El gobierno que preside Fernando Clavijo va a utilizar el proyecto presupuestario de la Comunidad Autónoma de 2025 para modificar «por la puerta de atrás» cuatro leyes -Suelo, Ordenación Sanitaria, Consejo Consultivo y Cabildos-, como han denunciado varios diputados del PSOE y de NC-Bc durante los debates celebrados esta semana en la Comisión de Presupuestos que analizan las cuentas elaboradas por la consejera de Hacienda, Matilde Asián.
Los socialistas Nayra Alemán y Miguel Ángel Pérez del Pino y la canarista Esther González han alertado en sede parlamentaria de que la intención del gabinete es «inconstitucional» pues varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han prohibido llevar a cabo «modificaciones sustantivas que carecen de relación directa con los ingresos y los gastos o que sean vehículo director de la política económica» del gobierno, como afirma la propia González.
Según PSOE y NC-Bc la Disposición Final Quinta del proyecto presupuestario de Asián incluye una reforma de la Ley del Suelo que «permite la pavimentación de caminos sin asfaltar en asentamientos rurales que no son tales», con lo que «por la vía de los hechos consumados consolidan suelo urbano en núcleos de población autoconstruídos fuera de ordenación y que son alegales».
El texto presupuestario califica como asentamiento rural a un conjunto residencial con un número inferior a diez edificaciones que, sin embargo, «cuente con una población residente superior a 40 personas». En estos conjuntos, los ayuntamientos «pueden proceder a la pavimentación de las vías que se encuentren abiertas al uso público, de vehículos a motor y de peatones».
Nayra Alemán (PSOE) y Esther González (NC) aseguran que esta práctica del gabinete es «inconstitucional»
«Han optado por cambiar la ley con premeditación y alevosía», insiste González, mientras que Alemán recuerda que «en la pasada legislatura intentaron sin éxito por dos veces incluir lo del asfaltado; lo suyo sería que esta reforma se debatiera cuando llegue a la Cámara la modificación total de la norma» que anunció hace un año el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda. El consejero, pese a ser preguntado por dos veces al respecto en su comparecencia del pasado miércoles, no dió ninguna explicación al respecto.
Tampoco contestó la consejera de Sanidad, Esther Monzón, a las duras acusaciones que este jueves le lanzó el socialista Pérez del Pino: «¿cuántos gerentes y altos cargos amiguetes de CC y el PP van a tener una paga extra gracias a la Disposición Adicional Cuarta?»
Ese apartado al que hizo referencia el portavoz socialista del área de Sanidad modifica la ley Ordenación Sanitaria de Canarias de 1994 en el sentido de que permite que «el personal que pase a desempeñar un puesto de gerente o de director gerente en el Servicio Canario de la Salud (SCS), cualquiera que sea la institución de procedencia en caso de tratarse de empleados públicos, así como quienes provengan del desempeño de una actividad privada, por cuenta propia o por cuenta ajena, no percibirá retribuciones inferiores a las que viniera percibiendo en el puesto que desempeñaba con anterioridad a su nombramiento«. Una prerrogativa que «surtirá efectos económicos desde el 1 de julio de 2023«, que es justo cuando se conformó el gabinete sustentado por CC, PP, ASG y AHI.
«¿Cuánto dinero público va a costar ese premio a sus amiguetes mientras hay enfermos en los pasillos de los hospitales porque dicen que no hay fondos? Se les debería caer la cara de vergüenza», insistió Pérez del Pino ante el mutismo de Monzón al respecto.
Para el portavoz socialista en el área de Hacienda, Manuel Hernández, estas dos modificaciones «son los dos subterfugios más graves porque tienen una motivación política detrás», pero incide en que la otras dos reformas, referidas a la ley del Consejo Consultivo y de Cabildos Insulares, son también inconstitucionales.
Así, según explica el diputado socialista, la Disposición Final Sexta del texto articulado eleva de 6.000 a 20.000 y 60.000 euros «el límite para que sea necesario un informe preceptivo del Consejo Consultivo» que se refieran a cuestiones «de responsabilidad administrativa patrimonial y responsabilidad patrimonial frente a los ayuntamientos».
Pérez del Pino (PSOE) denuncia que el cambio de la ley sirve para «dar una paga extra en el SCS a amiguetes de CC y PP»
«De alguna forma se rebajan las garantías a la hora de velar por los fondos públicos», afirma el socialista. Por lo que respecta a la modificación de la legislación de las corporaciones insulares incluida en la Disposición Final Séptima, desde el PSOE se considera que es una «mera cuestión técnica» referida a la resolución de discrepancias y omisión de la función interventora en los entes del sector público. «El problema no solo es que incluyan modificaciones por la puerta de atrás, sino que esa práctica en inconstitucional», remachó Hernández.
La última de las sentencias del TC relativas a esta práctica ahora denunciada por los grupos de la oposición fue dictada el 15 de diciembre de 2022 y afirma que «las leyes de presupuestos no pueden contener cualquier clase de normas, o lo que es lo mismo, su contenido no puede ser libremente fijado, por cuanto está sujeto a unos límites materiales, de modo que la regulación de las materias situadas fuera de ese ámbito está constitucionalmente vetada».
Según el TC, las cuentas tienen la «específica función que constitucionalmente se atribuye» a la «ordenación jurídica del gasto público y ser instrumento o vehículo de la política económica del Gobierno», tal y como sentenció en 2013, y de «las exigencias del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución». Es decir, que «una ley de contenido constitucionalmente definido como la de presupuestos generales no debe contener más disposiciones que las que corresponden a su función constitucional», tal y como reza otra sentencia previa de 1992.
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