La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) decidirá a mediados de noviembre si aprueba o no la OPA de BBVA sobre Sabadell en fase 1, según ha informado un portavoz del supervisor a Europa Press.
La Sala de Competencia se ha reunido este miércoles y finalmente no ha adoptado ninguna decisión al respecto. Sin embargo, el organismo indica que el plazo máximo de la primera fase está «a punto de terminar», por lo que decisión «se adoptará necesariamente en las próximas semanas, a mediados de noviembre».
De dar su visto bueno, la operación quedaría aprobada en fase 1. En caso contrario, la OPA pasaría a fase 2 y, por tanto, a un análisis de mayor profundidad que bajo varios escenarios exigiría elevarla al Gobierno.
Tal y como se recoge en la Ley de Defensa de la Competencia, el análisis de control de concentraciones se compone de dos fases. En una primera fase, que dura «un máximo de un mes» –sin incluir posibles suspensiones para solicitar, por ejemplo, más información–, se analiza la operación y el consejo de la CNMC decide si la operación debe ser archivada, si es susceptible de ser autorizada (con o sin compromisos) o, si por el contrario, la concentración requiere ser analizada más detalladamente por los problemas de competencia que pueda generar, lo que daría paso a la segunda fase del procedimiento, donde se contempla la participación de terceros interesados.
Tras el análisis en segunda fase, la CNMC resolvería si la concentración debe ser autorizada de pleno o autorizada con compromisos. Si los compromisos no fueran suficientes para resolver los problemas de competencia observados, Competencia puede decidir imponer condiciones a la concentración que complementen o sustituyan los compromisos propuestos por la entidad.
Finalmente, en caso de que no existan compromisos o condiciones que resuelvan los problemas de competencia, la CNMC podría prohibir la concentración.
En el caso de que la resolución del consejo de la CNMC sea de prohibición o subordinación a compromisos o condiciones, la operación pasaría al Ministerio de Economía que, a su vez, podría elevarla en un plazo de 15 días al Consejo de Ministros.
«El acuerdo final [del Consejo de Ministros], que podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo máximo de un mes y puede solicitarnos un informe», señala Competencia en su página web. Además, la ley indica que el acuerdo final debe estar «debidamente motivado».
Asimismo, la Ley de Defensa de la Competencia contempla que el Consejo de Ministros pueda valorar las concentraciones económicas «atendiendo a criterios de interés general«, distintos de la defendesa de la competencia, incluyendo factores como la defensa y seguridad nacional, la protección de la seguridad o salud públicas, la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio español, la protección del medio ambiente, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
Las dos últimas fusiones bancarias, la de CaixaBank y Bankia por un lado, y la de Unicaja y Liberbank por otro, fueron aprobadas en primera fase con compromisos. En el primer caso, la CNMC tardó cuatro meses, mientras que en el segundo no llegó a dos meses. En ninguna, sin embargo, se hizo a través de una OPA hostil.
Plazos
De aprobarse en noviembre y en primera fase, la OPA seguiría el calendario marcado por BBVA, donde se estimaba un tiempo de entre seis y ocho meses para lograr todas las autorizaciones para lanzar la OPA y cerrar la fusión a mediados de 2025.
Pero de pasar a segunda fase, la operación que ha planteado BBVA podría alargarse. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, señaló a mediados de octubre que llegar a fase 2 el calendario «se puede extender varios meses más, hasta bien entrado el primer trimestre de 2025».
Sin embargo, esto puede generar un problema en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargado de analizar y aprobar el folleto para los inversores de la OPA.
El presidente del supervisor de los mercados, Rodrigo Buenaventura, comentó a mediados de octubre que el equipo de la CNMV todavía estaba revisando el folleto, si bien podría enfrentarse a un conflicto entre dos objetivos «legítimos» de la política pública si el análisis del folleto se cierra antes de que llegue la decisión de la CNMC.
Por un lado, estaría el derecho de los accionistas de Banco Sabadell a recibir «lo antes posible» la oferta; por el otro, el contar con la mayor información posible para tomar una decisión, incluyendo el veredicto de la CNMC.
Sobre el primer derecho, Buenaventura explicó que la normativa impone una «obligación de celeridad» a la CNMV, es decir, tiene mandato para aprobar las OPAs «lo más rápido posible». En cuanto al segundo, ha señalado que si las condiciones de Competencia que se imponen son «muy onerosas» y cambian mucho el resultado del grupo conjunto tras la eventual OPA, la información con la que contarían los accionistas para formarse un juicio «podría ser muy distinta».
«Tenemos un problema de tiempos frente a la completitud de la información. Tenemos que evaluar cuáles son esos dos objetivos, cuál pesa más en cada momento y monitorizar el proceso para decidir cuando se debería producir la aprobación una vez el proyecto [o folleto] esté completo», ha afirmado.
Opciones de BBVA
BBVA ya ha recogido posibles riesgos en un folleto de la OPA que ha remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), donde cotizan a través de ADRs, que permiten a los valores extranjeros el cotizar en la bolsa estadounidense.
A finales de julio, el banco reconoció el riesgo de tener que parar la OPA en caso de recibir un ‘no’ por parte de la CNMC antes de que finalizase el periodo de aceptación la oferta, mientras que en octubre ha detallado qué pasaría en caso de que se cerrase el periodo de aceptación de la oferta sin tener la autorización de Competencia.
En primer lugar, explica que en esta situación no podrá ejercer los derechos políticos asociados a las acciones de Sabadell, aunque sean de su propiedad, hasta conocer la postura de Competencia.
En segundo lugar, detalla que, en caso de que la CNMC prohíba la fusión, BBVA deberá vender toda o parte de su participación en Sabadell en los términos que estipule la propia autoridad de competencia. Además, sería el propio organismo el que dictase el porcentaje de acciones sobre el que BBVA no podría ejercer sus derechos o tuviese que vender.
La otra posibilidad es que la CNMC apruebe la concentración de los dos bancos, pero sujeto al cumplimiento de condiciones, ante lo que BBVA estaría obligado a cumplirlas o a vender una parte o toda la participación en el banco.
