El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este martes desde la Moncloa tras la primera reunión del Consejo de Ministros, después de los trágicos efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana y otras zonas del sureste de España. Abordó dos grandes asuntos, el económico, sobre el primer paquete de ayudas a los territorios afectados por el temporal y las inundaciones, por valor de 10.600 millones de euros, y el político, sobre los motivos que llevan al Ejecutivo nacional a no declarar la emergencia de interés nacional. Algo que pide Alberto Núñez Feijóo, pero omite el propio president valenciano, Carlos Mazón, que prefiere seguir ostentando la dirección autonómica en protección civil dentro del operativo 2. Para activar los medios personales y materiales.
Sánchez evitó en todo momento entrar en la confrontación política, no lo cree apropiado ante una situación en la que se debe poner en el centro, dijo, a la ciudadanía. Y aunque reconoció que la situación es la de «una emergencia», no cree adecuado declararla a nivel técnico. En cambio, apostó por cooperar con todos los niveles de la administración, desde la Generalitat a las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Lo atribuyó a esa práctica puesta en marcha durante la pandemia de la covid, donde se aplicó la «cogobernanza«. Lo justificó.
«Primero por propio sentido. La ciudadanía quiere ver a sus instituciones trabajando codo a codo. Luego por unidad y eficacia. El Gobierno entiende que no hay minuto que perder». Sánchez consideró que hay que seguir trabajando y aprovechando todos los recursos. Y que una «sustitución de la administración sería restar eficacia a la acción de respuesta de los poderes públicos«. Incluyó, en tercer lugar, el factor del «respeto» que tiene por «los servidores públicos» que llevan desde el primer momento trabajando en el territorio. Tras su visita al Centro de Emergencias de L’Eliana, donde está el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), asegura haber «encontrado a personas encomiables» que están volcadas «día a día» incluso «sin dormir». «Desde el Gobierno, todo el respeto. Todos somos Estado, todas las administraciones«, añadió el presidente del Gobierno.
Hay que recordar que, según publicó este martes El Independiente, fuentes próximas a la Generalitat y a Mazón recalcaban el compromiso por seguir coordinándolo todo de la mano del resto de administraciones. Y solo se accederá al nivel 3 de emergencia si así se impone desde arriba. Ya sea Interior o el Gobierno. Ante esa apuesta conjunta por la cogobernanza, sin obviarse los reproches lanzados por Mazón ayer contra la Conferencia Hidrográfica del Júcar y contra la Unidad Militar de Emergencias (UME), ya desmentidas, Generalitat y Gobierno quieren centrarse en la urgencia de recuperación de lo arrasado. Sin atender a las reclamaciones similares que el lunes desde Génova hizo Feijóo, Sánchez ha enmarcado todo lo que se haga ahora sobre la Comunidad Valenciana dentro del ‘Plan de Respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento‘ de la misma.
Habrá tres fases de desarrollo del mismo, anunció Sánchez. La primera es la que se está llevando a cabo ahora mismo, que es la de «respuesta inmediata». Ello ha llevado a un despliegue progresivo de 14.898 efectivos militares, con diversos profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, 287 brigadistas forestales y un centenar de agentes aduaneros. También de 44 médicos forenses, 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza y el abastecimiento de las localidades. De hecho, se ha conseguido reestablecer el 98% del suministro eléctrico, el 68% de las líneas telefónicas afectadas, 40 kilómetros de carreteras y 74 kilómetros de vías ferroviarias, permitiendo así reabrir el tráfico con Castellón, Tarragona, Teruel y Barcelona, detalló el presidente.
A esa, le seguirán una segunda fase de «reconstrucción de las zonas afectadas» y una tercera de «relanzamiento». Sánchez explicó que debe aprovecharse la situación no solo para reparar, sino para adaptar el territorio a la emergencia climática actual, «que mata». Reformas pendientes tenía la Generalitat en este sentido desde 2007. Ni PP ni PSOE, entonces, las fomentaron. «Durarán el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad», afirmó. En cuanto a las propuestas iniciales esbozadas, éstas están inspiradas en la actuación en pandemia y con el volcán de la Palma de 2021. Se plantean ayudas directas a ciudadanos y empresas, que serán «cuadruplicadas» y transferidas con «el menor papeleo posible y la mayor celeridad». Serán «universales» sin distinguir niveles de renta. Se plantean 72.000 euros por casos de incapacidad. Entre 20.000 y 60.000 para la reparación de viviendas.
Los primeros detalles del paquete de ayudas inicial
Sánchez ha anunciado varias ayudas económicas y exenciones fiscales por valor de 10.600 millones de euros. Durante su comparecencia ha hecho referencia a las que se activaron durante la pandemia, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que también se pueden acoger las compañías afectadas por la DANA con la exención del 100% de las cotizaciones sociales o una línea de avales DANA con un valor de 5.000 millones de euros.
Para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, el consejo de ministros ha dado luz verde a ayudas directas por valor de 838 millones de euros. Sánchez ha cuantificado en una horquilla de entre 5.000 euros para los autónomos y de hasta 150.000 para las empresas, en función del volumen de negocio. El Ejecutivo quiere evitar las críticas sobre la burocracia para recibir este tipo de recursos y ha dicho que para recibirlas solo será necesario trasladar el número de cuenta. Se podrán beneficiar 65.000 autónomos y 30.000 empresas, según cálculos de Moncloa.
Entre las ayudas directas para particulares, el presidente del Gobierno ha señalado que se cuadriplican las ayudas públicas previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y en vivienda, sin umbrales de renta. Se van a destinar aportaciones de hasta 37.000 euros para reparar elementos en las comunidades de vecinos y hasta 10.300 a particulares para cambiar o reparar muebles y electrodomésticos destrozados por las inundaciones.
Además de estas ayudas, el Gobierno ha aprobado la exención del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para los afectados por la DANA, así como la reducción sobre el impuesto sobre actividades económicas. También se ha dado luz verde a la exención de las tasas de Tráfico y Policía al tramitar las bajas de los vehículos dañados o la sustitución de los carnets de conducir. El Ministerio de Hacienda anunció este lunes que se ha aplazado el segundo pago de la declaración de la renta hasta 2025, una medida que esperan que beneficie a 200.000 contribuyentes. Por otra parte, también se reducirá el IRPF y el IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada.
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