Este martes el juez Juan Carlos Peinado ha decidido admitir a trámite la denuncia de la organización Hazte Oír contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de apropiación indebida del software de la Universidad Complutense.
Una nueva pieza que se suma a las investigaciones por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de la cátedra que impartía en dicho centro público. El magistrado investiga si utilizó su condición de mujer del jefe del Ejecutivo para influir en los cargos universitarios y conseguir así impartir el máster.
El Gobierno ha reiterado desde el inicio de la instrucción que “no hay nada” y que Peinado solo trata de “pedalear en la nada”. Tanto Sánchez como Gómez denunciaron al juez por un presunto delito de prevaricación, pero ambas querellas han sido desestimadas.
La noticia saltó este martes en mitad de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aunque ante las cámaras la reacción del Ejecutivo ha sido comedida y han reiterado que no hay caso ninguno, en privado la reacción fue más seca.
Nadie en el Gobierno quiere hacer declaraciones y han evitado contestar a cualquier pregunta sobre la investigación a la mujer del presidente. Ante las cuestiones de los periodistas, lo único que han respondido ha sido un largo y profundo resoplido de hartazgo. “En fin”, se ha limitado a añadir algún ministro. Acto seguido, han abandonado rápidamente la sala de prensa, dejando en el aire las preguntas que lanzaban los medios de comunicación sin esperanza alguna de respuesta.
Pocas horas después, el propio Sánchez ha asegurado que “todo se sabrá” y ha insistido en que vuelve a darse pábulo a las denuncias de “la ultraderecha”.