¿Reaccionó tarde la Generalitat Valenciana ante una aviso de DANA que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) venía adelantando desde el día 24 de octubre, y que a las 7:31 horas del día 29 convirtió en alerta roja? ¿Debió tomar las riendas el Ministerio del Interior y centralizar el mando de la emergencia? ¿Se pudo reducir el saldo de víctimas mortales de esta tormenta sin nombre que ha arrasado pueblos en Valencia, y desbordado calles en Cuenca, Albacete y Málaga?
«Habrá tiempo para hacer las valoraciones pertinentes», aventuraba este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como portavoz del Comité de Crisis montado en Moncloa. Acababa de relatar que entre la alerta roja de la AEMET y la declaración del nivel 2 de emergencia en Valencia pasaron casi ocho horas sin reacción autonómica. En torno a estas preguntas y a su contenido técnico gira ahora la pelea en que, por los efectos de este temporal, se enzarzan el Gobierno de izquierda y la Generalitat Valenciana del PP, desde que, este miércoles, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acusara de «actitud miserable» a los socialistas, le contestara Torres con la secuencia horaria de alertas y el presidente valenciano Carlos Mazón despejara la pelota hacia Madrid.
Cómo se ordena el sistema
El primer detalle de actuación de las autoridades que conocieron los ciudadanos afectados fue un pitido de alarma en sus móviles. Técnicamente, lo llaman «112 inverso» o «ES Alert» en Protección Civil , también «alerta masiva» en Interior. Es el mensaje que, a través de la tecnología Cell Broadcast, puede enviar una autoridad a todos los terminales telefónicos de una población. Hubo una alerta masiva, pero se emitió pasadas las 20 horas, cuando ya miles de valencianos se veían en sus coches o sus balcones sitiados por el agua.
Pero no es sobre ese dato horario -ya comprobado- en torno a lo que gira ahora la discusión, cada vez más agria, por la catástrofe, sino sobre quién debió liderar los sucesivos escalones de respuesta ante el terrible temporal que ya era profecía cumplida en el interior de la provincia de Valencia.
Ante el riesgo de catástrofes, la Normativa Básica de Protección Civil prevé tres fases. Casi toda la acción está en la segunda, la de emergencia, después de una primera de prevención y antes de una tercera de recuperación. Y esas fases delimitan el ring en que se libra el combate político del momento.
Hay un orden escrito; el principal se llama PLEGEM. Las siglas corresponden al Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Hay también planes territoriales, que se han de diseñar para que puedan encajar en el PLEGEM. Y hay leyes que regulan su funcionamiento. La principal es la Ley 17/2015 de 9 de julio, o Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. De esa ley emana la Norma Básica de Protección Civil que se emitió por Real Decreto el 20 de junio de 2023.
Las «situaciones operativas»
La primera fase es de alerta o pre emergencia, y solo prevé una situación operativa, la 0. En esa situación, los servicios de Protección Civil operan de forma ordinaria y no se requiere movilizar más recursos, acaso medidas preventivas para «la protección y la autoprotección de la población».
La segunda fase es la «de emergencia». Llegado este momento, es la autoridad autonómica, o también la municipal, la que, con sus propios medios, decide cómo afrontar el problema. Esta fase prevé tres «situaciones operativas», o SO. La SO1 solo requiere medios locales del ayuntamiento o el gobierno autonómico. La SO2 es la que decretó la Generalitat… pasadas las tres de la tarde del triste día 29. En esa situación operativa lidera toda la acción el gobierno autonómico. En la S02, la autonomía tiene capacidad, por ejemplo, para ordenar a los ciudadanos que no salgan a las carreteras y advertirles del peligro que correrían sus vidas o de que podrían convertirse en obstáculos para el paso de los servicios de ayuda y rescate.
No se hizo esa petición en la SO2 valenciana. En esa situación, dependía de la Generalitat pedir ayuda a otras administraciones, como la del Estado, o fuera de su territorio. Fue el caso de la llamada que hizo Valencia para que interviniera la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 20:36.
La situación operativa 3 se declara ante «las emergencias de interés nacional» -dice la norma- por «la persona titular del Ministerio del Interior». Es la situación más grave y amplia. Se pone en marcha «cuando se considera que está en juego el interés nacional», explican fuentes de Interior. Se puede activar por iniciativa propia del ministro o a instancia de las comunidades autónomas o los delegados del Gobierno. En ese caso, el director de la emergencia es el propio ministro, y la dirección operativa recae en manos del general jefe de la UME.
Reproches
La comunidad autónoma afectada por una catástrofe como esta DANA puede dirigirse a Interior y pedir la SO3, pero eso no ocurrió en la noche del 29 de octubre. En el cruce de acusaciones entre Moncloa y Valencia, el Gobierno sostiene que la Generalitat activó tarde y mal la SO2. Carlos Mazón y su equipo se defienden acusando a Interior de no centralizar el mando declarando una situación operativa 3.
Desde el Consell se ha difundido el argumento de que Fernando Grande-Marlaska «ha dejado en la estacada a una comunidad autónoma», y la catástrofe sufrida «es sin duda una emergencia de interés nacional» cuya respuesta correspondía al Estado.
En Interior creen que el presidente Mazón se está sacudiendo su responsabilidad. De hecho, recuerdan que ya dos comunidades gobernadas por el PP, Madrid y Andalucía, asumieron el liderazgo de situaciones operativas 2 y enviaron en tiempo y forma sus alertas masivas «en emergencias de similares características». Interior no activo motu proprio la SO3 porque «no se consideró adecuado, pues se aplica a situaciones con implicación de varios territorios, como un terremoto que afectara a una gran parte de España», explican fuentes de ese departamento.
Hay un escenario delicado, poco mencionado, en el sistema de alertas. Según el artículo 29 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la emergencia de interés nacional es aquella en que -además de tener afectación en varias comunidades autónomas y una gran dimensión- requiere la activación de estados de alarma, excepción y sitio.
No fue el caso en Valencia; no esta vez, al menos. Pero puede que ese sea el escenario si el cambio climático provoca DANAS cada vez más violentas y el público y los gobiernos locales no se toman en serio las alertas rojas de la AEMET.
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