Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron la presunta vinculación de José Luis Ábalos con la trama Koldo tras interceptar unos documentos oficiales del Ministerio de Transportes que el propio exministro recibió en mano de Joseba García Izaguirre, hermano de su exasesor Koldo, según concluye un informe policial, al que ha tenido acceso este periódico.
Precisamente, este jueves el Tribunal Supremo abrió una causa contra Ábalos, quien como diputado del Grupo Mixto está aforado ante el alto tribunal. En este sentido, el Supremo ha dejado en manos del instructor, Leopoldo Puente, que defina el ámbito y la extensión de las investigaciones, han señalado a este diario fuentes jurídicas.
Archivo – El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de julio de 2024, en Madrid (España). El exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos va a presentar una denuncia ante la Fi / Matias Chiofalo – Europa Press – Archivo
Pero la primera constatación de los vínculos de Ábalos con la trama se remontan al 2 de noviembre de 2023, en plena investigación secreta a la trama. Los agentes de la UCO, por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, detectaron durante un seguimiento a Koldo García Izaguirre, que este mantenía reuniones en la marisquería La Chalana con varios cargos de Transportes, dos años después de haber abandonado el Ministerio.
«Papeles para José»
La Guardia Civil interceptó el 3 de noviembre a las 9.19 horas una conversación entre Koldo y Joseba, en la que el primero solicitaba a su hermano que llevase «unos papeles que le habían dado para José«. Y al día siguiente la UCO constató, tras realizar seguimientos a ambos hermanos, que se trataba de José Luis Ábalos, según especifica el informe, que después relaciona los documentos detectados con las reuniones que el exasesor de Ábalos había tenido un día antes en la marisquería La Chalana con cargos del Ministerio de Transportes.
En concreto el informe de la UCO, fechado el 4 de diciembre de 2023, destaca que Koldo García Izaguirre se reunió el 2 de noviembre de 2023, entre otros, con el subsecretario del Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García, imputado en el caso y que fue destituido del cargo; y horas después con el entonces director general de Conservación y Mantenimiento en ADIF, Ángel Contreras Marín, qué fue cesado en septiembre pasado.
El exsubsecretario Jesús Manuel Gómez García y, detrás, el exministro José Luis Ábalos. Jesús Manuel Gómez García, Subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible. EFE / EFE
Y el 4 de noviembre, la UCO desplegó un operativo que logró interceptar la documentación que Koldo y Joseba acabaron entregando a Ábalos. En concreto, agentes del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR) realizaron en la autopista AP-7 una inspección al vehículo que conducía Joseba, y «localizaron un sobre blanco tamaño folio que, estando abierto, contenía tres documentos […] directamente relacionados con la adjudicación de los contratos investigados a Soluciones de Gestión», la empresa que utilizaron los comisionistas Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto para obtener 54 millones de euros en contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia.
Información para Ábalos
El contenido de estos documentos es relevante para los agentes, pues evidencia qué información había sido puesta «en conocimiento de Ábalos», mientras la Fiscalía llevaba a cabo una investigación secreta sobre estos hechos. Y precisamente en uno de estos informes que le entregaron al exministro se incluía la contestación que ADIF había dado al abogado Ramiro Grau Morancho, quien había reclamado por el portal de Transparencia información de los contratos de mascarillas bajo sospecha.
Y en ese documento que fue entregado por Joseba García Izaguirre a Ábalos, según los seguimientos realizados por la UCO, se especificaba que ADIF había rechazado entregarle al letrado la documentación que requería, pues esta formaba «parte del expediente de contratación que fue requerido el pasado 26 de abril en el seno de las diligencias de investigación número 10/2022 incoadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción«, y que «con fecha 26 de mayo de 2022 el expediente de contratación fue entregado a la Guardia Civil«. Es decir, en ese momento la Guardia Civil constataba que Ábalos tenía conocimiento en virtud de estos documentos de las pesquisas de la Fiscalía.
«Formato papel»
En el informe los agentes ponen de relieve «la forma en que se traslada esta documentación a Ábalos, en formato papel y a través de terceros». Además, prosigue el documento, «Koldo requirió que otra persona con acceso a la misma documentación -presumiblemente relacionada con el Ministerio de Transportes- facilitara en formato papel su contenido».
Finalmente, también resulta llamativo para la UCO que la documentación fuera entregada «en mano a su destinatario [Ábalos], pudiendo haber empleado medios telemáticos, más si cabe cuando uno de los documentos contiene una única página y el resto están disponibles en fuentes abiertas».
Precisamente, el legítimo destinatario de los documentos, el abogado Ramiro Grau Morancho, había denunciado ante el Tribunal Supremo los contratos que la trama de Víctor de Aldama logró del Ministerio de Ábalos para comprar las mascarillas. Precisamente esta querella, que fue archivada en 2021, ha sido reabierta este jueves por el alto tribunal después de que Grau pidiera la reapertura de la causa.
