La Asociación de Fiscales (AF) ha pedido hoy a los miembros del Ministerio Público que «reaccionen» después de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ordenara un registro en el despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz, donde agentes de la UCO de la Guardia Civil incautaron y copiaron el contenido de todos sus dispositivos electrónicos. «¿Seguiremos mudos?», se pregunta la organización de representación mayoritaria en la carrera fiscal.
El Comité Ejecutivo de la AF, presidido por la fiscal de Barcelona Cristina Dexeus, ha hecho público un comunicado en el que asegura que la diligencia de investigación ordenada por el juez del Supremo «es un hecho sin precedentes que marca un hito que tardará muchos años en borrarse de nuestra memoria colectiva».
«Le pedimos a la carrera fiscal reflexión, primero porque somos fiscales y por consiguiente conscientes de que un auto autorizando esta medida no se dicta en el vacío. Solicitamos de cada fiscal que medite sobre cómo nuestra institución aparece en las diligencias abiertas por el Tribunal Supremo y no en la imagen lamentablemente evocadora de la presencia policial indagando la existencia de delitos en nuestra sede fundamental, sino de la mera presencia procesal del Ministerio Fiscal», señala.
La AF afirma que no quiere «explicaciones ni justificaciones, sea de la persona o sea del titular de la alta magistratura [el fiscal general], de su falta de actividad tras asumir la condición de parte investigada en un proceso penal».
«Ya hemos pedido del fiscal general su dimisión y ya hemos transmitido la anomalía insólita a los Estados europeos, a las instituciones de la Unión Europea y al Consejo de Europa. Ayer le hemos explicado tanto al fiscal general como a la carrera la situación jurídica excepcional en que se halla nuestra institución, atendidas las normas jurídicas que rigen el proceso penal y la regulación orgánica que regulan el funcionamiento del Ministerio Fiscal», ha recordado.
Lo que la AF pide a la carrera es que «busque las difíciles respuestas a preguntas sencillas»: «¿qué fiscal interviene en las diligencias previas abiertas en el Tribunal Supremo?, ¿quién y cómo le designó?, ¿a qué fiscal se le notificó el auto conocido parcialmente ayer?, ¿qué percepción puede tener el instructor (o la sociedad, o la carrera fiscal) de la institución que debe garantizar los principios de legalidad e imparcialidad cuando pueden concurrir en quien intervenga causas de abstención evidentes?».
Agentes de la UCO salen de la sede de la Fiscalía General anoche, tras copiar todo el contenido de los dispositivos electrónicos de Álvaro García Ortiz.
Madrid
Y añade: «¿es imaginable la intervención [en la causa contra García Ortiz] de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, cuando depende directamente de quien es persona investigada y de quien depende su eventual renovación?, ¿es admisible que ella o cualquier otro fiscal de Sala, al igual que quienes integran el Consejo Fiscal, intervenga en el procedimiento penal cuando el propio fiscal general del Estado ha requerido su opinión en la Junta de Fiscales de Sala y en el Consejo Fiscal tras informar extraprocesalmente de su versión?, ¿qué informe va a emitir el fiscal encargado cuando le sea solicitado y a quién va a dar cuenta».
«Más sencillamente, ¿cómo nos vemos?, ¿es asumible esta anomalía?, ¿se puede seguir deteriorando la institución y nuestra propia percepción sobre ella?, ¿seguiremos mudos, incluso en las conversaciones entre nosotros?», apunta.
La AF cree que la carrera fiscal debe dar «mucho más». «La situación requiere de nosotros reacción», afirma.
