Una semana después de que comenzara la DANA del siglo, de poco sirve —sobre todo, a los que han perdido todo— hacerse preguntas como «¿qué hubiera pasado si se hubieran tomado las medidas oportunas?«.

Una de las más cuestionadas ha sido el aviso que los ciudadanos recibieron en sus móviles el pasado martes, pese a las advertencias lanzadas por Aemet en días anteriores. Aunque también ha habido quienes han apuntado a decisiones tomadas décadas atrás.

Y es que hace justo 20 años el Gobierno anunció la construcción de una presa en Cheste para evitar las riadas en 16 municipios valencianos; entre los que se encontraban algunos de los más afectados ahora por la DANA (Aldaia, Paiporta o Chiva). Las estimaciones entonces apuntaban a que cerca de 200.000 habitantes se verían afectados de producirse inundaciones.

La derogación del Plan Hidrológico Nacional en 2005 trajó consigo su paralización. Seis años más tarde, el entonces Ministerio de Medio Ambiente rechazó la presa, que aparecía como la primera alternativa en el estudio de impacto ambiental, optando por la construcción de vías verdes, al ser más favorable para «el medio biótico, mediante la recuperación de hábitats y la reducción de superficie de ocupación con las infraestructuras y el medio socioeconómico». 

Una medida «efectiva»

Sin embargo, el elevado precio de este tipo de construcciones (cercano a unos 300 millones de euros) ocasionó, con la llegada de la crisis económica, que no se pusiera en marcha un proyecto que preveía aumentar el caudal del barranco del Poyo hasta los 1.500 m3/s. La capacidad actual es de 800 m3/s. «Esto no quiere decir que los daños se hubieran reducido a la mitad, pero sí que podrían haber sido muy inferiores», asegura a EL ESPAÑOL Federico Bonet, antiguo decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia.

«Sin duda hubiese supuesto una disminución de los daños«, añade Javier Baztán, miembro del Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ambos coinciden en señalar que una presa como la de Cheste podría haber almacenado parte del volumen de la riada. Son conscientes, eso sí, de que se hubieran producido inundaciones, pues en algunos puntos se alcanzaron los 2.000 m3/s.

En el río Magro, otra de las zonas afectadas por la DANA, estaba previsto construir una presa de laminación de avenidas a principios de siglo. Las también conocidas como «presas de agujero» tienen como función laminar la avenida de manera que los caudales que salen de la presa sean muy inferiores a los de la entrada. Y por tanto, se evitan los daños aguas abajo de la presa.

Sobre el río Canyoles, en el municipio de Montesa (Valencia), también está pendiente la construcción de una presa. Pero, como lamenta Bonet, «en los últimos 20 años no se ha realizado ninguna obra hídrica». Sospecha que se debe a que son «muy costosas desde el punto de vista económico y social«.

Los ingenieros ponen el ejemplo del desvío realizado en el Turia, a raíz de la riada de 1957, para demostrar que los encauzamientos se han demostrado «efectivos», evitando las inundaciones en la propia ciudad de Valencia».

El director del Instituto de Investigación en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de Valencia (IIAMA-UPV), Manuel Pulido, cree que «la presa hubiera laminado bastante», teniendo en cuenta los caudales que se han superado. Por ello plantea una restauración hidrológica forestal, con pequeños diques de contención en la cuenca alta del barranco, que es donde se generan los caudales.

Con «una parte controvertida»

Las inundaciones que ha dejado la DANA en los últimos días ha puesto sobre aviso a España, donde hay 2,7 millones de personas que viven en zonas inundables. Y es que como comenta el geólogo de la Universidad Complutense de Madrid David Uribelarrea la construcción de presas tiene «una parte controvertida».

Por un lado, mitigan parcialmente las inundaciones. Pero por otro, también generan una falsa sensación de seguridad. Entiende, por ello, que es más conveniente llevar a cabo una buena planificación del territorio, antes que construir infraestructuras que tienen un gran impacto medioambiental: «Ahora no podemos llenar los valles del Levante español de presas porque sería un desastre ecológico«.

El delegado de Colegio de Geólogos en la Comunidad Valenciana, Joaquín Martínez, incide en llevar a cabo una buena regulación de las zonas inundables: «Entiendo que a otras profesiones no le gusta lo que nosotros [los geólogos] decimos. Pero si construyes en un barranco con cemento, lo que provoca es que no infiltre el agua y aumente su velocidad».

Aunque, como apunta el exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia, en las zonas afectadadas alrededor del barranco del Poyo «está prácticamente todo construido«, por lo que no cree que tenga sentido ya prohibir construir en estas zonas: «Lo que pienso que hay que hacer ahora es protegerlo de alguna forma».

«Y no se trata de buscar culpables», prosigue Bonet, «porque tras la crisis vino un gobierno de Mariano Rajoy y otro de Pedro Sánchez. Es un problema de toda la sociedad, de estar más concienciados».

Fuente