Y añadía que “esta situación pone de manifiesto que España necesita cambiar su marco normativo para definir una Ley de Grandes Catástrofes que realmente respalde a quienes se ven afectados por este tipo de situaciones”.
Pero más grave considera la situación de los afectados por la Riada de San Wenceslao. Esta misma semana exigía al Ministerio de Transición Ecológica el desbloqueo de las obras para construir las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla y el canal de la Rambla de Biznaga. “Si queremos evitar que vuelva a pasar lo de 2012, o imágenes como las que estamos viendo ahora en Valencia, el ministerio tiene que hacer los deberes”.
Gil Jódar reclamaba “la reactivación inmediata de las obras para que los lorquinos cuenten con las infraestructuras de protección frente a inundaciones que quedaron marcadas a raíz de las consecuencias de la inundación de 2012. El Ministerio para la Transición Ecológica canceló los proyectos, porque su retorno económico no estaba justificado y no los incluyó en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Cuenca del Segura 2022-2027. El ministerio no puede retrasar más la construcción de estas presas, porque son el salvavidas que los vecinos de Torrecilla, Campillo y Purias necesitan. Y hay que limpiar las ramblas, dragarlas, eliminar la vegetación que invade los cauces y mantenerlos despejados, porque todos hemos visto estos días lo que arrastran las ramblas cuando llueve de forma torrencial”.
Las ‘cicatrices’ perduran en los lorquinos y no permiten el olvido que estos días rememoran con la tragedia de Valencia. La solidaridad recibida aquellos días del terremoto -financiaron la reconstrucción de la iglesia de San Cristóbal- y de las inundaciones por los valencianos ha sido devuelta por los lorquinos que se han volcado enviando ayuda humanitaria, pero también equipos y medios para intentar que la normalidad regrese a la vida de los damnificados por la DANA de Valencia.
Mientras, la Lorca de hoy no es la Lorca de antes del terremoto, sino una ciudad moderna, cosmopolita, con grandes infraestructuras levantadas tras el seísmo, como el Auditorio Margarita Lozano y Palacio de Ferias y Congresos de Ifelor, el Coso de Sutullena y las rondas de evacuación central y norte. Y la rehabilitación de todos los monumentos a los que se han incorporado los hallazgos producidos durante su recuperación. Lorca es una ciudad de ferias y congresos, de festivales, de acontecimientos deportivos, culturales, gastronómicos… que ha recuperado la capitalidad subregional y el peso específico que tenía como cabecera de comarca del Valle del Guadalentín, del Almanzora y de Los Vélez.
Al detalle
El terremoto
-11 de mayo de 2011.
-18.47 horas.
-Magnitud 5.1 Mw.
-Precedido de otro de 4.5 a las 17.05 horas.
-1 kilómetro profundidad.
-Duró 4,25 segundos.
-Causó 9 muertos (dos de las fallecidas embarazadas y un adolescente de 14 años).
-324 heridos.
-Afectó a 90.000 personas.
-El barrio de La Viña, ‘Zona Cero’ del terremoto, quedó arrasado.
-Se registraron 131 réplicas, alguna de 3,9.
-Lorca está catalogada como la zona más sismológica de España.
-Se derribaron 1.798 viviendas por los daños del seísmo.
-Desde 1930 se han registrado más de 2.200 terremotos.
-Se contabilizaron daños por valor de 1.200 millones de euros.
Riada de San Wenceslao
-28 septiembre 2012.
-Precipitaciones de 140 litros por metro cuadrado en Lorca.
-Precipitaciones de 212 litros por metro cuadrado en Puerto Lumbreras.
-Caudales punta de avenida de 4.500 metros cúbicos por segundo en Valdeinfierno (Lorca).
-Caudales punta de avenida de 2.500 metros cúbicos por segundo en la Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras).
-Causó la muerte de dos personas en Lorca.
-Causó la muerte de tres personas en Puerto Lumbreras.
-300 viviendas afectadas.
-250 explotaciones ganaderas.
-200 toneladas de animales muertos.
-10.000 hectáreas de tierras de labor gravemente afectadas.
-100 millones de euros en daños en infraestructuras públicas.
-Mayor episodio de lluvias tras la histórica riada de Santa Teresa de 1879.
La Palma, el espejo en el que se miran los afectados de la DANA
[Dalía Guerra (Santa Cruz de Tenerife)]
El Gobierno central ha decido seguir el plan de ayudas que ya activó en 2021 para hacer frente a los daños del volcán de La Palma, para actuar en el desastre provocado por la DANA. Un plan que se ha convertido en el espejo en el que se miran los afectados de los 78 municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Macha y Andalucía para tratar de atisbar cuál puede ser su futuro después de la devastación causada por las riadas. Pero, ¿cómo funcionó en un primer momento? y ¿cuál es la situación de los palmeros tres años después? Lejos de haber sido un camino de rosas, la burocracia y los plazos administrativos han hecho que tres años después muchos afectados sigan esperando una parte de las ayudas para conseguir una alternativa habitacional definitiva. Ahora, aunque hay similitudes entre ambas tragedias, los diferentes grados de daños y las discrepancias políticas podrían acabar retrasándolas todavía más.
A pesar de las diferencias, el Estado ha puesto en marcha medidas muy similares a las de La Palma a través del decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Respecto a los daños económicos, el volcán Tajogaite sepultó bajo la lava 1.345 viviendas, mientras que la gota fría ha causado daños en más de 33.000 inmuebles. Sin embargo, mientras que la mayoría de ellas se podrán rehabilitar, las que quedaron bajo la colada son imposibles de recuperar y sus propietarios han tenido que empezar desde cero. El volcán acabó afectando a 1.219 hectáreas y la riada ha arrasado 54.312, convirtiéndola en un suceso de mayores proporciones en base a su extensión y número de afectados y con casuísticas muy diferentes.
El plan activado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para actuar en un primer momento sobre los efectos de la DANA incluye ayudas directas de hasta 60.480 euros por la destrucción total de la vivienda habitual, pero también cuantías menores si se ha visto afectada su estructura, si ha sufrido otro tipo de daños o por los enseres domésticos esenciales que se hayan perdido. El decreto también incluye moratorias en el pago de las hipotecas, supresión del pago del IBI este año, ayudas directas a empresas, ayudas por cese de actividad extraordinario para los autónomos y ERTES específicos. Se trata de medidas que se aplicaron durante la erupción y que, en algunos casos, continúan vigentes, como las vinculadas a las empresas que no han podido retomar su actividad y las de los alquileres de los afectados que no tienen una alternativa habitacional.
Pero además de las ya expuestas, para La Palma se aprobó para el año 2023 una bonificación del 60% del IRPF para toda la isla, una medida que se ha mantenido también este año. Mientras que en el decreto al que el Consejo de Ministros dio luz verde esta semana se incluye una deducción para las personas físicas de un importe mínimo de 2.000 euros.
Sin embargo, no todo ha funcionado sin problemas, los afectados por el volcán llevan tres años quejándose de la excesiva burocracia y la lentitud con la que se ha gestionado, sobre todo lo relacionado con la vivienda. Aunque ya no queda nadie alojado en hoteles, 85 familias continúan residiendo en casas contenedor en malas condiciones y otras 36 en viviendas de madera, que se promocionaron como una solución temporal que aún se mantiene. Aquellos que perdieron su casa ya han recibido los 60.000 euros aportados por el Estado, que se complementaron con otros 30.000 que salieron de las arcas del Gobierno de Canarias. Pero no ha sido suficiente. Los ciudadanos se han encontrado con muchas dificultades para poder encontrar una alternativa habitacional. El precio de la vivienda no ha dejado de subir y aunque el Ejecutivo autonómico ha aprobado decretos para agilizar la construcción en zonas rústicas o sobre las coladas, son muy pocos los que han podido empezar a levantar su hogar.
Los que ya han arrancado con la construcción suelen haber recibido las ayudas de los consorcios de seguros, que ya las han abonado en un 99%. A diferencia de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana -donde el nivel de aseguramiento supera el 70%- en La Palma era muy bajo. Las administraciones garantizaron que se compensaría el valor real de las propiedades perdidas y todavía siguen esperando. Para ello, el Estado se comprometió a poner sobre la mesa 100 millones de euros al año durante cuatro años. Tras transferir un primer pago en 2023, este ejercicio todavía no se ha materializado. En septiembre, cuando se cumplió el tercer aniversario de la erupción, estas ayudas todavía estaban en fase de notificación para aquellos que hubieran perdido su primera vivienda. Quienes se quedaron sin su segunda residencia o algún otro tipo de inmueble, como negocios turísticos y otro tipo de empresas, ni siquiera han llegado a eso.
Pero la situación en los territorios afectados por la DANA es también muy diferente. En La Palma, la mayor parte de las infraestructuras afectadas se perdieron de forma irrefutable al quedar sepultadas por la lava, lo que, aunque para algunos no lo parezca, ha acelerado los plazos. La casuística en los municipios afectados por la riada es mucho más extensa y el peritaje será, por tanto, más complicado y podrá generar controversias, lo que es probable que retrase todavía más el pago de las ayudas.
Hay, además, otro punto que puede enturbiar también todo el proceso: el diferente color político entre administraciones. En el desastre de la Isla Bonita tanto el Gobierno central como el autonómico estaban en manos del PSOE y ambos estaban interesados en sacar adelante las medidas de forma conjunta y sin reproches entre instituciones. Algo que facilitó, por ejemplo, la creación de un registro único en el que los afectados podían inscribirse para centralizar toda la tramitación de las ayudas y así no tener que entregar documentación por duplicado en varias administraciones. Una medida que, por ahora, no se ha anunciado en el caso de la DANA.