Entre ellas, dos de las cuatro que más dinero recibieron de los más de 124 millones dedicados por el Gobierno canario de entonces incumplían todos los requisitos.
Y de esas dos, la más favorecida fue la ‘sociedad tapadera’ creada por Víctor de Aldama, conseguidor de la llamada trama Koldo.
El Gobierno insular del hoy ministro Ángel Víctor Torres acordó la adjudicación irregular de contratos «nulos de pleno derecho» a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por valor de 9.775.500 euros. Alrededor del 12% del total de lo adjudicado.
Las contrataciones con la trama Koldo, además, se hicieron irregularmente a dedo, directamente desde la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Este ente autorizó gastos superando los umbrales establecidos en la ley para la realización de los mismos, sin que conste que pasara el filtro de la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.
Así se constata en un informe de la ACC, con fecha del 12 de mayo de 2022, que ahora ve la luz. El documento fue ocultado por el mismo Ejecutivo de Torres, gracias a la mayoría de vocales designados por el PSOE y Nueva Canarias. Según las fuentes consultadas, fue en esas circunstancias que el documento no fue aprobado por el pleno de la Audiencia, y se quedó en un cajón, en junio de ese año.
El informe, que ahora está en poder de este diario, será llevado al Parlamento de Canarias en uno de los primeros plenos de este mes de noviembre, tal como han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del actual Ejecutivo autonómico.
Dada la mayoría absoluta con la que cuenta la actual alianza de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular, se puede afirmar que el informe será remitido al Tribunal de Cuentas. Una vez allí, este organismo deducirá las responsabilidades contables que le podrían corresponder a Torres y a sus entonces consejeros.
De haber visto la luz en su momento, el documento habría sido demoledor para el hoy ministro de Política Territorial. Sus conclusiones son taxativas: «Tales contratos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público] pudieran estar incursos en algunas de las causas de nulidad de pleno derecho«.
Los datos
En el informe, la Audiencia de Cuentas cuestionaba la cuantía de los contratos: «[Estas dos] empresas que generaron el mayor volumen de contratación al citado organismo autónomo (superaron los ocho millones de €)». Pero no sólo, también la «falta de garantías» y que se hicieran con empresas «sin experiencia acreditada en el sector sanitario».
Concretamente, Soluciones de Gestión incumplía, como las otras cinco sociedades ya citadas, los dos criterios principales para haber operado como contratistas de urgencia para la adquisición de material sanitario: ni su objeto social correspondía con la licitación convocada por el Gobierno de Torres ni estaban inscritas en el ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado), dependiente del Ministerio de Hacienda.
La empresa de la trama Koldo recibió los casi 10 millones de euros del Gobierno socialista canario por sólo dos adjudicaciones en el periodo estudiado por el informe. La primera licitación, el 4 de mayo de 2020, para el «suministro de dos millones de mascarillas protectoras KN95 para la lucha frente a la Covid-19 para el Servicio Canario de la Salud», por valor de 5.000.000 de euros.
Y la segunda, el día 22 del mismo mes, para la «adquisición mascarillas protectoras FFP2 destinadas a los hospitales del Servicio Canario de la Salud por emergencia sanitaria COVID19″, valorado en 4.775.500 euros.
Contradicciones
Se da la circunstancia de que el sumario de la investigación en la Audiencia Nacional acaba de incorporar una serie de wasaps cruzados entre el entonces presidente canario y uno de los socios de Aldama en la trama presuntamente corrupta.
Aldama está hoy en prisión preventiva por su implicación en otro fraude, también relacionado con una concesión del Gobierno de Pedro Sánchez, una licencia de hidrocarburos por la que habría defraudado más de 180 millones en IVA.
Apenas tres meses después de cerrar los dos contratos citados con la empresa de Aldama, el 25 de agosto de 2020, Torres envió a Ignacio Díaz Tapia el siguiente mensaje, al filo de las nueve de la mañana:
«Hola. Te envío el teléfono del consejero [de Sanidad] pero podríamos después hablar, si te parece, sobre los avances. Y, si puedes, envíame a este WhatsApp la info del otro día, porque he hablado con [el ministro de Sanidad, Salvador] Illa, estos días y parece hay buena recepción».
El ‘wasap’ del ministro Torres al empresario y socio de Aldama Ignacio Díaz Tapia.
Díaz Tapia se había dirigido a Ángel Víctor Torres como representante de la empresa Eurofins Megalab, otra de las compañías de la trama Koldo, ofreciéndole información sobre unos test antiCovid que ofertaba, en plena desescalada.
Un informe de la Guardia Civil, ya enviado a la Audiencia Nacional y que mencionaba someramente la existencia del chat entre el empresario y Torres, ubica a Koldo García como la persona que había intermediado entre el Díaz Tapia y el hoy ministro. Todo, a pesar de que Torres sostuvo ante el Congreso que «jamás» ordenó «que se contratara con una empresa o no se contratara con otra».
Así lo indicó el pasado 10 de junio durante la comisión del caso Mascarillas, donde también negó haber hablado nunca con Koldo. «A mí no me llamó el señor [Koldo] García ni el señor [José Luis] Ábalos», dijo entonces. «Jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes», enfatizó.
Conclusiones
El documento de la Audiencia de Cuentas de Canarias culmina con un apartado de conclusiones demoledor: «Las actuaciones realizadas por el Servicio Canario de Salud, en relación a este expediente, pudieran conllevar la existencia de hechos indiciarios de responsabilidad contable«.
Esto podrá ser dilucidado en breves fechas, una vez que el Parlamento de Canarias apruebe el documento y éste sea remitido al Tribunal de Cuentas, «la Institución que tiene atribuida tal función».
Además, el informe indica que 12 de los 18 libramientos de fondos, correspondientes todos ellos al SCS, «se justificaron fuera de plazo«.
Y que hay cuatro millones de euros pagados y no justificados correspondientes a dos contratos más para compra de mascarillas que nunca se llegaron a recibir.
El dosier expone también que las sociedades contratadas presentan un objeto social que «no se corresponde con la venta de material sanitario».
Es decir, que el SCS adjudicó la compra de material sanitario «a empresas que no consta que hubiesen ni acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica» conforme a lo establecido en la LCSP, ni «tampoco estar capacitados legalmente para contratar con la administración», según su objeto social.
Esto es lo que lleva a la ACC a decretar la probable «causa de nulidad» de las contrataciones realizadas.
Y finalmente, la Audiencia de Cuentas afea al Gobierno canario del hoy ministro Torres que «en ninguno de los expedientes verificados» consta que el Servicio Canario de Salud comprobara ni «la capacidad de los adjudicatarios ni tampoco que se les haya exigido la preceptiva solvencia económica, financiera y técnica para llevar a cabo las adjudicaciones realizadas».
