El Ejército de Tierra y la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependientes del Ministerio de Defensa, llevaban en alerta desde el miércoles por la mañana. Algunas unidades, con localización permanente de sus componentes, a la espera de una inminente activación a la vista de las imágenes que llegaban a cientos de la apocalíptica situación en València tras el paso de la mortífera DANA, la peor de su historia con 202 víctimas mortales admitidas en este momento en el conteo oficial, aunque las previsiones menos alarmistas hablan de entre 300 y 400 fallecidos. Sin embargo, la llamada activándolos, no se produjo. Hasta el jueves por la tarde, 48 horas después de la catástrofe. ¿Por qué tan tarde?
«¿Dónde está el Ejército?» Esa ha sido, de hecho, la pregunta más repetida desde las horas posteriores a la tragedia entre los miles y miles de afectados por la tragedia. Incomunicados en sus municipios y sin acceso a los bienes más básicos como el agua potable, la luz o alimentos de primera necesidad, han venido denunciando de forma desesperada la necesidad de que la ayuda llegue de forma urgente.
Y no solo ellos, los propios soldados han expresado a familiares, pero también a través de redes sociales y de chats militares su descontento, su angustia porque «no nos están dejando intervenir cuando lo tenemos todo para ayudar». Hasta han criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, atribuyéndole, por ignorancia, una responsabilidad que, al menos esta vez, no tiene.
La explicación es sencilla. El martes, a las 15.20 horas, la Generalitat dio el primer paso. Elevó la alerta al nivel 2. Significa Supone admitir que los daños, personales y materiales, son o se preven de tal volumen que no se puede afrontar con los recursos propios, por lo que es una vía para pedir esos recursos a quien sí los tiene, en este caso, al Gobierno central, el único con competencias sobre las fuerzas armadas. Pero, ¿por qué es así? ¿Qué es el nivel 2? ¿Hay más?
El Sistema de Protección Civil en un Estado con autonomías, como es el español, establece que son las comunidades autónomas las que ostentan las competencias en materia de emergencias. En este caso, la Generalitat de Carlos Mazón. El Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana es claro al establecer que es el gobierno valenciano el responsable de gestionar este tipo de crisis, las de nivel 2, mientras «no se haya declarado por parte del Ministerio del Interior la emergencia de interés nacional».
Este sería un caso extremo, pues debería de aplicarse de forma unilateral por el Gobierno y sería como aplicar el artículo 155, interviniendo la autonomía del Ejecutivo autonómico y arrebatándole las competencias. Se hizo por última vez, por ejemplo, durante los terremotos en Murcia en 2018, pero la murciana es una comunidad autónoma con muchos menos recursos que la valenciana.
La Generalitat manda salvo en el nivel 3
Por tanto, mientras no suceda esto, la Generalitat es la que capitanea la crisis y es la única competente para reclamar refuerzos al Estado. Y para gestionarlos y decidir adónde van y qué hacen. El plan especial contra inundaciones señala que «corresponderá» al gobierno valenciano «la dirección de las emergencias declaradas en situación 0, 1 y 2».
En los dos primeros niveles, los medios son únicamente municipales y autonómicos. A partir del grado 2 es cuando entra la Administración central, pero no lleva el mando, sólo está presente. Alcanzar este punto habilita a la Generalitat a pedir recursos al Estado, pero sin ceder el mando, por lo que la gestión de esos recursos, cuántos, cómo y en qué se emplean lo decide únicamente el presidente de la Generalitat Valenciana.
Y eso precisamente lo que sucedió el martes, cuando sobre las 15.20 horas se elevó a nivel ed la emergencia de 1 a 2 en la zona de Utiel, lo que permitió pedir al Estado que el envío de la UME. A las 19.30 se extendió a toda la provincia de Valencia. Y solo hasta el jueves, después de la visita del presidente del Gobierno, Mazón acabó pidiendo la entrada del Ejército de Tierra y de otros recursos estatales como forenses y más policías nacionales y guardias civiles destinados en otras comunidades autónomas.
