La negociación se exprime hasta el último momento. De ella depende en gran medida los planes fiscales del Gobierno y las previsiones de ingresos con las que plantea su senda tributaria. Sobre la mesa, el acuerdo para prolongar el impuesto a las energéticas y a la banca y que, en forma de enmiendas, se quiere incluir en la ley que transpone el tipo mínimo global de Sociedades 15% a empresas multinacionales, que serán aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios consolidado sea igual o superior a los 750 millones de euros. El impuesto a la banca y a las energéticas vence el próximo 31 de diciembre y para mantenerlo será necesario aprobar la modificación tributaria que ahora quiere consensuar el Gobierno.
Este martes la Junta de Portavoces decidió no prolongar más el plazo para la presentación de las enmiendas, con lo que hoy concluye el plazo. Se alcance el acuerdo o no antes de que concluya el plazo, aún restaría una larga tramitación de la propuesta antes de su aprobación definitiva y en la que también se podría pactar un acuerdo que pudiera facilitar la prolongación de los gravámenes. PNV y Junts abogan por no mantener la tasa si perjudica inversiones previstas por las energéticas en sus comunidades autónomas. En cambio, el resto de socios del Gobierno, ERC, Bildu, Sumar y Podemos, quieren hacerlo permanente.
Las dos formaciones nacionalistas son claves para alcanzar la mayoría necesaria y con ella poder sacar adelante la reforma tributaria. Sin embargo, las reticencias PNV y Junts por el impacto negativo que pudiera tener están complicando el entendimiento que el Gobierno confía en poder alcanzar, bien antes de que esta tarde a las 18.00 horas, cuando concluye oficialmente el plazo, bien durante su tramitación posterior.
Impuesto a la nicotina
De la relevancia de esta medida y la necesidad de mantenerla da cuenta que el Ministerio de Hacienda ingresó 2.859 millones de euros con estos impuestos este año. Los bancos aportaron 1.695 millones, mientras que las empresas energéticas abonaron 1.164 millones. En la propuesta de medidas fiscales que plantea el Ejecutivo además de la prolongación del gravamen a las energéticas y a la banca -que nació para ser temporal- se quiere incorporar un impuesto a la nicotina en los sistemas de vapeo, informa Juanma Romero. Fuentes del Ejecutivo confían en que se pueda cerrar un acuerdo y apelan a la capacidad negociadora demostrada en otras ocasiones por el Ejecutivo. No se descarta que esta batería de medidas pueda ampliarse con otras medidas tributarias que permitan acercar la recaudación española a la media europea y poder así desbloquear el quinto desembolso de ayudas Next Generation. España planteó a la Comisión Europea la aprobación de una reforma impositiva con la que incrementar los ingresos públicos en 2025.
La negociación con el PNV se remonta en realidad a diciembre de 2023, cuando en el contexto del decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros acordó con el Ejecutivo que los gravámenes a la banca y a las energéticas se integrarían en el sistema tributario y serían concertados, tanto con el País Vasco como con Navarra en el ámbito del Convenio Navarro y el Concierto Económico vasco. Además se acordaría el margen normativo para que ambas administraciones forales pudieran regular los tributos de acuerdo a su propio criterio, bien aplicándolos como el régimen común o de modo singular.
Desde el PNV aseguraba ayer que si no se les garantiza este procedimiento no lo apoyarán cuando llegue el momento de votarlo. Hasta este martes el Grupo Vasco evitó pronunciarse más allá y se limitó a afirmar que aún queda mucha tramitación para que los gravámenes contra los que ha reaccionado la banca y las energéticas puedan prolongarse. La importancia de compañías como Petronor (Repsol) e Iberdrola es vital para las haciendas vascas ya que son dos de los principales contribuyentes para las haciendas vascas. En el caso de la petrolera actualmente tiene congelado un proyecto para la construcción de una electrolinera de 100 MW en Bizkaia.
Inversiones en peligro
En el caso de Junts, la formación que ahora lidera Puigdemont, también se mostró crítica por los efectos perniciosos que pudiera tener sobre proyectos energéticos en marcha en Cataluña. Compañías como Repsol ya han dejado en suspenso proyectos de plantas de hidrógeno y otras plantas que tenían previstas tanto en Euskadi como en Tarragona. En la localidad catalana la petrolera tiene previsto invertir 1.100 millones de euros en un proyecto para convertir residuos urbanos en combustible. La amenaza de trasladar inversiones se ha hecho realidad con el anuncio la semana pasada por parte de Repsol de desplazar una inversión que tenía prevista realizar en España a Portugal.
Frente a las reticencias de PNV y Junts están Bildu, Esquerra Republicana (ERC), Podemos y Sumar, socio minoritario del Gobierno. Todas estas formaciones son proclives a convertir en permanente el impuesto tal como está concedido ahora a tenor de los beneficios que empresas energéticas y financieras han registrado en sus últimos ejercicios.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, cree que hacer permanente este impuesto «es obligatorio» para reequilibrar la balanza fiscal», mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, defiende mantener el impuesto a empresas como Repsol porque emite el 62% del dióxido de carbono (CO2) en el Ibex35.
