«Nuestros recursos se desbordaron, poniendo a prueba un sistema de salud que no tenía capacidad suficiente ni medios para atender al gran número de mujeres que llegaban de fuera del estado en busca de asistencia sanitaria reproductiva«, explica a EL PERIÓDICO Eve Espey, ginecóloga y especialista en planificación familiar en Nuevo México, estado vecino a Texas, uno de los que ha prohibido el aborto en los últimos dos años. En total, 21 de los 50 estados de EEUU han prohibido la interrupción del embarazo o lo han restringido hasta reducirlo a lo imposible. Pero los otros 29 estados tampoco han quedado indemnes: han visto colapsados sus sistemas de salud, ya de por sí frágiles en un país que cuenta con subsidios para personas mayores o vulnerables pero que no tiene una sanidad universal y gratuita. Esta tormenta perfecta ha hecho que miles de mujeres conduzcan durante horas hacia estados vecinos en busca de asistencia sanitaria básica, a veces incluso poniendo en peligro su vida.
Que en EEUU se dejara de poder abortar libremente después de 50 años en los que sí se permitió responde a que, en 2022, el Tribunal Supremo revisó –y revocó– una decisión favorable que había tomado en 1973. No fue una prohibición para todo el país, si no que la corte, al levantar su protección federal, dejó la decisión en manos de los estados. Por eso, los estados gobernados por republicanos no tardaron en aprobar leyes prohibiendo esta práctica médica o limitándola a las 12 o incluso las 6 semanas de embarazo, un periodo que, para algunas personas, es insuficiente para siquiera descubrir un embarazo no deseado. Sobre todo para las mujeres más vulnerables.
«Aunque hemos sufrido tensiones como proveedores de salud, estos problemas palidecen en comparación con lo que tienen que soportar nuestras pacientes: desde sentirse criminalizadas por acceder a asistencia sanitaria básica hasta enfrentarse a obstáculos a veces insuperables para recibir la atención médica que necesitan», lamenta Espey, que lleva ejerciendo 25 años en Nuevo México y es miembro del colegio profesional de obstetricia y ginecología, una organización pionera en la promoción de la salud sexual, un tema generalmente de consenso pero politizado en esta elección.
El derecho al aborto nunca estuvo recogido en la Constitución de EEUU, la más antigua de la historia que sigue vigente a día de hoy desde 1788. Fue el Tribunal Supremo el que determinó que tal derecho merecía protección federal, y años después, la misma corte se desdijo. Desde entonces, el asunto ha quedado reducido a un falso debate administrativo, sobre si es un tema que regir a nivel federal o estatal, una posición que da una imparcialidad ficticia a Donald Trump pero en el que su candidato a vicepresidente ha ido más lejos pidiendo una prohibición nacional. En realidad, la regresión del debate público responde a cinco décadas de presión del lobby provida (antiaborto) muy marcada por el sector más religioso y conservador de la sociedad americana.
Todavía no está claro cómo afectará el cambio de presidencia, sea Trump el vencedor o Harris. A pesar de que la Casa Blanca es actualmente demócrata, con Joe Biden al frente, el Tribunal Supremo sigue contando con seis jueces conservadores y solo tres progresistas. El cargo es vitalicio –los nomina el presidente y los refrenda el Senado– y los últimos tres relevos se produjeron durante la Administración Trump.
Sanidad frágil
«Nuestro estado [Nuevo México] se ha tenido que adaptar y expandir sus capacidades, tanto ampliando sus instalaciones como con contratación de personal», explica Espey, que cuenta cómo algunos centros de salud reproductiva que han quedado atrapados dentro de estados que han prohibido el aborto han trasladado sus clínicas allí donde puedan trabajar y atender a sus mismas pacientes, fuera de sus fronteras estatales. Tener que conducir durante horas para recibir una atención médica a veces urgente ha tenido un impacto físico y en la salud mental de mujeres ya que las prohibiciones pueden llegar a ser tan draconianas en algunos estados que no admiten excepciones.
Para paliar ese estrés físico y emocional, muchos centros han creado una figura a la que llaman ‘navegadores‘, que son enfermeras o comadronas que ayudan a las pacientes con la logística cuando tienen que ir fuera de su estado y les ayudan a buscar fórmulas de financiación. «Al principio hubo una gran afluencia de donaciones para sufragar los gastos de la intervención, el viaje y, a veces, el cuidado de otros hijos y anticonceptivos. Pero esos fondos se están agotando y no son una solución sostenible a largo plazo«, reclama Espey. Es el problema de suplir con esfuerzo comunitario las carencias de un sistema endeble. Además, algunas pacientes no pueden pagar los tratamientos y acumulan deuda médica, lo que constituye el principal motivo de empobrecimiento de las familias, además de que los hospitales vean repercutidos esos impagos en su propios ejercicios económicos.
Suscríbete para seguir leyendo
