Es la historia de todos los años. Con el inicio del nuevo curso escolar, muchos profesores se enfrentan a nuevos alumnos y a otros tantos compañeros a los que, a lo largo de las primeras semanas, no conocen en el plano personal. Pero en el caso de Luis Antonio Irzo, el exconcejal de Huesca (PP) que fue condenado a siete años de cárcel por maltratar a su mujer y a sus tres hijos, ese plano personal vinculado a la violencia sale pronto a la luz. Así ha sucedido desde que, en 2017, Irzo comenzara a ejercer como docente en el IES Valdespartera y, aunque «siempre ha habido revuelo» en todos los centros en los que ha impartido clase, nunca se ha llegado al «extremo» del IES Goya con sentadas en forma de protesta por parte del alumnado. A su exmujer y víctima, Paloma Delgado, le resulta «una ofensa», tal y como reconoce en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. «Me parece una burla. El mensaje que se transmite a la sociedad es negativo porque se minimiza el delito y se vuelve a a ningunear a la víctima», lamenta Delgado.
Por partes. Irzo es graduado en Química y cuenta con el antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Pero, hasta 2017, nunca había ejercido como profesor. Lo hizo solo un año después de ser detenido y dos antes de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le condenara a siete años de prisión. A lo largo de estos años, más allá de que haya conmutado su pena de cárcel con el pago de una multa de 1.530 euros, el exconcejal ha completada siete cursos escolares hasta iniciar un octavo en el que incluso imparte Atención Educativa con cuestiones de ética. «Es incoherente que una persona que haya maltratado a sus hijos sea responsable de otros menores», explica Delgado.
La sentencia, de hecho, recogía agresiones físicas en el marco de «un clima de dominación, menosprecios, insultos y una constante agresividad». Con el nacimiento de su primer hijo, por ejemplo, Delgado se convirtió en «objeto de menosprecios» hasta el punto de vejarla diciéndole que se había «deformado» por el embarazo. Precisamente, a ello alude ahora su exmujer para reiterar «la falta de control de la frustración, agresividad y violencia» con la que describe a Irzo. Y es que Delgado es consciente de que el docente no puede exhibir esos comportamientos en un aula porque le miran con lupa. Pero es inevitable que se pregunte: «¿Y en una acampada?».
El problema, «el trasfondo»
En cualquier caso, su preocupación, con la que también coinciden los padres de los alumnos, es el mensaje que se transmite a la sociedad a la hora de que un maltratador esté al frente de la educación de los adolescentes. «Es una cuestión de coherencia social. El problema es el trasfondo, la toma de contacto, lo que se transmite y hay que empezar desde pequeños con la conciencia social», subraya Delgado en alusión a los valores que se deben transmitir, por ejemplo, en materia de igualdad. «Si normalizamos el delito, es imposible concienciar», zanja.
La solución para evitar este tipo de episodios, no obstante, es lejana porque el único antecedente delictivo que impide ejerce la docencia a cualquier profesor son los vinculados a los delitos de carácter sexual. De ahí que Delgado iniciara hace años una campaña de recogida de firmas a través de change.org para modificar la normativa y ampliar el abanico restrictivo. «Esta medida la reclama la sociedad. Es un problema social y la solución pasa por reformar la ley porque nos topamos con un muro legal», asevera. Ella, por el momento, continúa con ese procedimiento judicial que denunció en 2016 y que todavía colea: en septiembre de 2025, Irzo recuperará la patria potestad de los dos hijos menores.
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