La jueza del caso Supercopa, Delia Rodrigo, ha salido en defensa de su independencia y la de los funcionarios que le ayudan a investigar el procedimiento después de que tanto el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales como el que fuera abogado del organismo que rige el fútbol español Tomás González Cueto pusieran en duda su imparcialidad, según especifica un auto de 25 de octubre, al que ha tenido acceso esta redacción.
«En los escritos presentados por las defensas de los investigados Luis Manuel Rubiales Béjar y Tomás González Cueto se cuestiona la procedencia de dicha diligencia de instrucción, cuestionando la independencia de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como que tenga competencia para emitir informe en los concretos términos solicitados por el Ministerio Público», lamenta la jueza en el auto, que confirma su decisión de encargar a los funcionarios de la IGAE adscritos a la Fiscalía Anticorrupción que determinen qué procedimiento se tendría que haber cumplido «respecto a los acuerdos firmados por dicha Federación con la empresa saudí Sela Export». Con este negocio, la empresa Kosmos, propiedad del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, pactó una comisión de 24 millones a cambio de conseguir que la RFEF trasladara la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí.
«Resulta inaceptable»
«Resulta inaceptable comparar la función auxiliar a la jurisdicente [jueza], es decir la que corresponde al perito, con la del ejercicio de la potestad jurisdiccional. Por ello es artificioso todo intento de traslado a esta cuestión del concepto de imparcialidad objetiva, construida en relación con la sucesiva actuación del mismo juez en las fases de instrucción y enjuiciamiento», advierte la magistrada.
El abogado Tomás González Cueto tras dejarle libre la jueza del caso Supercopa. / EFE
Tanto Rubiales como González Cueto ponen en duda la legalidad de la decisión de la jueza de pedir a los funcionarios el informe tras constatar que el pasado 26 de julio la Subdirectora General de Estudios y Comunicación de la IGAE respondió a Rodrigo que no podía elaborar el trabajo requerido, «pues la RFEF está sujeta a normativa privada, dada la propia naturaleza de esa condición del ente federativo, mientras que la IGAE únicamente tiene competencias en el ámbito de sector publico”. Sin embargo, la jueza dio cuenta de que al enviar la petición a la IGAE se había equivocado, pues tenía que haberlo hecho a los funcionarios de este organismo adscritos a la Fiscalía Anticorrupción.
En sentido contrario, para ambos investigados que la jueza diferencie entre la actividad de la IGAE como ente público y la de los funcionarios de este organismo que están adscritos a la Fiscalía Anticorrupción «resulta extremadamente inquietante«. Para ellos, esta separación apunta a la «posibilidad de que exista una IGAE proclive a las tesis y pretensiones del Ministerio Público (al menos en cuanto a su predisposición a emitir informes jurídicos) en contra de la imperatividad de las competencias de la propia IGAE».
«Funcionarios públicos»
En el auto de 25 de octubre Delia Rodrigo defiende que en este caso «ha solicitado la confección de informe pericial por parte de la IGAE a través de la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción» y que «dicha decisión, no supone que el informe vaya encaminado a corroborar la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal, como se sugiere por las partes, pues los autores del informe son funcionarios públicos a los que cabe presumir independencia y actuación con objetividad».
Luis Rubiales / EFE
En este sentido, la Fiscalía considera que el escrito de González Cueto parte de «un error de base», que es el de considerar que los funcionarios de la IGAE solo pueden hacer informes sobre las actuaciones de los organismos públicos, pues desde 1995 Anticorrupción dispone de funcionarios que se adscriben a sus investigaciones: «Si no fuera así, a título de ejemplo, la Fiscalía Especial se vería privada de tal apoyo a la hora del análisis de auditorías de empresas privadas, y ello a pesa de contar con profesionales especializados: auditores, interventores, economistas…», indica Anticorrupción.
