El reciente fallo judicial que otorga a Ayacucho FC la oportunidad de retornar a la Liga 1 en la temporada 2025 ha reavivado el debate sobre las constantes irregularidades en el balompié nacional. Esta decisión, que surgió a raíz de una acción de amparo presentada por el club tras la negativa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a modificar la tabla de posiciones de la temporada 2022, no es un caso aislado. Situaciones similares han marcado precedentes en el fútbol peruano y han afectado la estabilidad de varias temporadas.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Alianza Lima en 2020. En esa temporada, el histórico club blanquiazul descendió a la Liga 2. Sin embargo, tras apelar ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), se le otorgó la permanencia en la primera división para la temporada 2021. Alianza Lima argumentó que el club Carlos Stein incumplió con los pagos oportunos a sus jugadores, por lo que solicitó que se aplicaran sanciones, lo cual resultó en una deducción de puntos para Stein, permitiendo que Alianza Lima mantuviera su categoría.

Un año después, el 20 de enero de 2022, nuevos reclamos por irregularidades administrativas volvieron a generar polémica. En esta ocasión, Cienciano, Deportivo Binacional y Universidad San Martín apelaron fallos que afectaban sus posiciones. Cienciano solicitó la devolución de puntos tras una penalización por la inscripción irregular de Mathías Carpio, lo que también benefició a Binacional, ya que esta situación le permitió mantenerse en la Liga 1. San Martín, por su parte, también apeló su descenso, argumentando irregularidades en los procedimientos, pero finalmente el TAS falló en su contra, manteniendo el descenso del club.

Estos casos reflejan una realidad compleja y desafiante para el desarrollo del fútbol peruano. Las decisiones judiciales, las apelaciones ante el TAS dificultan la planificación a largo plazo y afectan la competitividad de los equipos. Estos conflictos y las continuas disputas legales subrayan la necesidad de mejorar la transparencia y fortalecer los procesos en el fútbol nacional, de manera que los clubes puedan enfocarse en competir en el campo y no en los tribunales.

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