El Consejo de Ministros ha aprobado en este mes de octubre partidas destinadas a Defensa por un valor superior a los 195 millones de euros. Algo más de la mitad están destinados a la adquisición de monoculares de visión nocturna para los efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en misiones de la OTAN, la ONU y la UE; 58 millones responden al suministro de productos alimenticios para el Ejército de Tierra y 37 millones más son para servicios auxiliares y de control del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos. Con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno busca adecuarse a la senda de incremento del gasto militar comprometida con la OTAN a través de acuerdos marco en el Consejo de Ministros que no pasan por el Congreso, a diferencia de los créditos extraordinarios.
En el pasado mes de septiembre, las autorizaciones a Defensa superaron los 700 millones de euros al sumar los acuerdos aprobados en tres de las cuatro reuniones que celebró el Consejo de Ministros. Unos gastos destinados a vehículos de transporte, equipos básicos y de combate, granadas o munición. En lo que va de año, el Ejecutivo habría superado con creces el objetivo de aumentar el gasto en Defensa en una décima del PIB.
Hasta el 1,3% del PIB, con el propósito de no desviarse de la senda comprometida con la OTAN para alcanzar el 2% en 2029. Según el último informe de la OTAN, España se sitúa a la cola de los países miembros, con el 1,28% del PIB. Antes de estos nuevos desembolsos, el ministerio de Defensa cifraba el incremento actual con respecto al ejercicio anterior en un 26%, aun sin aprobar nuevos Presupuestos. Cada décima de incremento supone alrededor de 1.500 millones de euros, por lo que en el ministerio que dirige Margarita Robles ponen más el foco en la cantidad total que en los porcentajes de PIB.
Estas partidas se han aprobado sorteando la amenaza de veto del Congreso. De hecho, cuando en el mes de abril se autorizó una partida de 1.129 millones de euros a la compra de armamento, en el marco del acuerdo de seguridad con Ucrania, Sumar presentó una objeción formal. El socio minoritario de la coalición apuesta por “racionalizar” el gasto en defensa, en lugar de incrementarlo.
En plenas negociaciones para los Presupuestos de 2025, las fuerzas progresistas, especialmente Podemos, advierten que el aumento del gasto en Defensa aleja su necesario apoyo. ERC, EH Bildu y BNG, con más o menos intensidad, coinciden en reclamar que se priorice el gasto social al militar.
Territorio vetado a los socios
En la parte socialista del Gobierno sostienen que la política de Defensa es territorio vetado para sus socios y deslizan que seguirán marcándola sin interferencias pese a los desencuentros. Para ello hacen referencia a que el recurso al Fondo de Contingencia se ha utilizado en otros ejercicios, aun con Presupuestos en vigor. Con las cuentas prorrogadas, por tanto, entienden que estarían más justificadas.
El informe anual del Consejo de Seguridad Nacional aprobado el pasado mes de marzo en Consejo de Ministros reiteraba ya el compromiso de adecuarse a la senda comprometida con la OTAN. Asimismo, se ponía en valor que en 2023 “se ha trabajado en inversiones y adquisiciones de sistemas de defensa que van en esa dirección”, además de incrementar la contribución financiera al Fondo Europeo para la Paz (EPF, por sus siglas en inglés).
En los Presupuestos de 2023 la partida para Defensa ascendió a 12.825 millones de euros. El gasto real fue más elevado al recurrirse a modificaciones de los límites de gasto o al Fondo de Contigencia para sufragar otras inversiones. Las modificaciones presupuestarias son precisamente la forma que aducen en otros ministerios, como Transportes, para asegurar las inversiones comprometidas.
