A apenas dos meses de la finalización de los descuentos en el transporte público las dudas de los usuarios no hacen más que acentuarse. La proposición no de ley promovida por Sumar en la que se instaba a «asegurar la continuidad de las bonificaciones, con una confirmación y comunicación a la mayor brevedad» ha derivado en un nuevo texto en el que se limitarán las ayudas a determinados colectivos y niveles de renta.
El texto aprobado en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible fue fruto de las enmiendas introducidas por PSOE y PP en la que se rebajaron los plazos previstos y las condiciones. De esta forma, se pasó de esa propuesta de en la que se mantenían estos incentivos para casi todos los colectivos -con viajeros recurrentes, estudiantes y el denominado «bono social» como pilares- a una en la que solo piden «asegurar la continuidad del esfuerzo económico de las ayudas al transporte público durante el año 2025, destinándolas a financiar descuentos en tarifas para aquellas personas que el precio repercute en la elección modal y a ofrecer más y mejor transporte público».
Esta decisión ha sido recibida de forma desigual en la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España (AVRAVE) en la que se integra la Asociación Media Distancia Galicia de pasajeros del Eje Atlántico. Por una parte se ha celebrado que haya habido un amplio consenso político y se votara «en positivo»; tal y como se demandó en la carta abierta remitida este lunes en la que se señalaba los precios, la fiabilidad, los horarios y las frecuencias como las asignaturas pendientes de un medio que tiene una demanda estabilizada de 80.000 viajeros cuatrimestrales en Galicia.
Sin embargo, el «estrés que está viviendo toda España porque no hay billetes y no hay ninguna explicación» provoca que estas buenas palabras y deseos no tengan buena acogida. El portavoz de AVRAVE Carlos Perfecto considera que el texto «adorna de forma errática» la propuesta inicial y pide «ser claros» al estar a solo dos meses de la finalización de los descuentos. Durante este tiempo han tenido varios encuentros para definir ese futuro modelo tras la situación de excepción de 2022 e ironiza: «¿Qué ha estado haciendo el Ministerio durante el último año para que no estuviera medianamente acabado?.
Y es que muchos de los viajeros temen volver a la situación previa a la pandemia desde el próximo de enero, teniendo que desembolsar sin previo aviso hasta 450 euros al mes para desplazarse. «Afecta a familia, economía, sanidad, fijación de población… ¿Qué medida hay en el Gobierno de España que sea tan transversal como el transporte», enfatiza este pasajero vallisoletano al tiempo que celebra que sea «algo bueno que está reconociendo la izquierda, y por fin, la derecha».
Posturas divergentes pese al acuerdo
Las tres formaciones políticas coincidieron en el «éxito» de estas medidas debido al ahorro para las economías familiares y el espectacular crecimiento del número de viajeros, especialmente en Galicia. Sin embargo, los dos diputados gallegos encargados de defender la postura de PP y PSOE rebajaron las expectativas iniciales. La socialista Patricia Otero apuntó a que la puesta en marcha de una tarjeta única es un «proceso complejo» y que es «imposible su implantación inmediata»; por lo que retrasa a «no más tarde de 2026» la finalización del análisis para la creación de este bono.
El popular Celso Delgado destacó el crecimiento del uso del tren en Galicia y urgió al ministro Puente a «asegurar cuanto antes, a la mayor brevedad, el escenario en el que los ciudadanos puedan organizar sus vidas». En su propuesta para modificar la enmienda pidió incluir a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el estudio de estos nuevos «abonos únicos» para el transporte; ya que las entidades locales también cuentan con competencias en la materia. De esta manera, se deberá aumentar el nivel de consenso para su puesta en marcha.
Enmienda del PSOE a la propuesta de Sumar sobre el futuro de los bonos en Galicia. / FdV
Por parte de la coalición de Sumar la encargada de defender la iniciativa fue la catalana Júlia Boada, quien considera «razonable» el objetivo de que la gente pueda planificar su economía doméstica. Sin embargo, rebajó sus exigencias para facilitar el acuerdo con el PSOE y el resto de grupos.
Mejorar el servicio con lo ahorrado
El pasado 17 de octubre los diputados gallegos de Sumar, Verónica M. Barbero y Manuel Lago, mantuvieron una reunión con Óscar Puente aprovechando el debate sobre la transferencia de la AP-9 en el Congreso. Desde la formación destacaron la «muy buena relación» con el ministro, ya que su partido cuenta con varios cargos dentro del propio departamento, y señalan que ambos están «totalmente alineados» con cómo deben enfocarse estas bonificaciones. El fin de las mismas fue adelantado por FARO DE VIGO el pasado 21 de septiembre.
En ese sentido los integrantes de la coalición de Gobierno está de acuerdo en que deben ser los «viajeros recurrentes, estudiantes y usuarios dentro de un bono social» los principales beneficiarios de las mismas. «Es un debate de clase», enfatiza Barbero, al tiempo que señala la «singularidad gallega» en la que los ciudadanos viven y trabajan a lo largo de todo el Eje Atlántico en un modelo más similar a un Cercanías multipolar que a lo habitual en Madrid o Rodalies de Catalunya.
Barbero y Puente coincidieron en la obsolescencia del modelo de «todo gratis» y apuntan a un nuevo uso para los fondos que ahora se van a poder ahorrar: mejorar el servicio. Hasta el momento el Ministerio de Transportes, Renfe o incluso la Xunta rechazaron aumentar las frecuencias y plazas con una mayor aportación económica a pesar de ser las mismas que cuando se inauguró en 2015. Para una fase posterior al 2025 llegaría el «bono único» que integraría varios medios de transporte público. Esta medida se acaba de implantar en Portugal con un coste de 20 euros al mes en todos sus trenes.
