El Instituto de Medicina Legal (IML) de València ha entregado este sábado en Feria València los primeros siete cuerpos de víctimas mortales de la DANA que el martes devastó el este y el sur de la provincia de València el 29 de octubre, causando al menos 211 muertos, aunque la cifra final de víctimas mortales se prevé mayor. La entrega se produce apenas 24 horas después de que la gigantesca morgue en que se ha convertido Feria València empezara a recibir los féretros con los restos mortales de cada fallecido, una vez cumplimentada la autopsia y el proceso de identificación completa.
Fuentes de la consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, responsable del recinto ferial convertido en tanatorio para garantizar la conservación de los cuerpos dado el ingente número de víctimas mortales, han confirmado la entrega de esos primeros cuerpos, pero sin especificar el número concreto de los mismos. Tampoco, como es lógico, el destino de esos féretros.
Feria València, en Paterna, ha sido el lugar designado para albergar los féretros con los restos mortales de los fallecidos, desde donde podrán ser entregados a sus familias después de haber completado la identificación oficial.
El protocolo y el fantasma del Yak-42
Aunque en muchas de las primeras identificaciones de las víctimas mortales de la mortífera DANA se ha podido establecer su identificación completa a través de las huellas dactilares, como es el caso en cinco de estos primeros siete fallecidos entregados en la tarde de este sábado a las familias, la identificación por ADN será el método en todos los casos a partir de ahora. Es la forma de asegurar de manera totalmente fehaciente que cada familia recibe los restos de su ser querido con garantía absoluta, para evitar situaciones como las que generó la precipitación y el caos con que se identificó, en un primer momento, a los militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42, el 26 de mayo de 2003.
Por esa razón, el laboratorio de ADN de la Policía Nacional el de València y el de Madrid- como el de la Guardia Civil, en sus instalaciones centrales en la capital española, están procesando con prioridad absoluta las muestras que les llegan, tanto las de los fallecidos, recogidas durante la autopsia, como las de las personas que han acudido a denunciar la desaparición de un familiar, para cotejarlos e identificar a las víctimas mortales, prioridad absoluta en la gestión de esta catástrofe de cifras desoladoras.
El proceso de identificación
En cuanto es localizado algún cadáver en cualquiera de los puntos de rastreo en las zonas cero de la tragedia, se pone en marcha el protocolo habitual: aviso de un equipo forense-policial para que acuda a realizar el levantamiento judicial, traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València para la autopsia y toma de huellas dactilares (cuando sea factible, según el estado del cuerpo) y ADN.
Los datos son unidos y analizados por el Centro Integrado de Datos (CIC) instalado en el IML, donde se coteja la información salida del levantamiento y autopsia con la reunida sobre cada desaparecido con anterioridad, en la llamada entrevista ‘antemortem’ con sus familiares (descripción física, identidad completa, marcas identificativas como tatuajes o cicatrices, vestimenta, última ubicación), que se sigue realizando en las dos sedes policiales principales en València (Guardia Civil en la Comandancia, en la calle Calamocha, 4, y Policía Nacional, en la Jefatura Superior, en Gran Vía Ramón y Cajal, 42).
Ese cotejo inicial, de trazo grueso, permite aventurar de quién se trata, y a partir de ahí se inicia la identificación oficial. En los casos en que aún se puede por la conservación del cuerpo, se comparan las huellas necrodactilares tomadas al cadáver en la sala de autopsias con las de la base del DNI (solo se puede hacer si ya se tiene sospecha sobre la identidad).
Entrega a las familias
Tanto si ese proceso es positivo como si no, en todos los casos se hará identificación por ADN, como establece el protocolo de catástrofes con víctimas múltiples, que se puso en marcha, por ejemplo, tras el accidente del metro de València, ocurrido el 3 de julio de 1996 y, mucho más recientemente, como consecuencia del incendio de Campanar, registrado el 22 de febrero de 2024 y en el que fallecieron diez personas, tres de ellas menores de edad -dos hermanos de 3 años y ocho días y una adolescente de 14 años-.
Solo después de completada la identificación completa, el cuerpo es trasladado por la Unidad Militar de Emergencia (UME) al gigantesco tanatorio en que se ha convertido el pabellón 8 de Feria València, donde son conservados en contenedores y camiones frigoríficos permanentemente conectados a la corriente eléctrica hasta que les sean entregados a sus familias, a través de una funeraria, como ocurre con cualquier otro difunto, sea o no judicial.
