La continuidad de los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas abre un frente en el Gobierno de coalición, después de que esta semana el Ministerio de Hacienda alcanzase un acuerdo con PNV y Junts donde dar por concluido el gravamen a las empresas energéticas. Un acuerdo que sí mantiene, aunque limitado, el impuesto a la banca, que se transforma para que su gestión pase a las comunidades autónomas, que podrán aplicar bonificaciones. Sumar ha rechazado este acuerdo y amenaza con tumbarlo en el Congreso, en una votación prevista para el 14 de noviembre.
El Gobierno ha incluido este acuerdo, vía enmienda a través del Grupo Parlamentario Socialista, en la llamada ‘ley del 15%’, un proyecto de ley que transpone una directiva europea y fija el mínimo del Impuesto de Sociedades en un 15% para multinacionales. Y aunque la reivindicación de elevar este tipo mínimo era un elemento común en todas las fuerzas progresistas que apoyan al Gobierno, empezando por Sumar, la política de alianzas que ha emprendido el PSOE en materia fiscal ha rebelado a sus aliados, dejando en el aire tanto los acuerdos alcanzados como la propia norma.
Podemos ha avanzado que está dispuesto a rechazar la norma completa a menos que incluya también una prórroga de los impuestos a las energéticas. Sin sus votos, está en duda la ley para elevar el Impuesto de Sociedades a las multinacionales, cuya aprobación quedará a expensas de los partidos de la derecha.
En las filas de Yolanda Díaz, que forman parte del Gobierno de coalición, avanzan que irán hasta el final en su rechazo a la enmienda pactada, y que están dispuestos a tumbar en el Congreso el acuerdo de Hacienda con PNV y Junts. Tampoco ERC ni Bildu son partidarios de dejar caer el impuesto a las energéticas, con lo que los socialistas deberán buscar los votos de la derecha para que salga adelante el acuerdo con PNV, que sólo contempla la reforma del impuesto a la banca.
Después del rechazo frontal de Junts a prorrogar el impuesto a las energéticas y a los las condiciones del PNV, que lo condicionó a que pudiera ser gestionado por las comunidades para aplicar subvenciones, el acuerdo final de Hacienda con ambas fuerzas terminó por dejar este asunto fuera de la legislación, y se limitó a diseñar un nuevo impuesto a la banca, que se limita a gravar los intereses y las comisiones de las entidades financieras durante tres años, hasta 2028. En la treintena de enmiendas socialistas presentadas, no se ha incluido ninguna relativa al impuesto a las energéticas, que tiene previsto decaer el 31 de diciembre.
Malestar en Sumar
Este baile de alianzas por parte del PSOE vuelve a romper la unidad no sólo entre la mayoría progresista que sostiene al Gobierno, sino entre los propios socios de coalición. Y lo hace precisamente en un momento especialmente delicado, cuando se negocian los futuros presupuestos generales del Estado para 2025 en el que se pretendía aplicar una reforma fiscal.
La reforma fiscal, sin embargo, ha llegado por la puerta de atrás a través de un proyecto de ley donde también se ha incluido una subida del impuesto al diésel de más de 9 céntimos el litro o un aumento a los impuestos del tabaco y los vapeadores, adqemás de un aumento del tipo impositivo al ahorro por encima de los 300.000 euros
En Sumar se muestran visiblemente molestos por la actuación del Ministerio de Hacienda. Este mismo miércoles las negociaciones continuaban entre María Jesús Montero, por la parte socialista, y el ministro Ernest Urtasun y el portavoz de Hacienda, Carlos Martín Urriza, por el socio minoritario de la coalición. La ministra abandonó las negociaciones excusándose en que debía atender la crisis de la dana que ha arrasado la Comunidad Valenciana unas horas antes de que expirase el plazo, a las 18 horas. En las filas de Yolanda Díaz elaboraron sus propias enmiendas a la norma, con el objetivo de negociar con el PSOE durante la tramitación en Comisión, pero la sorpresa llegó cuando el PNV anunció un acuerdo con el Gobierno que dejaba atrás el impuesto a las energéticas.
Futura negociación
El malestar con Hacienda espera reconducirse en la semana del 12 de noviembre, donde se prevé dar el impulso final a la norma para su aprobación definitiva. Esa semana está previsto que tenga lugar el informe de ponencia y que se apruebe en la comisión parlamentaria antes de votarse en el Pleno del Congreso el jueves 14 de noviembre. Sumar confía en que el PSOE se avenga a incorporar el gravamen en los trámites previos a su votación definitiva. De no ser así, Yolanda Díaz llevará sus propias enmiendas al Pleno «para que cada uno se retrate», y avanza que tumbará la enmienda socialista pactada con Junts y PNV.
Las enmiendas de Sumar van encaminadas a mantener ambos tipos impositivos -a empresas de banca y energéticas- en su diseño actual, es decir, en la fórmula del gravamen, que da un blindaje frente a las bonificaciones de las comunidades e impide que se suavice la recaudación, además de impedir que las CCAA puedan llevar este impuesto a los tribunales.
Los impuestos que ahora se debaten llevan en vigor más de dos años, después de que el Gobierno, integrado entonces por PSOE y Unidas Podemos, lo sacara adelante en verano de 2020 para financiar las ayudas contra la inflación desatacada por el estallido de la guerra de Ucrania. Desde entonces, ambas medidas se han ido posponiendo periódicamente y ahora amenazan con transformarse, en el caso de la banca, y de decaer, en el caso de las energéticas. Un motivo que apunta a ser casus belli entre los socios del Gobierno de coalición.
