el menú que ofrece la UE para la DANA de Valencia

Es en este marco que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, realizó el lunes una visita de trabajo a Bruselas para explorar con los responsables comunitarios todos los recursos e instrumentos disponibles para las tareas de reconstrucción.

Antes incluso, desde el miércoles a mediodía, cuando apenas habían transcurrido horas desde las brutales inundaciones, la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ofreció a España todo tipo de asistencia para hacer frente a la DANA de Valencia.

«La Comisión continuará proporcionando todo el apoyo necesario a España en esta situación difícil», ha repetido este martes al término del Ecofin el vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis.

No obstante, hasta ahora la única asistencia de la UE que se ha activado es el sistema de satélites Copérnico, que según Von der Leyen ha servido para ayudar a coordinar a los equipos de rescate. El mapa elaborado a partir de los datos de Copérnico revela que más de 4.100 hectáreas de superficie y 3.906 edificaciones han sido afectadas por las inundaciones, mientras que más de 60.000 personas, 15,2 kilómetros de vías férreas y 531,6 kilómetros de carreteras fueron potencialmente impactados.

Sin embargo, España no ha activado hasta ahora el otro instrumento comunitario de ayuda inmediata, el Mecanismo Europeo de Protección Civil, y ello pese a los reiterados ofrecimientos de Bruselas. Este sistema permite movilizar y desplegar de forma urgente equipos especializados y materiales procedentes de otros Estados miembros de la UE: kits de primeros auxilios, equipamiento de refugio, bombas de agua o generadores de electricidad y combustible.

La decisión de activar el Mecanismo de Protección Civil corresponde a quien dirige la emergencia, que en este caso es la Comunidad Valenciana, que de momento no ha recurrido a esta posibilidad, según explican fuentes europeas. Si el Gobierno de Carlos Mazón cambia de idea, tendría que comunicarlo al Ministerio del Interior, que es el interlocutor de España en Bruselas para este tipo de cuestiones.

En su rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno sí ha anunciado que pedirá asistencia del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, pero no ha desvelado qué cantidad aspira a conseguir.

Este instrumento, pensado para intervenir en caso de catástrofes naturales graves, se creó precisamente como respuesta a las grandes inundaciones de verano de 2002 en Alemania y Europa central. Desde entonces, ha movilizado un total de 8.600 millones para 130 desastres en 24 Estados miembros.

El Fondo de Solidaridad sirve para responder a las catástrofes de gran envergadura, cuyos daños representen al menos 3.000 millones de euros o el 0,6% de la Renta Nacional Bruta del país afectado. Ambas condiciones se cumplen en el caso de la DANA de Valencia.

Esta ayuda cubrirá parte de los costes de las operaciones de emergencia y recuperación, incluida la reparación de infraestructuras dañadas, la salvaguardia del patrimonio cultural y la realización de operaciones de limpieza.

El Gobierno dispone ahora de un plazo de 12 semanas para enviar su solicitud a Bruselas, con la estimación de daños y el dinero requerido. España puede solicitar además el pago de un anticipo urgente, cuyo importe máximo es el 25% del total. El presupuesto anual del Fondo de Solidaridad asciende a 1.144 millones de euros al año (con una reserva de 50 millones para anticipos), pero parte del dinero ya se ha gastado en otras catástrofes.

«La Comisión puede confirmar que todavía hay financiación disponible en el presupuesto de 2024«, señala a EL ESPAÑOL el portavoz de Política Regional, Stefan de Keersmaecker. Si no fuera suficiente, el pago podría completarse con las ayudas correspondientes a 2025.

Hasta ahora, la mayor ayuda del Fondo de Solidaridad ha sido de casi 1.200 millones de euros para responder a varios terremotos en Italia entre agosto de 2016 y enero de 2017. Nuestro país apenas ha recibido 100 millones de euros en total; siendo el último pago de 9,45 millones en respuesta a la erupción volcánica de La Palma. 

La otra ayuda que pretende solicitar el Gobierno de Sánchez corresponde al nuevo instrumento Restore, que fue propuesto el pasado octubre por la Comisión Von der Leyen. El problema es que esta iniciativa todavía no ha sido aprobado por los Gobiernos y la Eurocámara.

El presidente les ha pedido que lo hagan por la «vía de urgencia». Este mecanismo permitiría reasignar un máximo del 10% de los fondos estructurales que tiene adjudicados España en el periodo 2021-2027 para apoyar a los afectados por catástrofes climáticas.

La reforma prevé una prefinanciación adicional del 30% con el fin de ofrecer una inyección inmediata de liquidez para aliviar la presión presupuestaria sobre los Estados miembros afectados. En segundo lugar, la UE financiará el 100% de los trabajos de reconstrucción, sin necesidad de cofinanciación nacional.

España tiene asignados 37.300 millones de euros en política de cohesión para 2021-2027, aunque de esta cantidad en principio a la Comunidad Valencia le corresponden alrededor de 1.100 millones de euros. El vicepresidente Dombrovskis ha dicho que también podrían reprogramarse fondos Next Gen para las tareas de reconstrucción.

Margen para el déficit

Finalmente, la última vía de alivio que ofrece la Unión Europea a España es una mayor flexibilidad en la aplicación de las nuevas reglas de disciplina fiscal. En concreto, Bruselas permitirá que el gasto destinado a paliar el impacto de la DANA no se contabilice a la hora de activar el proceso sancionador por déficit excesivo, por tratarse de una medida puntual y extraordinaria, según ha explicado a este periódico un portavoz de la Comisión.

«Se podría permitir a las autoridades españolas contabilizar el gasto nacional directamente relacionado con este desastre natural (que incluye los préstamos en el marco del Fondo de Recuperación y Resiliencia) como gasto puntual, lo que se tendrá en cuenta al evaluar una posible desviación del objetivo de déficit nominal del 3% o de la trayectoria del gasto neto en el contexto de la reforma de las reglas fiscales», relata el portavoz.

«Se considera que los gastos extraordinarios no tienen un efecto duradero sobre el déficit y el gasto público, por lo que no requieren medidas compensatorias. Por su parte, el gasto correspondiente a las subvenciones proporcionadas por los fondos de la UE es neutral en cuanto al déficit y está excluido del crecimiento del gasto neto, por lo que su uso para hacer frente a este desastre natural no afectará negativamente a la posición fiscal de España», ha subrayado.

Eso significa que nuestro país tendría un margen considerable para desviarse del límite del 3% de déficit que fija el Pacto de Estabilidad sin ser multado por la UE: sólo el primer paquete anunciado por Sánchez equivale ya a siete décimas del PIB. Y el presidente del Gobierno ha anunciado que todavía se necesitarán más ayudas para la reconstrucción de las poblaciones afectadas por las inundaciones.