Si se atiende a los indicadores empleados para medir la pobreza y la exclusión social, la existencia de dos Españas deja de ser un lugar común para convertirse, un año más, en algo muy real. En 2023, se reprodujo la gran asimetría territorial norte-sur que divide el país en dos mitades, tal y como constata la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en el XIV Informe El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa , presentado este mes de octubre en el Senado.
Las comunidades más septentrionales mantienen tasas de pobreza y/o exclusión social bajas –entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media estatal, del 26,5 %-, incluso inferiores a las medias europeas. Sin embargo, las autonomías situadas al sur presentan tasas extraordinariamente elevadas -entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media española-, y superiores a cualquier país de la Unión Europea.
Entre las razones de esta brecha, se encuentran factores de diferente naturaleza, pero en cualquier caso poco modificables: históricos, económicos, geográficos o demográficos. Pero también cuentan, y mucho, la gestión política y las diferentes estrategias de cohesión e integración social de las administraciones públicas. Según denuncia EAPN-ES en su informe, «el territorio es una significativa fuente de desigualdad», por lo que «la cohesión territorial debería ser un importante objetivo político».
Esta dualidad norte-sur tiene su reflejo en las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social de Aragón. El 20,4 % de los aragoneses estaban en esa situación en el año 2023, frente al 19,1% en 2022. Aragón pasa así de ser la tercera comunidad con menor tasa AROPE a ser la cuarta, tras ser superada el año pasado por Madrid (19,4%), en un ranquin que vuelven a encabezar, un año más, el País Vasco (15,5%) y Navarra (17,2%).
Dicha tasa AROPE es un indicador de vulnerabilidad grave que mide la capacidad para disponer de trece elementos de consumo y de relación social necesarios para una calidad de vida aceptable en Europa. Entre ellos, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, la capacidad para afrontar gastos imprevistos o permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
Aragón sigue entre los territorios con menor riesgo de pobreza y exclusión social, pero es una de las diez autonomías donde la tasa AROPE crece, frente a las siete donde se reduce. Andalucía, que está a la cola (37,5%), multiplica por 2,5 la tasa del País Vasco (15,5%). Y, si se atiende a otro indicador, como la pobreza severa, la comunidad andaluza (12,9%) multiplica por tres la tasa de Aragón y del País Vasco (4 y 4,1%, respectivamente).
EAPN define la tasa de pobreza severa como el porcentaje de personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de renta nacional. En 2023, se encontraban en esta situación los hogares con ingresos inferiores a 7.326 euros por unidad de consumo al año, o 610 al mes. Y este es uno de los indicadores en los que Aragón ocupa la posición privilegiada de la tabla.
La comunidad aragonesa volvió a situarse en 2023, por segundo año consecutivo, como la autonomía con menor tasa de pobreza severa, con un 4%, frente a un 4,9% en 2022, mejorando incluso su posición de salida en el año 2008, cuando era del 4,3%. Aragón también se posiciona, por segundo año consecutivo, como el territorio español con menor desigualdad, que incluso se reduce ligeramente respecto a 2008.
El año 2008 se utiliza en el informe como periodo de referencia ampliado para comparar la situación actual con respecto a la anterior a la Gran Recesión. En estos quince años, la AROPE mejoró solamente en Baleares y Extremadura. Todas las demás regiones mantienen una tasa superior a la que registraban en el año 2008.
A pesar de la mejora registrada desde el año 2015 para el conjunto del territorio estatal, la calidad de vida es, aún, inferior a la que se mantenía antes de la crisis de 2008 en 15 de las 17 comunidades autónomas, incluida Aragón, donde hay 40.000 personas más en riesgo de pobreza y exclusión que en el año de la Expo.
Pese al aumento del PIB en toda España desde el año 2015, la tasa de pobreza no se reduce. Según revela el informe, «el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para garantizar condiciones de vida digna a todas las personas, y se hace necesario acompañar con políticas redistributivas más intensas».
