Los economistas valoran las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 6/2024 del Gobierno para paliar los efectos de la DANA en la Comunitat Valenciana y otras autonomías afectadas, pero proponen otras adicionales en materia tributaria,laboral o legal, como aplicar a los afectados la deducción del 60% en el IRPF prevista en la norma para los residentes en Ceuta y Melilla, así como otras para las empresas afectadas a través del impuesto de sociedades.
El Consejo General de Economistas aplaude, en todo caso, las iniciativas aprobadas, como la flexibilización de los plazos de pago de las deudas tributarias, la regulación de la exención en el IBI y el IAE para propiedades y negocios dañados, y la eliminación de ciertas tasas de tráfico. También los aplazamientos y moratorias con condiciones especiales en el pago de obligaciones con la Seguridad Social para las empresas de zonas afectadas y de no afectadas directamente, pero que han sufrido el impacto de la DANA junto con medidas de protección a trabajadores y empresas.
A su vez destacan la importancia de otras medidas como la creación de una línea de ayudas directas a empresas y profesionales, así como la implementación de una línea de avales con objeto de facilitar el acceso a liquidez, y el establecimiento de una moratoria para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria. Pero reclaman otros pasos adicionales como los incentivos fiscales para promover la inversión en la reconstrucción de la infraestructura empresarial o considerar la actividad prioritaria del mecenazgo, a efectos de las deducciones de la Ley 49/2002, la recuperación del patrimonio cultural.
Tipo 0 del IVA
Los expertos añaden también otras iniciativas ligadas al IVA como la aplicación de un tipo del 0% para la compra de coches nuevos a quienes hayan perdido el suyo debido a la catástrofe, así como la compra de vivienda nueva por un ente integrante del sector público estatal, autonómico o local valenciano, siempre que se destine a alojamiento de las personas que residían en una vivienda destruida como consecuencia de la DANA.
Otras propuestas en esta línea son eximir del IVA a la compra de vivienda nueva adquirida por un damnificado por la DANA, de solares o la de locales adquiridos por empresarios damnificados por la DANA. Asimismo defienden aplicarlo en la compra de bienes para ser utilizados en actividades ganaderas y agrícolas desarrolladas en explotaciones situadas en las zonas damnificadas (maquinaria, utensilios, semillas, animales, etc.).
Licencia de obras
A su vez proponen eximir o bonificar el impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) las obras de reparación, rehabilitación y reconstrucción de inmuebles dañados, tanto en viviendas como en instalaciones empresariales y un tipo 0% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que está cedido a las autonomías, para la compra de vehículos usados para afectados.
En materia laboral abogan por el aplazamiento de la regularización de la cotización de los autónomos de las zonas afectadas por la DANA. El pasado 1 de noviembre, la Seguridad Social inició el proceso de regularización de cuotas de los trabajadores autónomos vinculado a los ingresos reales. Y la idea es que en los territorios afectados se retrase este proceso.
Temporales y fijos discontinuos
En lo que respecta al mercado de trabajo recuerdan que no se especifica nada sobre las prórrogas de contratos laborales que finalizarán en estos días. Para los contratos de consumo y suministros sí se establece que no serán alterados a pesar de las condiciones ocasionadas por la DANA, manteniendo las mismas condiciones. El objetivo es un restablecimiento del equilibrio de las prestaciones contractuales: «que una parte no se vea más beneficiada que la otra por mantener las condiciones de un contrato que se pactó antes del hecho imprevisible e inevitable acaecido por la DANA. Eso, según los economistas, se tendría que aplicar a los contratos temporales o de fijos discontinuos.
Teletrabajo
También defienden extender el teletrabajo previsto para las administraciones públicas al trabajador por cuenta ajena. «Siempre que la empresa lo considere viable, se habilitará para aquellos trabajadores que queden con movilidad aislada o restringida un permiso para poder teletrabajar. Y, además, por el riesgo de epidemias por las condiciones de salubridad de los municipios afectados, debería imponerse el teletrabajo en aquellos sectores que lo puedan realizar», afirman
Otras propuestas serían alargar la moratoria contable prevista hasta el cierre del ejercicio de 2025. Y en relación con subvenciones concedidas y pendientes de justificación, vinculados a activos o a actividades a desarrollar, a afectados por los efectos de la DANA, apuesta por promover la flexibilización en el cumplimiento de los plazos para la presentación de las cuentas justificativas de forma generalizada y, en aquellos otros casos en los que el afectado pueda justificar que los plazos de flexibilización son insuficientes, y pueda aportar un plazo de cumplimiento, habilitar un procedimiento para aprobar dicha ampliación de plazos.
A su vez proponen reforzar algún Juzgado de lo Mercantil para las zonas afectadas el impulso de los planes de reestructuración para tratar de adelantarse a las declaraciones de concursos de acreedores y tratar de evitar liquidaciones de empresas.
