La coalición de izquierdas torrentina formada por Compromís-Podem-EUPV en Torrent ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de la nueva ordenanza fiscal de recogida y transporte de los residuos sólidos, presentada por el gobierno de coalición entre PP y Vox, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril de 2025 y que ha aprobado el Gobierno de España de acuerdo con las obligaciones normativas de la Unión Europea.
Para Xavier Martí, portavoz de la coalición de izquierdas en la corporación torrentina, la alcaldesa Folgado y sus socios de Vox han creado un «artefacto tributario que pretende recaudar cinco millones de euros de los bolsillos de particulares y empresas torrentinas».
Además, el hecho que se haya calculado para cobrarla vinculándola al consumo de agua, «cuando su existencia es por la recogida y el transporte de basura, no tiene ningún sentido«, considera Martí. «Es una broma de mal gusto que golpeará especialmente cierto tipo de actividades económicas como gimnasios, bares, escuelas infantiles o residencias de mayores, entre otros», continúa el valencianista.
Según el portavoz, «una residencia podría llegar a pagar 15.444 euros al año o una guardería con comedor y un consumo de agua anual de 131 m3 pagaría 663€ al año. Otro ejemplo es un gimnasio, que prácticamente no genera residuos sólidos, pero que consuma 275m3/año pagará 1.089€/año», todo esto según la coalición valencianista.
Picassent, el ejemplo de Compromís
«¿A quién piensa la señora Folgado que repercutirán el coste aquellas actividades afectadas por su nueva tasa?”, se preguntan desde la coalición de izquierdas. En este sentido, han puesto como ejemplo de una mejor redacción la vigente en Picassent, que ha calculado el recibo en función tanto de los metros cuadrados de las viviendas y de los negocios, como de la tipología de la actividad económica, sin ningún vínculo con el consumo de agua.
También consideran desde Compromís que «el PP no está en posición de dar lecciones de gestión a nadie después que su concejal José Gozalvo votara a favor de la subida de la Tasa Tamer, que también se cobra en el recibo del agua potable de Torrent por el tratamiento de los residuos sólidos en las plantas de Hornillos».
Finalmente, Martí ha explicado que su aplicación generará una «profunda injusticia y división entre torrentinos y torrentinas, ya que, tal y como está redactada, la pagarán solo aquellas personas y negocios que consuman agua de carácter potable, es decir, que tengan suministro de Aigües de l’Horta«.
Esto significa «que aquellas casas con agua potable pagarán por la basura recogida en sus casas y en aquellas otras sin agua potable o contador, cuando ambos hogares generan residuos. Este es el lenguaje de enfrentamiento de PP i VOX, que además puede provocar una avalancha de reclamaciones y recursos por la inseguridad jurídica que genera este hecho».