Más allá del drama humano, los impactos económicos de la DANA son manejables para el sector bancario español y no afectarán a la estabilidad financiera del país, pero serán más o menos profundos y duraderos en función de las medidas que adopten las autoridades para «ayudar a las personas y que la actividad se recupere de la forma más rápida posible» en las zonas afectadas, de manera que los impactos no se prolonguen «de manera excesiva en el tiempo». Así lo ha advertido este martes el Banco de España, que ha calculado que las entidades financieras tienen algo más de 20.000 millones de euros en créditos concedidos en los municipios que sufrieron las inundaciones.
En concreto, hay 13.000 millones en préstamos a los hogares, en su mayoría concedidos a 472.000 compradores de vivienda (la cantidad de hipotecas es menor, porque típicamente cada uno de estos créditos tiene más de un titular), así como 7.200 millones prestados a unas 23.000 empresas. Por ponerlo en perspectiva, esos volúmenes de financiación equivalen a apenas el 1,9% de los créditos a familias y el 1,6% de los de empresas de toda España. Sin embargo, la suma de los 20.200 millones en créditos en las zonas afectadas suponen el 37% de los concedidos por la banca al sector privado en la provincia de Valencia y al 21% de los prestados en la Comunidad Valenciana.
El director de estabilidad financiera del Banco de España, Ángel Estrada, ha recordado que se trata de cifras de máximos y que no todos estos préstamos se convertirán en pérdidas para los bancos por la incapacidad de sus clientes para pagarlos. «Las exposiciones son relativamente altas, pero (la DANA) no supone un evento sistémico para el conjunto del sistema bancario español», ha mantenido antes de afirmar que un «sector bancario como el que tiene España puede absorber sin mayores dificultades» las pérdidas que acaben materializándose.
Cálculo prematuro
En este sentido, ha destacado que parte de dichas pérdidas serán absorbidas por el Consorcio de Compensación de Seguros para las personas y empresas aseguradas, además de que «parece» que el Gobierno también va a aprobar ayudas directas a las rentas y las obligaciones financieras. Asimismo, ha defendido que son positivas y convenientes medidas como los ertes, moratorias hipotecarias o acuerdos entre inquilinos y propietarios con los alquileres. Pero la clave para que los impactos económicos del desastre no sean duraderos, ha insistido, es la «actividad se recupere» en las zonas afectadas.
Hasta que no haya más claridad sobre ello, no se podrá calcular el efecto de la DANA sobre el PIB valenciano y español. «Una diferencia fundamental de este evento si lo comparamos por ejemplo con la pandemia, es que se ha producido una destrucción significativa del capital físico. Este es uno de los motivos por los cuales es imperativo tomar medidas que permitan que la recuperación se produzca de manera rápida, permanente y persistente», ha argumentado.
Riesgos acelerados
El alto funcionario también ha constatado que hasta ahora los supervisores bancarios estaban más centrados en analizar los riesgos financieros de la transición ecológica porque pensaban que iba a haber «más tiempo» para acometer los riesgos físicos antes de que estos se materializaran, pero ha advertido que la DANA es la constatación de que «se está acelerando» el cambio climático. «Este evento ha excedido todo lo previsible, ha ido mucho más allá de lo que habíamos tenido en la historia», ha apuntado.
Lo ilustra bien el primer informe bienal de riesgos del cambio climático para el sistema financiero, elaborado por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el año pasado. Según aquel documento, que había geolocalizado el 60% de las viviendas de España excluidos el País Vasco y Navarra, había 81.000 viviendas hipotecadas a junio de 2022 ubicadas en las zonas inundables que con más frecuencia sufren ese tipo de catástrofes en España (cada 10 o 50 años). Una cifra ampliamente superada por las afectadas por la DANA.
