La política italiana amaneció sacudida este lunes por las secuelas de un masivo caso de ciberespionaje de grandes bancos de datos del Estado con documentos confidenciales. Los responsables ya identificados del hackeo, actualmente bajo la lupa de una investigación en curso de la Fiscalía de Milán, serían policías, agentes de los servicios secretos, hackers y empresarios que habrían accedido a informaciones sensibles y secretas, también de figuras políticas, con el objetivo de revenderla a clientes. Seis de ellos ya han recibido órdenes de custodia cautelar, aunque muchos detalles del escándalo aún se desconocen públicamente, entre ellos si los archivos violados fueron vendidos en el extranjero.
El misterioso caso ha suscitado declaraciones de inusual preocupación por parte de fiscales y políticos italianos. «Es una inaceptable amenaza a la democracia», ha dicho el viceprimer ministro Antonio Tajani. «Son informaciones que nuestros enemigos podrían usar con fines geoestratégicos», añadió. «Se ha abierto la caja de Pandora», afirmó el ministro de Defensa, Guido Crosetto, quien señaló que fue uno de los primeros en alertar sobre la posibilidad de un espionaje masivo a figuras políticas en Italia, lo que contribuyó a impulsar la investigación judicial.
«En el mejor de los casos, [estamos hablando] de un sistema destinado al chantaje y la extorsión; en el peor, estaríamos ante un delito de subversión», añadió por su parte la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. «Es la derecha espiando a la derecha», comentó el diputado Matteo Mauri, responsable de Seguridad del Partido Democrático.
Al menos 80.000 dosieres
Entre los documentos filtrados habría al menos 80.000 dossiers con información sensible, aunque el número de accesos cibernéticos a los sistemas informáticos violados es «indeterminado y casi imposible de calcular», según explicó Marcello Viola, fiscal jefe de Milán. Según Viola, el grupo actuó con «la directa complicidad» de agentes que usaron claves de acceso de las que disponían en calidad de efectivos policiales. De esta manera, de acuerdo con la prensa italiana, incluso habría sido espiada una de las cuentas de correo electrónico del presidente de la República, Sergio Mattarella, y se accedió también a uno de los sistemas que contiene los antecedentes penales de miles de ciudadanos italianos.
En el centro de las pesquisas de la Fiscalía de Milán está una empresa privada de servicios de investigación con sede en esa misma ciudad del norte de Italia y fundada por un expolicía que en el pasado participó en diversos operativos de envergadura. Pero también hay otras sesenta personas bajo investigación de los fiscales y de la policía italiana. Entre las víctimas se encuentran tanto políticos de derecha como de centroizquierda, incluido el ex primer ministro Matteo Renzi, y el presidente del Senado, el conservador Ignazio La Russa.
En concreto, los imputados e investigados han sido relacionados con delitos que atañen el acceso abusivo a sistemas informáticos protegidos y corrupción. «El grupo tenía la capacidad de interceptar comunicaciones informáticas, correos electrónicos, WhatsApps, datos de tráfico telefónico, así como acceder a geolocalizaciones […] imágenes audiovisuales […] y también contaban con la ayuda de un sujeto que actuaba desde Suiza», ha explicado Viola. Por ello también, las autoridades italianas han involucrado en su investigación también a fuerzas del orden de otros países, ha añadido el fiscal, sin aclarar qué países están involucrados. El próximo jueves se iniciarán los primeros interrogatorios de los sospechosos puestos en arresto domiciliario, según el comunicado.
