Las acusaciones particulares de las seis niñas que sufrieron presuntas agresiones sexuales durante cinco años por parte del industrial de Villaralbo piden más de 300.000 euros de indemnización para las menores. Las seis adolescentes que acusan al empresario de haberlas violado de forma continuada cuando tenían entre 11 y 16 años abren con sus aterradores testimonios el juicio que celebra este lunes en la Audiencia de Zamora y que se prolongará hasta el día 11 de noviembre para decidir si se le imponen los 59 años de prisión que exige la Fiscalía de Zamora para el que considera como el mayor depredador sexual procesado en la provincia.
La sala estará formada por tres magistrados de Salamanca, tras la recusación de las magistradas y del magistrado de Zamora.
Un informe de última hora
El juicio se lleva a cabo a pesar de que la defensa del acusado presentó la víspera de Los Santos un informe psiquiátrico del industrial de Villaralbo que los abogados de las menores no han estudiado en profundidad. Por este motivo se han planteado pedir la suspensión del juicio y poder alegar en contra de ese informe. Se trata de una prueba más y si la admiten puede causar indefensión a las víctimas. No obstante, el presidente de la Audiencia Provincial ha consdierado que no es el momento de pedir contra informes y el juicio ha comenzado. Tampoco ha aceptado que la única menor denunciante a día de hoy declare a puerta cerrada. Todas ellas lo harán con bimbo y solo la verán las partes.
El escrito de acusación del Ministerio Público y de los seis abogados de la acusación particular sitúan la comisión de las agresiones sexuales durante la celebración de fiestas que organizaba en casa para que el grupo de niñas, amigas de sus dos hijas, así como cuando las llevaba vacaciones sin que los padres y madres de las menores sospecharan sus niñas que pudieran ser violentadas por quien parecía un ejemplar amigo. Precisamente, esa estrecha relación entre el procesado y las familias de las adolescentes se convertiría en una ventaja para el adulto, que tenía ganada la confianza de las adolescentes, en principio, como figura de referencia para ellas, la persona que consideran que jamás las hará daño, ya que a las personas mayores se les confiere un rol como protectores y no como potenciales agresores. Esta es una de las agravantes que solicita la Fiscalía.
A esa percepción en la relación de amparo adulto-menor, que en este caso no sería ajustaría, se añadiría el miedo de las niñas a contar sus experiencias y no ser creídas, la vergüenza que siempre está presente en las víctimas de agresiones sexuales y la culpa, según los expertos en el análisis y tratamiento del trauma que provocan estas experiencias. Precisamente, fue la psicóloga de una de las denunciantes la que alertó a la familia de que la menor había sido agredida sexualmente.
Las denuncias en cascada
A partir de ahí, se desencadenaron los testimonios del resto de las adolescentes con relatos prácticamente idénticos sobre el proceder del acusado, según recogen los escritos de acusación, y las denuncias fueron en cascada. El 20 de febrero de 2022, el conocido empresario de Zamora, nacido y residente en la capital, acabó en Topas, tras prestar declaración ante la jueza.
Las menores habían relatado que el imputado las agredía sexualmente después de convencerlas para darles un masaje, en ocasiones, después de haberlas dejado beber alcohol a pesar de sus edades, declararon en su día las denunciantes, momento en el que aprovecharía para realizar tocamientos y, en algunos casos, penetrarlas. Los hechos ocurrirían en el domicilio de P.F.R., tras esos encuentros del grupo de amigas para los que se ofrecía a prestar su vivienda sin ningún problema, una actitud que los padres y madres de las presuntas víctimas admiraban por esa supuesta buena disposición a acoger a las niñas. La misma admiración que lograba cuando se llevaba a las niñas de viaje con sus hijas en periodos vacacionales lejos de la provincia, como, por ejemplo, a Alicante o Benidorm, al parecer, el objetivo siempre era el mismo: quebrantar la libertad sexual de las niñas.
El empresario se defenderá el viernes de los ocho delitos que le imputan
El imputado responderá de todas esas acusaciones el penúltimo día del juicio, este viernes 8 de noviembre tras llegar desde la cárcel de Topas, donde continúa en prisión provisional por otros cuatro años, hasta que exista un sentencia firme, después de que la Audiencia le haya vuelto a denegar la libertad provisional horas antes de comenzar el juicio. La petición llegó al Tribunal provincial el 15 de octubre, tumbada en días por la sala de Zamora con idénticos argumentos con los que decidió mantener a P.F.R. recluido el 19 de febrero de 2024, un fallo corroborado por el Tribunal Superior de Castilla y León en abril pasado.
Fuga
La gravedad de los delitos de violaciones y abusos sexuales por los que será juzgado sujetan esa determinación de las magistradas de Zamora ante «la necesidad de evitar que se sustraiga a la acción de la justicia», que pueda fugarse, dadas las elevadas penas que afronta, eliminar o manipular pruebas o influir sobre los testigos para evitar las elevadas penas de prisión a las que se enfrenta.
La Fiscalía exige a la Audiencia condenas de cárcel que oscilan entre los 12 años de reclusión por violación continuada hasta los dos años y siete meses por abuso sexual, además de otras de 11, por agresión sexual con penetración; de cinco años y seis meses por abusos sexuales continuados a varias de las niñas que denunciaron. En total, la acusación pública le imputa 8 delitos contra la indemnidad sexual de las menores.
