El Ministerio de Trabajo dará hasta 6.000 euros a las empresas de menos de cinco empleados y que se dediquen al comercio, la hostelería, peluquerías, limpieza y agricultura para que reduzcan la jornada laboral de sus plantillas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hace un ‘all in’ y pone encima de la mesa un paquete de ayudas valorado en 350 millones de euros para ayudar a casi medio millón de micro empresas para que reduzcan la jornada laboral de sus empleados a 37,5 horas semanales.
11 de noviembre. Esa es la fecha límite que le ha dado el Ministerio de Trabajo a la patronal para que deshoje la margarita y decida si se suma o no a un acuerdo para reducir la jornada laboral máxima. Los sindicatos ya están en el acuerdo y ahora con la última oferta, el Gobierno quiere cerrar sí o sí la etapa del diálogo social y enfilar la vía parlamentaria. La patronal está, por el momento, fuera del acuerdo. Dos semanas y un día tiene para tomar la decisión definitiva.
«No puede haber motivos para decir que ‘no'», ha dicho el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión mantenida con los agentes sociales este martes. Es la decimotercera que mantiene en lo que va de año, tras 10 meses de conversaciones en los que la patronal no ha cambiado de opinión y ha ido reiterando su ‘no’
Y a tenor de las declaraciones del secretario de Estado tras el cónclave de este martes, los patronos no se han movido pese a la oferta gubernamental. «[Las propuestas de la patronal] hemos tenido que adivinarlas más que escucharlas. […] Parece un debate de los años 80», ha afirmado Pérez Rey.
Trabajo juega su última carta
Trabajo ha ido mejorando su oferta para tratar de sacar del enroque a los patronos, que se han escudado en cuestiones ideológicas para argumentar su ‘no’. Afirman que el tiempo de trabajo es una cuestión exclusiva de la negociación colectiva y que el Gobierno no puede entrar a legislarlo.
«Seguimos en la defensa del cumplimiento del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (Aenc) y en que se respeten los convenios, que tienen naturaleza contractual», afirman fuentes consultadas de la CEOE. El AENC es un acuerdo bilateral firmado con los sindicatos, en el que no está el Gobierno y en el que no figuraba ninguna mención alguna a las 37,5 horas.
El vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, ha afeado a los empresarios que en el AENC de 2018 firmaran que ningún convenio tuviera sueldos por debajo de los 1.000 euros mensuales y luego se opusieran a subir el salario mínimo a dicha cifra. «La invocación que se hace a la negociación colectiva no es muchas veces del todo sincera», ha afirmado. «Este proceso no da más de sí. […] No somos nada optimistas de que vaya a haber un acuerdo tripartito», ha afirmado el secretario de políticas sociales de CCOO, Carlos Bravo.
Los de Yolanda Díaz empezaron ofreciendo bonificaciones a aquellas empresas que tengan que contratar a más personal para compensar la reducción de horas. Luego ha añadido esas subvenciones directas de hasta 6.000 euros para unas 470.000 empresas, de esos cinco sectores (comercio, la hostelería, peluquerías, limpieza y agricultura) que Trabajo ha identificado que tendrán más dificultades para aplicar la reducción. Pero la CEOE sigue en su misma posición. «Algunos de los elementos que servirían para que la patronal entrara en el acuerdo podrían caer», ha avisado el secretario de Estado.
El proyecto de ley para la reducción de jornada de Trabajo incluye también una reforma de la actual normativa de registro de la jornada. El Gobierno quiere obligar a todas las compañías a que computen digitalmente los horarios de entrada y salida de sus empleados y abandonen definitivamente el papel y boli. También permitir que la Inspección de Trabajo pueda acceder de manera remota y en cualquier momento a dichos registros, aumentando, en paralelo, las multas para aquellas compañías que incumplan.
Mirando ya hacia el Congreso
Distintas fuentes conocedoras de las conversaciones ven «muy complicado» que la patronal entre en el acuerdo y señalan que la CEOE ya mira hacia las mayorías parlamentarias y los grupos allí decisivos para las mismas. Y es que el Gobierno no tiene atados a día de hoy los votos suficientes para sacar adelante esta norma en el Congreso.
Junts, una fuerza clave para armar una mayoría en la que presumiblemente no estará ni el PP ni Vox, dejó la semana pasada entrever que no está a favor de la norma. Lo que, de votar no, haría imposible la tramitación de la ley.
«Llamo a los representantes de las empresas y de los trabajadores a que el lunes día 11 de noviembre nos den su respuesta definitiva», ha afirmado el secretario de Estado de Empleo. «Será la norma más importante de la legislatura», ha aventurado.
